Más de treinta dirigentes políticos detenidos, entre ellos 9 congresistas, 2 gobernadores, 5 alcaldes, el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera Cote, así como su jefe de informática, Rafael García Torres, y un considerable número de ex parlamentarios, concejales, diputados departamantales, ex mandatarios y funcionarios investigados o con órdenes de captura vigentes, es a grandes rasgos, el resultado parcial de los evidentes vínculos de los paramilitares en todas las instituciones del Estado Colombiano.
Esta asociación, denunciada hasta el cansancio por Organizaciones de Derechos Humanos, comenzó a evidenciarse a partir de la afirmación realizada por el jefe paramilitar, Vicente Castaño, años atrás, según la cual los paramilitares tenían el control del 35% del Congreso.
A partir de ahí y luego de la detención de Rafael García Torres y del hallazgo del computador personal del jefe paramilitar “Jorge 40”, en el que se hallan registradas reuniones entre jefes paramilitares y cientos de servidores públicos, que los medios de comunicación llegaron a denominar como un “pacto con el diablo”, empezó armarse el rompecabezas y a salir a la luz pública que los vínculos no sólo se limitaban al Congreso de la República, sino que trascendían a todas las esferas regionales y nacionales y de manera especial evidenciaban una inseparable relación del paramilitarismo con el gobierno nacional.
A pesar de que la mayor parte de los servidores públicos salpicados por nexos con paramilitarismo hacen o hicieron parte de la coalición del gobierno, que respaldó las campañas que llevaron a Álvaro Uribe Vélez, durante dos periodos consecutivos a la presidencia, éste hasta el momento no ha dado ninguna explicación política que descifre la crisis, no ha facilitado el esclarecimiento de la verdad, y por el contrario se ha encargado de lanzar cortinas de humo sobre el tema, desviando constantemente la atención pública.
Resulta inconcebible que en medio de una negociación política con oraganizaciones paramilitares, uno de los funcionarios implicados, sea el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad del Estado, Jorge Noguera, detenido por sus estrechos vínculos con grupos paramilitares y por facilitarles a éstos, datos sobre sindicalistas, defensores de derechos humanos, y otros lideres sociales, muchos de los cuales fueron posteriormente asesinados. Pero es más inconcebible que a pesar de la gravedad del tema, el Presidente, en lugar de responsabilizarse políticamente por las actuaciones de sus pupilos, lo nombrara Cónsul en Italia, cuando apenas empezaban las investigaciones.
Lo anterior es tan solo un reflejo de la posición del presidente frente a las acusaciones que comprometen a funcionarios directamente nombrados por él y a líderes de partidos políticos que hacen parte de la coalición del gobierno, así como a sus mas cercanos colaboradores en las campañas presidenciales.
Así las cosas, no es de extrañar, que la mayoría de los congresistas investigados y detenidos, hayan sido los mismos que discutieron y aprobaron la Ley de Justicia y Paz, marco legal para el proceso de desmovilization paramilitar, con el que se está favoreciendo a los perpetradores de los miles de masacres, asesinatos selectivos y crímenes de lesa humanidad.
Apesar de que gobierno nacional ostenta que estos escándalos son fruto del proceso de verdad que se ha logrado gracias a la apliacacion de la Ley de “Justicia y Paz”, esto no es cierto; todas estas verdades han salido contra la voluntad del gobierno que ha tratado de ocultarlas. Tampoco estas verdades han salido de las versiones libres rendidas por los desmovilizados en las Fiscalias de Justicia y Paz sino en procesos ante la Corte Suprema de Justicia, en juzgados y fiscalias ordinarias por fuera de la aplicación de la Ley de “Justicia y Paz”.
De tal manera, la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” exhorta al presidente Álvaro Uribe Vélez a que de una respuesta política clara como primer mandatario frente a los hechos mencionados, máxime si se tiene en cuenta que la crisis que involucra directamente a miembros que hacen o hacían parte de su movimiento político. Igualmente solicita a la comunidad internacional continuo acompañamiento, solidaridad y seguimiento a la situación política que se desarrolla en el país.
Con el presente documento se adjunta una recopilación de información que resume y da cuenta de algunos de los servidores públicos involucrados, la cual hace parte de un seguimiento cuidadoso -que aún no termina- de medios de comunicación nacionales que durante el último año han sacado a la luz pública las intrigas del escándalo, a pesar de la clara censura y autocensura impuesta y de los múltiples desvíos de información, que han tratado de “opacar” la verdad de las publicaciones.
CUADRO_FINAL_INVESTIGACION.doc
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