Es inadmisible que no se aplique de forma inmediata la captura contra general Ramírez y el coronel Blanco por la desaparición de Irma Franco 

• El miércoles 19, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a los acusados por la desaparición forzada de Irma Franco. 

• La decisión se da tras años de que la Fiscalía del caso y las víctimas apelaran el fallo absolutorio emitido por el Juzgado 1 Penal de Circuito de Bogotá en 2011; y que debieran solicitar que se apartara del caso el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, debido a falta de imparcialidad.  

• El hecho de que la condena solo sea aplicable hasta que quede ejecutoriada, dilataría por muchos años más la consecución de justicia. 

Bogotá, 20 de junio de 024. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) valoran el análisis probatorio hecho por el Tribunal de Bogotá para establecer la responsabilidad del general Iván Ramírez Quintero y de Fernando Blanco Gómez en la desaparición forzada de Irma Franco y en la tortura de dos estudiantes de la Universidad Externado.  

El Tribunal, condenó a los acusados a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión, además de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por más de 190 meses e imponerles una multa de más de 2.500 salarios mínimos legales vigentes. 

Sin embargo, la captura de los responsables por la desaparición forzada de Irma no se haría efectiva de inmediato y sería aplicable solamente cuando sea ejecutoriada, lo cual dilatará por muchos años más la consecución de justicia.  

“(…) Esperamos que la decisión quede ejecutoriada lo más rápido posible, pues esta condena queda por ahora queda suspendida, lo cual para nosotros es inadmisible,” señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Cajar y representante de algunas de las víctimas de los hechos del Palacio de Justicia.  

El abogado también destacó que esta sentencia “ratifica una vez más el conocimiento previo por parte del Estado de la toma del Palacio de Justicia por el M19 y la premeditación en las acciones, así como que está plenamente probado que los trabajadores de la cafetería y otros visitantes ocasionales salieron vivos de manos de los militares y cómo la coordinación de inteligencia previamente organizada los condujo a clasificar a supuestos sospechosos en el segundo piso y a montar equipos especiales de interrogatorio y tortura en la Casa del Florero.”  

Desde el Cajar y CEJIL lamentamos que en la misma sentencia se haya absuelto al general Ramírez y a los imputados Fernando Blanco Gómez y Gustavo Arévalo Moreno de responsabilidad en la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, David Suspes Celis, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Gloria Anzola de Lanao y Lucy Amparo Oviedo Bonilla. 

Antecedentes 

El 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los sucesos conocidos como la toma y la retoma del Palacio de Justicia, en la ciudad de Bogotá, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Entre ellas, por la desaparición forzada de Irma Franco, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, así como por la falta de determinación del paradero de Norma Constanza Esguerra Forero. En consecuencia, el Tribunal ordenó llevar a cabo las investigaciones para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables.  

Vale la pena recordar que, para la época, Fernando Blanco era el subcomandante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia y el exgeneral Iván Ramírez Quintero era Teniente Coronel de los hechos del Palacio de Justicia y se desempeñaba como comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia –COICI-, del Batallón Charry Solano, perteneciente al Ejército Nacional.  

En la justicia ordinaria Ramírez está siendo investigado por las torturas de al menos 14 personas, proceso en el cual se encuentra pendiente que se determine su situación jurídica ante la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.