Se demandó ante la Corte Constitucional la ley 24 de 1959 en varios de sus artículos, pues los mismos permiten que Colombia y EEUU celebren convenios bilaterales sin el cumplimiento de lo estipulado por la Corte Constitucional para el caso. Dentro de los convenios firmados bajo el amparo de la norma impugnada se encuentra aquel que le otorgó inmunidad a los militares y contratistas norteamericanos respecto de la competencia de la Corte Penal Internacional.