Lo anterior, en virtud de que probados los hechos de la masacre, también se probó la responsabilidad de Dario Usuga como comandante de los paramilitares, el cual, por órdenes de Carlos Castaño, lideró el ingreso y los hechos ya sabidos ocurrido en Mapiripán durante la masacre.

 

El 18 de noviembre de 2015, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, condenó a Dairo Antonio Usuga alias “Otoniel, Mauricio, o Cachama” a cuarenta (40) años de prisión, por su responsabilidad como coautor de los delitos de homicidio, secuestro agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir y terrorismo, por su accionar en el municipio de Mapiripán Meta desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997.

Lo anterior, en virtud de que probados los hechos de la masacre, también se probó la responsabilidad de Dario Usuga como comandante de los paramilitares, el cual, por órdenes de Carlos Castaño, lideró el ingreso y los hechos ya sabidos ocurrido en Mapiripán durante la masacre.

Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, es hoy el jefe máximo de los llamados Urabeños. Cuando el Bloque Centauros entregó las armas en 2005, Alias “Otoniel” se alió con alias “Don Mario” para formar la organización criminal Los Urabeños. Después de que las autoridades colombianas capturaron a Don Mario en 2009, Otoniel y su hermano asumieron el control del grupo paramilitar.

La justicia, esta vez, volvió a dar la razón a quienes comprometidos con los derechos de las víctimas, siguen este largo proceso que después de dieciocho (18) años, aún no se ha resuelto.

La masacre de Mapiripán no fue una masacre más, fue el comienzo del despliegue del paramilitarismo en todo el país, como estrategia contrainsurgente de las Fuerzas Armadas, extendiendo el baño de sangre a todos los rincones del territorio, con sus millones de víctimas de crímenes internacionales: ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, masacres, violencia sexual, despojo de tierras y desplazamiento forzado.

La investigación penal condujo a la primera condena contra altos oficiales del Ejército, sin embargo, no todos los responsables han sido investigados, tampoco todas las víctimas han sido individualizadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2005 al Estado colombiano por estos hechos, reclamando que el Estado cumpliera plenamente el deber de investigar, de sancionar a los responsables, de reconocer y de indemnizar a las víctimas.