Bogotá, 3 de junio de 2024. Frente a las recientes expresiones presidenciales sobre la labor de algunos periodistas, medios de comunicación y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) recuerda que:

• La libertad de prensa y de expresión son derechos fundamentales que debe garantizar el Estado, por lo que deberían ser ejercidos sin interferencia gubernamental, presión o censura. Garantizar la labor de quienes ejercen como periodistas y comunicadores es fundamental para la democracia.
• En el caso de altos funcionarios estatales, entre ellos el Presidente de la República, están sujetos a un mayor escrutinio, tal como lo establece el artículo 11 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Al mismo tiempo, tienen mayores responsabilidades, puesto que deben generar un clima favorable y garantizar las condiciones para aquellos que ejercen una labor de vigilancia social, como los periodistas, veedores y personas defensoras de derechos humanos. Además, las autoridades deben abstenerse de emitir señalamientos o estigmatizaciones que pongan en riesgo su vida, integridad o su labor, así como garantizar su seguridad de manera efectiva.
• Frente a publicaciones que se consideren falsas o injuriosas, toda persona puede ejercer su derecho a solicitar la respectiva rectificación ante el medio, periodistas o personalidad pública, cuando cuente con las herramientas para refutar dichas expresiones. Es importante que dicha solicitud se realice a través de canales adecuados y que no pongan en riesgo a quienes tienen un papel de veeduría en el país, como los y las periodistas.
• La libertad de expresión es un derecho ciudadano que implica la posibilidad de exigir socialmente información veraz, fidedigna y transparente, y ética en el ejercicio del periodismo para garantizar el acceso a información confiable y objetiva.  La Corte IDH ya ha resaltado que la labor periodística debe ejercerse “obedeciendo a los principios de un periodismo responsable, es decir, actuar de buena fe, brindar información precisa y confiable, reflejar de manera objetiva las opiniones de los involucrados en el debate público y abstenerse de caer en sensacionalismos”[1].
• Urge promover un debate público y amplio sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de paz, así como sobre la propiedad y control de los medios de comunicación en una democracia y sobre los límites de altos funcionarios del Estado respecto a las garantías de no estigmatización y a la libertad de prensa y expresión.

[1] Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr.139.