El 24 de junio, Andrea Torres Bautista, abogada de la organización de derechos humanos Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB), que representa a familiares de víctimas de desaparición forzada, recibió una llamada telefónica en la que un hombre profirió las siguientes amenazas: “[…] no entendió que deje de joder, le vamos a
pegar una matada […] pero primero le pegamos una violada pa’ que respete a los hombres”.

El 20 de junio Jhon Alexander Holguín Ramírez fue apuñalado, a consecuencia de lo cual fue hospitalizado en el municipio de Tuluá (departamento de Valle del Cauca). Es hijo de James Holguín, quien, junto con otros cuatro hombres, fue sometido a desaparición forzada el 16 de agosto de 2003, por paramilitares que actuaban en connivencia con la policía en el municipio de Monterrey, perteneciente al departamento de Casanare. Jacqueline Ramírez, madre de Jhon Alexander y testigo de las desapariciones forzadas conocidas como el “caso de La Combinada”, ha recibido repetidas amenazas de muerte en relación con el proceso judicial en curso

Andrea Torres Bautista es su abogada. El 23 de junio, un día antes de ser amenazada por teléfono, Andrea Torres Bautista había llamado al juzgado de
Yopal (departamento de Casanare), para pedir que retiraran al juez encargado del caso de La Combinada de dicho caso y de otros de desaparición forzada. En mayo, el tribunal de Yopal había dictado una sentencia por la que se destituía al juez, que era condenado, además, a 66 meses de prisión por “pervertir el curso de la justicia”
(prevaricato) en un caso de desapariciones forzadas. Los días 13 y 30 de julio, se celebrarán sendas audiencias judiciales sobre casos de desaparición forzada, que serían presididas por este juez.

La impunidad sigue siendo un rasgo característico de los 50 años de conflicto armado interno de Colombia, y es una de las razones por las que persisten los abusos y violaciones de derechos humanos. Muy pocos de los sospechosos de ser penalmente responsables de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto en curso, incluidas las desapariciones forzadas, han comparecido ante la justicia. A fecha 1 de junio de 2015, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) había registrado más de 45.000 casos de desaparición forzada desde 1985.

El caso de La Combinada se refiere a la desaparición forzada, el 16 de agosto de 2003, de cinco hombres a manos de paramilitares que actuaban en connivencia con la policía en el municipio de Monterrey (departamento de Casanare). La Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) lleva desde 2009 representando a las víctimas en los procedimientos judiciales

relativos a este caso. El comandante de la comisaría de policía de Monterrey ha sido condenado a 48 años de prisión, pero permanece prófugo. Otros ocho policías y varios paramilitares están siendo investigados. Se sigue sin conocer el paradero de
los cadáveres de los cinco hombres que fueron objeto de desaparición forzada.
La FNEB fue creada en 1997, después de que la familia de Nydia Erika Bautista de Arellana se viera obligada a huir al exilio a causa de las amenazas recibidas por su defensa de los derechos humanos. Nydia Erika Bautista de Arellana era activista
estudiantil y miembro del grupo guerrillero M-19 cuando fue víctima de desaparición forzada en 1987. La FNEB ha intentado

llevar ante la justicia a las personas responsables de la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista, y trabaja también en otros casos de desaparición forzada. Tanto sus integrantes como los testigos de los casos que representan han recibido
reiteradamente amenazas .
Nombres: Andrea Torres Bautista (mujer) y otras personas de la organización de derechos humanos Fundación Nydia Erika Bautista, Jhon Alexander Holguín Ramírez (hombre), Jacqueline Ramírez (mujer) y familiares y testigos del caso de La Combinada
Sexo: hombres y mujeres