Constata la necesidad de que el Gobierno colombiano realice un plan detallado para la implementación integral del Acuerdo de Paz que garantice una presencia estatal en todo el país, especialmente en las zonas con los niveles más críticos de violencia. Es urgente que esta implementación se realice con la participación activa de las comunidades y esté orientada a la garantía de derechos, bienes y servicios y no a la militarización de sus territorios.

RESOLUCIÓN CAERIT 26/11/2020

El Parlament de Catalunya:

1. Constata la necesidad de que el Gobierno colombiano realice un plan detallado para la implementación integral del Acuerdo de Paz que garantice una presencia estatal en todo el país, especialmente en las zonas con los niveles más críticos de violencia. Es urgente que esta implementación se realice con la participación activa de las comunidades y esté orientada a la garantía de derechos, bienes y servicios y no a la militarización de sus territorios.

2. Manifiesta su apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y considera esencial la garantía de su funcionamiento, independencia y autonomía.

3. Manifiesta su apoyo a la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en Colombia y constata la necesidad de que el Gobierno colombiano diseñe y aplique una política pública integral y eficaz en materia de garantías, prevención y protección en todas las regiones de país que incluya lo que está previsto en el Acuerdo de Paz. Específicamente, cree necesario que se realicen investigaciones rápidas e imparciales para llegar a los responsables materiales, intelectuales y sus estructuras -incluyendo el esclarecimiento de los vínculos con élites políticas, económicas y militares-, y que se fortalezcan las medidas colectivas de prevención y protección teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico, territorial, género, edad, etc.

4. Constata que hay que impulsar de forma integral las medidas acordadas en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz. Concretamente diseñar una Política pública efectiva de desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y avances en las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales.

5. Reconoce la necesidad de emprender una reforma estructural de la Fuerza Pública, fortaleciendo un sistema institucional de controles civiles, una rendición de cuentas que impida el uso ofensivo de la inteligencia militar y de otros organismos del Estado, y a establecer una política pública que garantice el derecho a la movilización social y la protesta pacífica.

6. Traslada esta Resolución al Gobierno de la Generalidad para que realice las acciones oportunas ante el Gobierno español con el fin de que se avance en la dirección del texto aprobado.