Señor
GUSTAVO PETRO URREGO
Presidente de la República de Colombia
Señor
IVÁN VELÁSQUEZ GÓMEZ
Ministerio de Defensa Nacional
Reciban un cordial saludo.
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Mesa de Trabajo por la Reforma Policial [1], nos dirigimos a ustedes con la finalidad de hacer un llamado al Gobierno Nacional para que avance sustancialmente en una reforma integral a la Policía.
El 15 de junio de 2023, el Ministerio de Defensa emitió la Directiva Permanente 09 que retomó el proceso de transformación policial iniciado en el gobierno de Iván Duque, armonizándolo con las nuevas políticas del gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad humana y delimitando una ruta de acción para reglamentar aspectos de la actividad institucional[2]. Allí se crearon cuatro escenarios encargados de impulsar los lineamientos del proceso de transformación policial, entre los que se encuentra la Mesa Asesora Externa, que aportará aspectos técnicos al proceso de reforma, siendo el único escenario que cuenta con algún nivel, aunque restringido, de participación de la sociedad civil, siendo una instancia consultiva.
La Mesa Asesora Externa sesionó dos veces el año pasado, únicamente para socializar una consultoría contratada por el Ministerio de Defensa con la finalidad de construir insumos académicos para la transformación policial; sin embargo, nos preocupa que dicha mesa no haya sesionado en lo que va corrido del año, así como la falta de una agenda clara, un plan de trabajo y unos lineamientos para su funcionamiento.
Por otro lado, entre agosto de 2023 y enero de 2024, el Ministerio de Defensa abrió otro espacio de discusión entre la Policía y las organizaciones de la sociedad civil, con la mediación de OACNUDH, con el fin de actualizar la normativa reglamentaria sobre uso de la fuerza para la Policía Nacional y el uso de armas menos letales (AML) por parte de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), actualmente reglamentada por las Resoluciones 02903 de 2017 y 01716 de 2021. En este espacio hemos expresado la necesidad de regular con detalle los objetivos legítimos del uso de la fuerza, los niveles de aplicación de la misma, la evaluación del riesgo a la vida e integridad personal derivado del uso de AML, así como controles independientes y públicos a la actividad de policía.
En febrero de este año, el Gobierno hizo público un proyecto de Decreto en el que se recogen varios elementos mencionados anteriormente, no obstante, advertimos sobre la ausencia de otros que consideramos deben ser incluidos y que no ha habido avances en esta tarea. El Ministerio de Defensa pareciera avanzar de manera endógena en acciones internas de transformación que no son lo suficientemente comunicadas al público, tampoco son objeto de discusión abierta y participativa, y no cuentan con la integración de enfoques diferenciales como el étnico-racial y de género.
En consideración, solicitamos al Ministerio de Defensa que publique el decreto sobre regulación del uso de la fuerza, incorporando los elementos que hemos advertido las organizaciones que integramos la Mesa por la Reforma Policial y, según lo acordado, se emita la resolución sobre el uso de las armas, municiones y dispositivos menos letales, que garantice límites y controles estrictos con miras a proteger de manera real la vida e integridad de todas las personas, incluso de los presuntos infractores. Asimismo, solicitamos que se reactiven los espacios de discusión sobre la transformación policial, garantizando una participación real, efectiva y vinculante de la sociedad civil, que incluya a las organizaciones que representen a los grupos discriminados y victimizados por el accionar policial.
Finalmente, consideramos necesario que el Gobierno Nacional tenga en cuenta que una reforma policial integral va más allá de los cambios en el nivel reglamentario dentro de su competencia, debido a que corren el riesgo de ser derogados a nivel administrativo por futuros gobiernos, por lo que es necesario asumir que existen aspectos trascendentales que exigen esfuerzos de revisiones normativas de orden legal y hasta constitucional, como la desmilitarización del régimen de carrera, la independencia de la función disciplinaria frente al mando operativo, las competencias de la justicia penal militar, el uso del derecho operacional (reglas operacionales) en los procedimientos policiales, el traslado de la dirección y mando de la Policía del Ministerio de Defensa, la delimitación de las funciones de inteligencia y de policía judicial que cumple esta institución, entre otros asuntos, por lo que consideramos importante que el Ministerio de Defensa del gobierno del cambio, proponga una discusión pública en el Congreso de la República sobre la necesidad de transformar sustancialmente estos aspectos para garantizar un servicio público para la paz que responda a las necesidades de la sociedad colombiana.
Suscriben:
- Asociación Minga
- Campaña Defender la Libertad: un Asunto de Todas
- Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)
- Corporación Jurídica Libertad
- Corporación Justicia y Democracia.
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
- Ilex Acción Jurídica
- Fundación Lazos de Dignidad (FLD)
- Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL)
- Movimiento en Resistencia Contra la Agresiones Oculares del Esmad (MOCAO)
- Temblores Ong
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
- Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar)
- Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP)______________________________________________________________________________________________________________________
[1] La Mesa por la Reforma Integral a la Policía es un grupo diverso de organizaciones sociales, víctimas de violencia policial, y colectivos de defensa de los derechos humanos de Colombia, actualmente la integran 23 organizaciones nacionales y territoriales. En el marco de nuestro trabajo conjunto encontramos la necesidad de posicionar en la agenda pública propuestas que se deben de tener en cuenta para una verdadera transformación de la Policía que garantice la vida y los DDHH.
[2] Entre las reglamentaciones resaltamos: i) la revisión de mapas de riesgos para generar controles sobre funciones y cargos, ii) la inclusión de estándares de DDHH en la doctrina educativa y operativa, iii) la transversalización del enfoque de género en las funciones y actividades del personal, iv) la creación de un manual de actuación en contextos de protesta, v) la promulgación de programas académicos de entrenamiento y Derechos Humanos en la formación de la UNDMO, vi) el ajuste de requisitos y perfiles de incorporación de la UNDMO y la creación de una herramienta para verificar la idoneidad psicosocial de operadores de armas, y vii) los límites y alcances en la aplicación de traslados por protección y para procedimiento policivo.