Verdades y mentiras de la masacre de Mapiripán: quince años después

Lunes 16 de julio de 2012, por Luis Guillermo Pérez Casas

“El juicio será mi gloria. Y si me voy a juicio va a ser una cuestión mucho más grave que el proceso 8.000. Mejor dicho, va a ser más grave que todo lo que ha sucedido en Colombia. Con esta cuestión (la masacre de Mapiripán), ya descubrí que fue lo que pasó. Es sumamente grave, gravísimo, porque se comprobó una cuestión que nosotros toda la vida hemos negado, que es el vínculo de los militares con los paramilitares”.

Con estas palabras el general Uscátegui, quería asegurarse que la cúpula de las Fuerzas Armadas, lo respaldaría en su defensa penal por la masacre de Mapiripán, de lo contrario utilizaría el juicio para decir la verdad. El mensaje se lo transmitió directamente al general Mora Rangel: “hagámonos pasito…hagámonos pasito” . Aseguró que nunca se dejaría meter 40 años de prisión y chantajeada la cúpula militar, creyó asegurarse el camino a la impunidad.

Hoy el general Uscátegui, pretende que se reduzca o anule su condena, sobre tres hipótesis: que él no tenía mando, ni jurisdicción sobre Mapiripán, por tanto no lo comprometería el deber de garante; que el testimonio del coronel Orozco Castro en su contra se produjo porque el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CCAJAR- le habría ofrecido sacarlo del país y, por último que las víctimas no habrían sido 49, como anunció el cabecilla paramilitar Carlos Castaño en su mensaje de terror de septiembre del 97 “habrán muchos más mapiripanes”, porque la mayoría de las víctimas serían falsas, inventadas por el CCAJAR para lucrarse.

En su indagatoria el general Uscátegui aceptó que tenía mando sobre el batallón “Joaquín París”, aunque posteriormente como estrategia de defensa negó que estuviera bajo su jurisdicción.

El CCAJAR tramitó medidas cautelares para el Coronel Orozco Castro, luego de haber denunciado un atentado contra su vida en su sitio de reclusión y la muerte violenta de su hermano Andrés Orozco, capitán de las fuerzas especiales del Ejército quien según su familia habría muerto en sospechosas circunstancias en Pacho Cundinamarca . Orozco salió del país con ayuda del gobierno de Estados Unidos y del ministerio del Interior de Colombia.

Es falso que el Coronel Orozco Castro haya declarado ante alguna autoridad penal o disciplinaria en contra del general Uscátegui, luego de que tomara contacto con el CCAJAR en junio de 2001. Las denuncias contra Uscátegui ya las había hecho Orozco en 1999 ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, ante la Justicia Penal Militar y ante la Procuraduría General de la Nación - quien ya había sancionado a Uscátegui con separación absoluta de las Fuerzas Militares y a Orozco Castro con reprensión severa.

El 30 de marzo de 1999 la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos se abstuvo de detener al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, debido a que había “dado explicaciones serias y creíbles que lo exoneran de Medida de Aseguramiento alguna para imponer en su contra” .

El coronel Orozco Castro, habría intentado impedir la masacre de Mapiripán, se comunicó vía radio con el general Uscátegui y mediante oficio del 15 de julio de 1997 le manifestó:

“8…considero yo que si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para deleitarse con el paisaje de la región, pronostico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos entre algunos pobladores de la antes mencionada ciudad. Alguna RAZÓN especial los condujo a la Jurisdicción de la Séptima Brigada. No comparto ni justifico, la actividad adelantada por los Paramilitares...

9. Me permito recomendar a mi General, aprovechando lo manifestado, que con los medios humanos y materiales de la Brigada Móvil 2 ( 3 Batallones en Barrancón y 3 Helicópteros, no hay artillado ) se adelante una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripan, allí se podría incluir a la Policía Antinarcóticos… ”

Por otro lado el número de víctimas de esta masacre nunca se ha precisado, el reciente escándalo sobre las falsas víctimas debe resolverse en los estrados judiciales, como es obligación del Estado. Lo que es vergonzoso, es que se pretenda minimizar la gravedad de lo sucedido, para generar impunidad frente a los principales perpetradores. Fue el propio Uscátegui quien reconoció que un teniente de inteligencia del Ejército, advirtió, al igual que el juez de Mapiripán Cortés Novoa, desde el 15 de julio del 97 sobre la llegada de los paramilitares y luego de las torturas diarias y la masacre, el oficial citado por Uscátegui manifestó:

“ …el teniente dice que los muertos pasaron de 30 y que utilizaron técnicas macabras, machetazos, sierras y después los quemaron con ácidos y las cenizas las echaron al río”

El reconocimiento de la señora Mariela Contreras, de que no habría sido víctima de la masacre de Mapiripán, no desvirtúa la acción del CCAJAR, ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El CCAJAR representa tres núcleos familiares: de las ejecuciones extrajudiciales de Sinaí Blanco y José Roland Valencia, así como la desaparición forzada de Antonio María Barrera, sobre los cuales el Estado ha aceptado su responsabilidad. Es deber del Estado investigar el número exacto de víctimas e identificar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de la masacre como lo establece la Corte Interamericana en su sentencia.

La señora Mariela Contreras mintió a la Fiscalía, le mintió al CCAJAR y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ello ha pedido perdón a los abogados que la representamos, a la sociedad y al Estado en declaraciones rendidas ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía el 14 de mayo de 2012.

El CCAJAR ha reembolsado al Estado 750 millones de pesos que recibió como consecuencia de haber representado al núcleo familiar de Mariela Contreras, no por una decisión judicial, sino por la ética fundamental que inspira nuestro trabajo en el que no nos lucramos. Los dineros que el CCAJAR recibe por concepto de representación de víctimas indemnizadas por los tribunales son destinados a un fondo social que nos permite continuar la labor de representación legal de miles de víctimas que excepcionalmente tienen la posibilidad de ser reparadas.

El CCAJAR sigue reclamando justicia. Salvatore Mancuso incriminó a Víctor Carranza como uno de los que contribuyó con esta matanza y el despliegue paramilitar en los Llanos. El general Uscátegui estaría legítimamente insatisfecho porque hasta el momento es el único general condenado, él mismo ha denunciado la responsabilidad de Rito Alejo del Río, la investigación debe conducir a otros generales que contribuyeron al despliegue de esta estrategia de terror.

Que hable el general Uscátegui y que le diga la verdad al país, sino quiere, al menos que tenga el pudor de no seguir humillando la memoria de las víctimas e intentando mancillar la honra y credibilidad de quienes las representamos y de quienes administran justicia cumpliendo con su deber. El general Uscátegui no ordenó la masacre de Mapiripán, pero contribuyó a que se perpetrara y por ello ha sido condenado.

Luis Guillermo Pérez Casas
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Representante de las víctimas en el proceso penal

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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