Según los abogados de las víctimas, la magistrada Claudia Saldaña impidió su presencia en un espacio entre una víctima de ‘falsos positivos’ y uno de los militares involucrados en ese caso e hizo señalamientos despectivos en su contra. Los detalles.

Por: Alejandra Bonilla Mora/Cambio

Los representantes de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en el Huila radicaron una queja en contra de la magistrada Claudia Saldaña, magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, alegando que les habría vulnerado su derecho a la participación.

La queja se remite a una audiencia de aporte de verdad que se hizo el pasado 17 de marzo con militares sujetos a la JEP y a la que fueron citados los representantes de las víctimas. Según la queja, presentada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), “la magistrada Claudia Saldaña mostró inconformidad con la presencia de los abogados de las organizaciones representantes de víctimas en estos encuentros, e incluso impidió la participación de integrantes del Observatorio Surcolombiano de Paz y Territorio”. La magistrada cambió su posición al día siguiente, el pasado 18 de marzo, y permitió la presencia de las organizaciones.

La queja asegura que Saldaña supuestamente ha desconocido el proceso dialógico y restaurativo que se pretende aplicar en la JEP y ha hecho comentarios preocupantes “sobre la edad de una de las abogadas de Cajar, insinuando una presunta inexperiencia, lo que constituye una descalificación personal ajena al debate institucional”.

Luego, el 2 de abril, se hizo una reunión privada entre una víctima y un militar sometido a la JEP a la que la abogada de la víctima asistió, pero luego la magistrada Saldaña le pidió a la jurista que se saliera porque supuestamente no estaba autorizada y porque esos espacios supuestamente no tendrían permitido la presencia de abogados, porque buscan ser “encuentros restaurativos y extraprocesales”. Además, hizo comentarios sobre la edad de una de las abogadas, sugiriendo que no tenía la experiencia suficiente para estar en este espacio privado.

Según la queja, este hecho ignora por completo la propia naturaleza del proceso dialógico y restaurativo que se pretende aplicar en la JEP, y parte de una creencia de los abogados de las víctimas actúan de mala fe. Además, la actuación de la magistrada Saldaña estaría desconociendo el hecho que en otras ocasiones, las organizaciones de víctimas sí han podido acompañar estos espacios privados.

“¿Cómo resulta posible que en un escenario extraprocesal participen quienes tienen poder de decisión y escuchen la conversación privada, mientras que el contenido de la misma esté vetado para los representantes judiciales? Esta afirmación parte de una visión desconfiada respecto del papel de las organizaciones acompañantes, insinuando una supuesta mala fe o intromisión indebida, cuando en realidad nuestra labor se ha limitado al acompañamiento respetuoso, informado y empático de las víctimas que lo solicitan, siempre desde una constante comunicación con los despachos y diferentes dependencias de la Jurisdicción”, indicó el Colectivo.

Según la queja, este trato implicó la vulneración derechos fundamentales que deben preservarse también en los espacios restaurativos, como el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la verdad y, de manera particular, el derecho de postulación de las víctimas.

“Esto cobra especial relevancia cuando las víctimas han expresado, de manera autónoma y consciente, su deseo de ser acompañadas por una persona de su confianza, que en el caso de las organizaciones de derechos humanos no se trata solamente de acompañamiento jurídico sino incluso psicosocial. La restricción impuesta a la presencia de sus representantes legales no solo resulta contraria al principio de centralidad de las víctimas, sino que desconoce prácticas previamente aceptadas por la propia Jurisdicción”, agregaron.

Artículo publicado originalmente en: https://cambiocolombia.com/poder/familiares-de-victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-el-huila-radican-queja-contra