Víctimas del Magdalena Medio presentan informe sobre fuerza pública y paramilitarismo
y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1998-2000

Viernes 11 de octubre de 2019, por Prensa - Colectivo

Este 11 de octubre en Barrancabermeja, Santander, organizaciones de víctimas y derechos humanos presentan el informe “Telarañas de impunidad: Las voces de resiliencia frente a la violencia estatal-paramilitar en el Magdalena Medio (1998-2000)”, que señala el papel de agentes de la fuerza pública -Ejército, Policía y el extinto DAS- en la expansión del paramilitarismo en la región del Magdalena Medio...

Masacres | Paramilitarismo | Derecho a la vida | Derecho a la verdad | Abusos de la Fuerza Pública | Madgalena Medio | Santander |

.... a partir de la documentación exhaustiva de los casos de las Masacres del 16 de mayo de 1998, el 28 de febrero de 1999 y el 4 de octubre de 2000 y el contexto de macrocriminalidad en la región desde finales de la década de los 80.

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Estas tres masacres en Barrancabermeja fueron cometidas por miembros de la estructura paramilitar “Autodefensas de Santander y el Sur de Cesar”, AUSAC que para el caso de la masacre del 4 de octubre ya había cambiado su denominación por la de “Bloque Central Bolívar” BCB. Dichas estructuras y las masacres que se detallan en el informe contaron con la complicidad de agentes de la fuerza pública.

Con este informe se busca que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación Integral construya un relato amplio y detallado sobre la violencia sociopolítica y el conflicto armado en el Magdalena Medio y contribuya a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia la reparación y las garantías de no repetición, a través del mandato de cada uno de sus mecanismos.

● A la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas se solicita facilitar con los y las familiares la construcción con los y las familiares de un plan de búsqueda integral e interdisciplinario para la búsqueda, identificación y entrega digna de cuerpos de las víctimas que fueron desaparecidas de manera forzada según las particularidades de cada caso. De manera urgente, se le solicita que junto a la JEP coordine e implemente medidas de protección de los lugares donde según las evidencias técnicas y procesales podrían ubicarse más personas desaparecidas, los cuales están a punto de desaparecer por la avanzada de monocultivos, ganadería y la deforestación.
● A la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que establezca los patrones, causas, intereses de la estrategia estatal-paramilitar y sus acciones violentas, así como los impactos en el tejido social, comunitario y organizativo teniendo en cuenta las evidencias aportadas en el informe. Igualmente, que recomiende la adopción de medidas estructurales para el desmonte del paramilitarismo, la garantía de las personas defensoras, así como la realización de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
● A la Jurisdicción Especial para la Paz, que abra un caso nacional sobre la participación de agentes de Estado en Masacres y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en connivencia con grupos paramilitares, en el cual se priorice la región del Magdalena Medio y los hechos violentos ocurridos allí, se establezca la responsabilidad por cadena de mano hasta los máximos responsables de los hechos que señalan el papel del Estado en la expansión del paramilitarismo en la región.

Este documento hace parte de una serie de informes que han sido entregados por organizaciones y víctimas de derechos humanos sobre la violencia sociopolítica en Colombia, en el marco de la campaña por la verdad, realizada por 11 organizaciones representantes de víctimas de crímenes de Estado. Se trata también del primero de una serie de seis más que abordarán el papel de agentes estatales en la expansión paramilitar a través de la documentación de las masacres y otros crímenes de lesa humanidad en Colombia.

Sobre las masacres del 16 de mayo de 1998 y la masacre del 28 de febrero de 1999, los paramilitares revelaron en sus testimonios que la participación de agentes de la V Brigada del Ejército, del Comando Especial de la Policía de Barrancabermeja y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, seccional Barrancabermeja, no se limitó a la omisión, sino que los agentes y las unidades mismas estaban activamente involucradas en la planeación y coordinación de las masacres. Así mismo, en el caso del 4 de octubre hubo pronunciamientos de la fuerza pública que anticiparon la ocurrencia de la masacre, así como preguntas abiertas sobre la responsabilidad de agentes de Estado de la época y otras autoridades como los entes de control.

Según la información recopilada a partir de expedientes judiciales y pruebas testimoniales de víctimas, los tres organismos estatales facilitaron los contactos relevantes para llevar a cabo las incursiones paramilitares, dieron la luz verde a las fechas de las masacres, entregaron informantes a los paramilitares, aseguraron la ausencia de retenes militares y el día de los hechos fingían no darse cuenta del ataque, incluso ordenando a sus subordinados no actuar aun cuando estos intentaron hacerlo.

El informe presentado analiza el papel del Estado en el surgimiento, expansión y consolidación del paramilitarismo, desde el surgimiento mismo de los grupos paramilitares amparados en la Ley 48 de 1968, recientemente derogado por la prohibición constitucional del paramilitarismo fruto del Acuerdo Final de Paz, hasta los testimonios y decisiones judiciales que documentan el entrenamiento, inteligencia, armamento y otros recursos suministrados por agentes de la Fuerza Pública a estas estructuras criminales, o la realización de operaciones conjuntas y patrullajes combinados con el Ejército en el contexto de los cuales se cometieron numerosas y graves violaciones a los derechos humanos como las que aquí se describen. Específicamente, el informe documenta la expansión del paramilitarismo en la región desde 1988 que se extendió como un cerco hasta la incursión paramilitar en la ciudad que inició el 16 de mayo de 1998, dejando numerosas violaciones a los derechos humanos.

La impunidad predominante es otra de las características comunes de las tres masacres que ejemplifican el papel de las instituciones del Estado en la expansión y dominio paramilitar. Esto a pesar de que gracias a la lucha de 30 años de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han sido vinculados varios agentes estatales militares, policiales y del DAS a los procesos del 16 de mayo y del 28 de febrero.

Algunos de ellos son el entonces Jefe de Inteligencia del Batallón Nueva Granada y de la Quinta Brigada, Oswaldo Prada Escobar, el entonces comandante de la Policía Joaquín Correa López, el entonces subjefe de seguridad de Ecopetrol José Eduardo González Sánchez, el entonces comandante de la base militar del Batallón Nueva Granada, Antonio Enrique Daza Camargo, el entonces subcomandante del Batallón Héroes de Majagual Jesús Herrera García y el mayor retirado Edgar Román Herrera Fetecua. Todos han solicitado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP.
En el caso de la masacre del 4 de octubre, la justicia tiene una deuda aún mayor con las víctimas. Hasta el día de hoy se desconoce la existencia de investigaciones penales o disciplinarias contra agentes estatales que podrían estar involucrados en la masacre. Esto, a pesar de fuertes indicaciones de una complicidad estatal, específicamente de miembros de la SIJIN y del Batallón Héroes de Majagual.

Falta también por esclarecer la verdad y lograr justicia frente a las posibles responsabilidades de los comandantes de la Quinta Brigada y de la Segunda División quienes para la época de los hechos se encontraban los niveles superiores del Ejército. Estos comandantes por su posición en la jerarquía militar tenían el deber de control sobre sus tropas por lo cual deben responder a la justicia, al menos, por su falta de actuar, determinante para la comisión de las masacres.

Las masacres de Barrancabermeja documentadas en el presente informe se dirigieron contra las comunidades de los barrios nororientales y surorientales de la ciudad pertenecientes a las comunas 4, 5, 6 y 7. Los Agentes de Estado, paramilitares y civiles implicados desplegaron una estrategia de estigmatización y persecución “del enemigo interno” contra los pobladores de estos barrios por supuestamente auxiliar a la guerrilla, a la vez que estas mismas comunidades sufrían del abandono estatal en materia de servicios básicos insatisfechos. Sin embargo, estos ataques no fueron una estrategia contrainsurgente sino de terror sobre la población civil y destrucción del tejido social de organizaciones de base y procesos de movilización social históricos en la región

En cada una de las masacres, hombres armados entraron y salieron de la ciudad, pasando por bases militares de los batallones Héroes de Majagual y Nueva Granada, además de retenes de la fuerza pública, lanzando fuertes disparos sin intervención alguna de las autoridades, irrumpieron en billares, bailaderos, canchas de tejo y fútbol, secuestrando, asesinando de manera cruenta o desapareciendo a las personas, en su mayoría hombres jóvenes. Estas víctimas habían sido señaladas y condenadas a muerte o desaparición forzada por vivir en sectores considerados bajo el control de grupos guerrilleros.

La masacre del 16 de mayo de 1998, como hito funesto, inició la expansión paramilitar en una ciudad caracterizada por su tradición organizativa, sus fuertes sindicatos y organizaciones populares que el paramilitarismo buscó erradicar, todo como antesala de los procesos de privatización de las empresas públicas, siendo el más significativo el de la venta parcial de ECOPETROL, y la llegada de grandes empresas transnacionales. Con esta incursión paramilitar se quiso instaurar un nuevo orden político, económico y social, en el que aumentaron fuertemente las amenazas y ataques contra los sindicatos, organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas, consejos comunitarios, organizaciones de mujeres y organizaciones estudiantiles, al tiempo que se profundizó un continuum de violencias de género y segregación social de las y los habitantes de Barrancabermeja.

Telarañas de impunidad es además un ejercicio de dignificación a la memoria de las víctimas y de reconocimiento a las voces de resiliencia en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, que han mantenido durante dos décadas las exigencias de búsqueda, memoria, justicia y verdad para sus seres queridos.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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