La tragedia humanitaria y ambiental que vive hoy la zona de influencia del megaproyecto Hidroituango no es natural, reciente ni fortuita Tampoco es una telenovela como despectivamente la ha denominado el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. El desastre ecológico y la persecución al movimiento que lo denuncia, son una realidad que se ha ido desarrollando de manera paralela a la construcción de la represa desde hace una década.

Con el argumento de la importancia de la obra para el país, se han querido ahogar las evidencias sobre sus costosos e irreversibles daños así como los reclamos por la verdad enterrada en el cañón del río Cauca.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia -MRVA integrado por 15 asociaciones de campesinas y campesinos de municipios afectados por el megaproyecto energético ha denunciado los impactos que se han ido concretando a medida en que se desarrolla. En 2016 alertó sobre la tala indiscriminada de más de 4.000 hectáreas de bosques, -los mismos que hoy han sido uno de los factores de obstrucción para los túneles de la represa- la desaparición de cientos de especies, el impacto sobre la actividad cultural ancestral del barequeo y el desconocimiento de los derechos de personas y comunidades que han sido desalojadas de sus playas, ríos y veredas.

A pesar de las denuncias no ha habido debida diligencia estatal en la garantía de los derechos de las personas y organizaciones afectadas. La empresa ‘Hidroituango S.A. E.S.P.’, Empresas Públicas de Medellín -EPM- y los accionistas mayoritarios que son la Gobernación de Antioquia y el el Instituto de Desarrollo Económico de Antioquia -IDEA, también tienen responsabilidad con la afectación de derechos que ocasiona este megaproyecto.

Por otra parte, Hidroituango se realiza en una zona que históricamente ha sido escenario de una aguda violencia sociopolítica y del conflicto armado. Antioquia es el departamento con uno de los contextos que más registra desaparición forzada en el país. Según un informe de la Corporación Jurídica Libertad -CJL-, organización defensora de los derechos humanos en Antioquia, entre 1990 y 2016 habrían ocurrido cerca de 50 masacres en el área de influencia directa. Sin embargo, al cruzar diferentes fuentes, la cifra puede llegar a 62, con 372 víctimas y entre 342 y 643 víctimas de desaparición forzada. En enero de este año una misión no gubernamental de carácter humanitario constató a través de testimonios de comunidades, la existencia de cientos de cuerpos enterrados en la ribera del cañón del río Cauca (1).

La búsqueda que se ha emprendido no ha sido completa ni ha contado con garantías de participación de las comunidades y familiares; la Fiscalía no reporta el Universo de víctimas a buscar, lo que de entrada contraviene los parámetros establecidos. Un particular convenio entre la Fiscalía y EPM suscrito en 2013 -al cual tuvimos acceso mediante derecho de petición hasta el año 2017- estableció que no eran las entidades públicas respectivas sino la Empresa quien referenciaba los sitios de búsqueda, generando un conflicto de intereses en una tarea humanitaria y que compromete obligaciones internacionales del Estado colombiano. El movimiento Ríos Vivos ha pedido la concreción de un Plan de Búsqueda participativo para la recuperación y entrega de los cuerpos inhumados en la zona de construcción de la represa (2).

Todas estas problemáticas han sido expuestas durante estos años ante las autoridades ambientales y judiciales. Acciones legales como la demanda de nulidad que surte trámite en la actualidad ante el Consejo de Estado (3), tutelas en amparo a los derechos a la justicia y a la participación, varias giras de incidencia nacional e internacional, manifestaciones, protestas, actos simbólicos, reuniones, mesas de trabajo con entidades públicas que de nada han servido ante la magnitud de una obra que representaba orgullo para la ingeniería pero desgracia para las comunidades, como lo ha expresado Ríos Vivos. Las suspensiones parciales de la licencia ambiental y la tragedia que el país está presenciando, les dan la razón.

La respuesta ante las alertas ha sido la persecución y la invisibilización del MRVA. Cuatro de sus líderes asesinados, dos de ellos en el 2013 y dos en 2018, montajes judiciales, amenazas, estigmatización, censura de medios locales han sido algunas de las agresiones que han tenido que vivir en su tarea de defender los derechos humanos y de la naturaleza.

Estos acontecimientos evidencian las acciones y omisiones del Estado colombiano en su deber de garante de derechos, rol que lo obliga al respeto y la protección de las comunidades afectadas con la implementación de ese megaproyecto, entre ellas, los integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Así, la política de desarrollo revictimiza a quienes ya han sufrido vulneración de derechos humanos y afecta derechos ambientales asociados a la existencia de los bienes comunes del cañón del río Cauca.

Evidencias todas de un claro desamparo institucional del Estado en la protección a ese territorio, a sus habitantes, defensoras y defensores son los asesinatos de Hugo Albeiro George Pérez (4) y Luis Alberto Torres Montoya (5) miembros del MRVA, los dos en menos de una semana, pero también la falta de atención a las denuncias y peticiones de esa organización para la protección de personas, la ausencia del resguardo de lugares de inhumación de cuerpos humanos, la falta de respuesta a los habitantes afectados, la desprotección del bosque y los animales, así como la desatención a las sucesivas emergencias provocadas por el taponamiento del túnel de desvío del río Cauca.

Y lo son los recientes derrumbes, inundación de casa de máquinas, desbordamiento y generación de avalancha aguas abajo del muro de presa, afectando directa y principalmente a comunidades del corregimiento Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia pero que también amenazan a los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí de Antioquia, San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué de Bolívar, Gurandá, Sucre y otros, que hoy claman por solidaridad eficaz.

Este escenario refleja la ausencia de garantías de protección a la vida y la integridad personal de as comunidades afectadas y de quienes conforman el Movimiento Ríos Vivos, para el ejercicio de sus derechos a la participación, a la asociación, a la información, a la movilización social y a la justicia como ocurrió con las recientes movilizaciones en Sabanalarga (6) respondidas con represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, las actuaciones irregulares de las autoridades ambientales en relación con las audiencias públicas ambientales de seguimiento y evaluación del licenciamiento, el caso de audiencia de evaluación de modificación de la licencia del proyecto (7) y la desatención a las alertas relacionadas con derrumbes, taponamientos y llenado irregular del embalse (8) frente a este proyecto energético.

El 9 de mayo pasado junto con Movice y Équitas, el Movimiento Ríos Vivos participó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, en ella los comisionados recordaron las obligaciones estatales en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, debida diligencia frente a la actuación de las empresas y deberes de búsqueda de las persona víctimas de desaparición forzada.

La voz de las comunidades afectadas “por la hidroeléctrica más grande del país” debe ser escuchada. El Consejo de Estado tiene en sus manos la posibilidad de suspender provisionalmente la licencia ambiental por medio de la medida cautelar solicitada dentro de la demanda de nulidad presentada hace más de un año. También urgen acciones estructurales para las comunidades afectadas por parte de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otras; de igual forma urge el respaldo social a las comunidades que exigen con razón la suspensión del megaproyecto, así como un debate nacional ético sobre las implicaciones de avanzar en esta megaobra por encima de cualquier consideración.

Es necesario detener la vulneración de derechos e impedir el avance de los daños irreparables sobre el territorio. La protección de los bienes comunes –que es la protección de la vida misma- debe estar por encima de los grandes intereses económicos. La construcción de la paz debe basarse en las garantías de no repetición. La búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en la zona de influencia del proyecto que ahora enfrenta nuevos desafíos puede y debe continuar, porque la verdad no puede quedar inundada ni enterrada.

¡RÍOS VIVOS, PUEBLOS LIBRES!
#SUSPENDANHIDROITUANGO
EQUIPO DE DERECHOS COLECTIVOS
COLECTIVO DE ABOGADOS ‘JOSÉ ALVEAR RESTREPO’ -CAJAR

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Notas:
1. Misión de verificación pide plan urgente de búsqueda de personas desaparecidas en el área de influencia de Hidroituango https://www.colectivodeabogados.org/?Mision-de-verificacion-pide-plan-urgente-de-busqueda-de-personas-desaparecidas
2. El MRVA ha denunciado las afectaciones sobre ‘fosas comunes’, cementerios y sitios de referencia de personas enterradas víctimas de la violencia socio-política y el conflicto de la región, como los puentes Pescadero, La Garrucha o Puente Viejo, sitios donde ocurrieron masacres, ejecuciones o donde se han arrojado cuerpos de personas En: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/informe_final_audiencia_rios_vivos.pdf.
3. Por graves impactos solicitan anular la licencia ambiental de Hidroituango. Se documentan daños ambientales, sociales y hechos de corrupción https://www.colectivodeabogados.org/Se-solicita-anular-la-licencia-ambiental-de-Hidroituango
4. Ver: https://defensaterritorios.wordpress.com/2018/05/02/asesinan-a-integrante-de-rios-vivos-antioquia-afectado-por-hidroituango/; https://www.colectivodeabogados.org/?Denuncia-Publica-Asesinan-a-integrante-de-Rios-Vivos-afectado-por-Hidroituango; https://www.colectivodeabogados.org/?CIDH-urge-a-Colombia-a-tomar-medidas-urgentes-para-proteger-a-personas.
5. Ver: https://defensaterritorios.wordpress.com/2018/05/08/asesinan-otro-integrante-de-rios-vivos-antioquia-en-menos-de-ocho-dias-al-tanto-que-no-se-da-solucion-a-los-derrumbes-generados-por-hidroituango/; https://www.colectivodeabogados.org/?Denuncia-Publica-Asesinan-otro-integrante-de-Rios-Vivos-Antioquia.
6. Ver: https://www.colectivodeabogados.org/?Ordenan-desalojo-de-comunidades-en-Sabanalarga-Antioquia-y-funcionario-amenaza;https://www.colectivodeabogados.org/?Estado-y-EPM-vulneran-derecho-a-la-protesta-en-Sabanalarga-Antioquia; https://www.colectivodeabogados.org/?Alerta-Temprana-Heridos-en-desalojo-de-Hidroituango-en-Sabanalarga-Antioquia; https://www.colectivodeabogados.org/?400-campesinos-son-desalojados-por-el-ESMAD-en-Portachuelo-Sabanalarga.
7. Ver: https://www.colectivodeabogados.org/?La-ANLA-cancela-arbitrariamente-audiencia-publica-sobre-Hidroituango.
8. Ver: https://defensaterritorios.wordpress.com/2018/05/01/derrumbe-en-tunel-de-hidroituango/.

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