Colombia estará en el “banquillo” de los acusados en la OIT, pero el
Gobierno manipula información y afirma lo contrario
Mientras un comunicado del sindicalismo colombiano, firmado por los
presidentes de la CUT, la CTC, la CGT y la CPC, da cuenta de la
noticia de que la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT acordó
incluir a Colombia en la lista de 25 países que estarán en el
“banquillo de los acusados” en la 98 Conferencia de este organismo
internacional, o sea sometidos a examen por sus incumplimientos en
varios convenios, el Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de
la Protección Social, emitió un comunicado en sentido completamente
contrario.

 

 

En efecto, el Gobierno señala que Colombia fue incluida en tal lista
por “ser un caso de progreso de Normas Internacionales de Trabajo”, lo
cual es inconsistente con lo que realmente ha ocurrido, y con el
informe de la Comisión de Expertos que examinó el cumplimiento del
Convenio 87, lo que deja ver un uso manipulado de la información por
parte del Gobierno.

La inclusión de Colombia en la lista de los países que serán
examinados en la Comisión de Normas de la Conferencia de la OIT, se
dio luego de que el movimiento sindical presentara un informe crítico
y consensuado sobre la situación laboral y sindical en el país;
gestión en la cual tuvo el apoyo unánime de la Confederación Sindical
de las Américas (CSA) y de la Confederación Sindical Internacional
(CSI). El sólo hecho de ser incluido en esta lista, ya representa un
revés para el Gobierno colombiano, empeñado como está en esconder la
gravedad de la situación laboral y sindical mediante manipulaciones
mediáticas.

De tal suerte que la semana próxima se realizará una sesión donde
trabajadores, empleadores y Estados de todo el mundo debatirán sobre
la grave situación laboral y sindical colombiana; no será de ninguna
manera una sesión para avalar los supuestos avances que nuestro país
ha tenido en esos temas, como lo señala sesgadamente el comunicado del
Gobierno.

“Los trabajadores buscaremos que la Comisión de Normas emita un
párrafo especial condenando la política antisindical y antilaboral que
aplica el Gobierno en Colombia y exija cambios profundos para que se
reestablezcan los derechos laborales y las libertades sindicales en
nuestro país”, señalaron en su comunicado las centrales sindicales,
que, como se ve, es muy diferente a lo que afirma el Gobierno.

Por su parte Carlos Torres, Secretario General Encargado de la CTC, al
ser consultado sobre la interpretación que el Gobierno le ha dado al
asunto, la calificó como un “despropósito”, toda vez que,
independientemente de lo que el Gobierno diga a su favor, la realidad
es que la violencia antisindical no ha cesado y los decretos y leyes
que se han expedido en el último año, como el Decreto 535 que habla de
concertación en los pliegos de peticiones de empleados públicos, la
Ley de Huelga, y las disposiciones sobre cooperativas de trabajo
asociado, no cumplen debidamente con los estándares de la OIT, para no
hablar del creciente desempleo en el país.

Las observaciones de la Comisión de Expertos
El gobierno colombiano será llamado a responder por incumplimientos al
Convenio 87, la Comisión de Expertos hace observaciones del siguiente
tenor:

“La Comisión toma nota de que los comentarios de la CUT, la CGT y la
CTC se refieren al incremento en la tasa de asesinatos de dirigentes y
afiliados de organizaciones sindicales en 2008, que asciende a diez
dirigentes sindicales y 30 sindicalistas. También señalan un
incremento en el número de amenazas de muerte. Las centrales
sindicales reconocen los esfuerzos realizados por el Gobierno para
brindar seguridad a los dirigentes y afiliados sindicales pero estiman
que los mismos no son suficientes. Las organizaciones sindicales se
refieren una vez más a que la estigmatización del movimiento sindical
como simpatizante de las guerrillas o de movimientos de extrema
izquierda los deja en una grave situación de vulnerabilidad”.

“La Comisión toma nota con profunda preocupación del incremento del
número de dirigentes sindicales y afiliados asesinados. La Comisión
insiste firmemente en la necesidad de erradicar la violencia para que
las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan ejercer
libremente sus actividades. La Comisión urge firmemente una vez más al
Gobierno a que siga tomando todas las medidas necesarias para
garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de los dirigentes y
afiliados sindicales, a fin de permitir el debido ejercicio de los
derechos garantizados por el Convenio”.

“La Comisión lamenta que el número de condenas pronunciadas siga
siendo reducido y que gran número de investigaciones se encuentren
solamente en su etapa preliminar”.

En lo referente a cuestiones legislativas y prácticas pendientes, la
Comisión recuerda que desde hace numerosos años viene formulando
comentarios sobre algunos temas que no han sido resueltos
satisfactoriamente por el gobierno colombiano. Es el caso de las
cooperativas de trabajo asociado y otras formas tercerizadas de
contratación, sobre las cuales señala:

“La Comisión se había referido a la utilización de diversas figuras
contractuales, tales como las cooperativas de trabajo asociado, los
contratos de prestación de servicios y los contratos civiles o
mercantiles que encubren verdaderas relaciones de trabajo, y que se
utilizan para efectuar funciones y tareas propias del giro normal de
actividades de la entidad y en virtud de los cuales no se permite a
los trabajadores constituir sindicatos o afiliarse a ellos… En este
sentido, la Comisión considera que los trabajadores asociados en
cooperativas deberían poder constituir las organizaciones sindicales
que estimen conveniente y afiliarse a las mismas. La Comisión pide al
Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar
explícitamente que todos los trabajadores sin distinción, incluidos
los trabajadores de las cooperativas y de otras figuras contractuales,
independientemente de la existencia de un vínculo laboral, puedan
gozar de las garantías del Convenio”.

En otro aparte, la Comisión hace un llamado al Gobierno para que
modifique lo establecido en cuanto al derecho a la huelga, para que
éste sea extensivo a las federaciones sindicales (CUT, CGT y CTC),
incluso en los casos en los que la huelga sea motivada por razones
económicas y sociales. Al respeto señala:

“La Comisión recuerda que en virtud del artículo 6 del Convenio, las
garantías que se reconocen a las organizaciones de base son también
extensivas a las organizaciones de nivel superior. En efecto, para
poder defender mejor los intereses de sus miembros, las organizaciones
de trabajadores y de empleadores han de tener derecho a constituir las
federaciones y confederaciones que estimen convenientes, las cuales,
por su parte, deberían disfrutar de los distintos derechos que se
reconocen a las organizaciones de base, especialmente en lo que
respecta a la libertad de funcionamiento, de actividades y de
programas de acción… La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para que se modifique el artículo 417 inciso i) de manera
que no se prohíba el derecho de huelga de las federaciones y
confederaciones.

Como se ve, no es entonces cierto que el informe de la Comisión de
Expertos de la OIT, citado por el Gobierno colombiano, resalte
progresos. Por el contrario, manifiesta múltiples temas de
preocupación.

Nota: El informe completo de la Comisión de Expertos se puede leer en
la página oficial de la OIT (www.oit.org), buscando en el link “normas
de trabajo” el capítulo que titula “informes de los órganos de
control”, que está discriminado por países.