Una vez cometido el crimen “hay que justificarlo como sea”

Sábado 2 de abril de 2011

El 23 de Marzo de 2011 nuestra Comunidad de Paz denunció ante el país y el mundo la ejecución extrajudicial de Bernardo Ríos Londoño, de 27 años, integrante de nuestra Comunidad durante varios años, de la cual se había separado últimamente para trabajar en una zona alejada de nuestros asentamientos, pero dejando su familia en nuestra hacienda central de San Josesito, como integrantes de tiempo completo de la Comunidad de Paz.

Campesinos | Urabá |

Fue ejecutado en el sitio Tierra Amarilla, ubicado sobre la carretera que conduce de Apartadó a San José, sitio donde los paramilitares han perpetrado numerosos crímenes con la tolerancia, protección y apoyo de la fuerza pública, la cual mantiene retenes a pocos minutos de distancia. Momentos antes, los paramilitares habían querido asesinar al representante legal de nuestra Comunidad de Paz, quien se movilizaba por la misma vía en un vehículo de servicio público, pero quizás no se atrevieron a matarlo al comprobar que lo acompañaban integrantes de organizaciones internacionales. Como de costumbre, las instituciones oficiales pusieron todas las trabas posibles para entregarnos el cadáver de Bernardo y la Defensoría del Pueblo desactivó sus teléfonos para no tenernos que ayudar en esa dolorosa tarea.

Este crimen alcanzó una cierta difusión en medios de información, dado el contexto nacional de exterminio de reclamantes de tierras usurpadas. Con dicha ejecución, los victimarios buscaban seguramente aterrorizar una vez más a una Comunidad que, con sus retornos a las zonas de origen y con el reclamo de predios, viviendas y construcciones comunitarias que le pertenecen, hoy usurpadas por repobladores manipulados por la fuerza pública, sigue siendo un estorbo para el proyecto de dominio paramilitar de la zona. Sin embargo, las protestas nacionales e internacionales que se han hecho sentir, han llevado a los victimarios a realizar esfuerzos desesperados por justificar el crimen.

Ayer miércoles 30 de marzo, en horas de la mañana, el Comandante de Policía de Urabá, Coronel JAIME ÁVILA RAMÍREZ, se expresó por las emisoras radiales de la región, afirmando que Bernardo era integrante de un grupo armado; que los órganos judiciales están esclareciendo esto, y que la Comunidad de Paz no tiene razón al acusar al Estado por este crimen. Simultáneamente hemos sabido que Ejército y Policía han ido en búsqueda apresurada de reconocidos paramilitares para que rindan declaraciones en la Fiscalía y acusen a Bernardo de haber sido guerrillero.

Tal comportamiento no nos extraña en absoluto, puesto que lo hemos vivido multitud de veces. Las instituciones oficiales han utilizado siempre el poder judicial para justificar los crímenes, ya sea estigmatizando previamente a las víctimas, ya sea después de haberlas eliminado. Para ello se han servido siempre de los mismos mecanismos. Los Coroneles Néstor Iván Duque y Germán Rojas Díaz, en sus largos períodos como comandantes de los batallones Bejarano Muñoz y Voltígeros, fueron conformando un grupo de supuestos “desmovilizados de las Farc” (algunos no lo eran) con el fin de demandar de ellos servicios múltiples en la destrucción de la Comunidad de Paz. Todos ellos fueron involucrados progresivamente en numerosos crímenes y presentados en las fiscalías y juzgados como “testigos” para acusar a muchos campesinos de delitos que no habían cometido. Los fiscales y jueces recibieron los falsos testimonios omitiendo todos los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal para evaluar y aceptar pruebas, y actuaron como un simple apéndice del poder ejecutivo en la región. La fuerza pública utilizó, además, como piezas probatorias, informes de inteligencia y “órdenes de batalla” confeccionadas por los mismos militares y firmadas sin leerlas por falsos desmovilizados o por presos llevados ilegalmente a la Brigada XVII y sometidos a torturas. Todo esto está minuciosamente documentado en el libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”.

La calumnia oficial, avalada desde los más altos niveles del Estado, ha sido una de las armas con que se ha pretendido exterminar nuestra Comunidad. No hemos cesado de exigir que la Presidencia de la República rectifique las viles e infames calumnias que contra nuestra Comunidad profirió el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez el 20 de marzo de 2005, con miras a legitimar por anticipado masacres, desplazamientos, montajes judiciales, bombardeos contra poblaciones indefensas, torturas y toda clase de crímenes contra los integrantes de nuestra Comunidad. Le hemos manifestado repetidas veces al Presidente Santos que tenemos derecho al buen nombre y a no ser difamados de manera tan vil. Sin embargo, aún el Presidente Santos permanece solidario en el crimen de su antecesor.

Hoy se repite el ritual de la estigmatización al tratar de convertir a Bernardo, luego de su ejecución, en un delincuente. Y el Estado no ha tenido vergüenza de recurrir a los mismos métodos sucios, que comienzan por la usurpación del poder judicial por el poder ejecutivo: es la fuerza pública la que está aportando sus falsos testigos, como lo ha hecho siempre, con tal de estigmatizar al máximo nuestro proceso.

Apelamos al sentimiento ético y a la solidaridad de quienes nos conocen, para rechazar con energía esta nueva iniquidad. Estamos seguros de que en esto nos acompañan nuestros compatriotas que tienen principios éticos y muchos ciudadanos del mundo que no transigen con la barbarie ni con las falsedades más infames así estén avaladas por los poderes más altos de los Estados.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 31 de 2011

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Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
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Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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