• La reciente decisión de la Comisión Séptima del Senado de la República de archivar la reforma laboral representa un retroceso significativo en los esfuerzos por garantizar derechos fundamentales de la población trabajadora.
• Por segunda vez y en la misma comisión del Senado, se ha bloqueado el avance de una iniciativa que podría haber generado cambios urgentes y necesarios para el bienestar de la población.

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2025. La reciente decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma laboral representa un retroceso significativo en los esfuerzos por garantizar mejores condiciones de vida para la población trabajadora . Por segunda vez en esta comisión, se bloqueó el avance de esta reforma, que  buscaba fortalecer la protección al derecho al trabajo y mejorar las condiciones laborales de millones de colombianos y colombianas, especialmente de los sectores más vulnerables.

De los 22 millones de trabajadores y trabajadoras en Colombia, 14 millones están en la informalidad y sólo 11 millones cuentan con seguridad social y derechos laborales. El archivo de la reforma, refleja una profunda desconexión entre las prioridades del Congreso y las demandas sociales, en tanto, ni siquiera se dio un debate democrático y a profundidad de los pilares de la iniciativa. Primaron los argumentos falaces sobre las razones de justicia social y redistributiva.

“Toda persona que ha tenido que trabajar en las noches, domingos y festivos, reconoce lo absolutamente injusto que tiene el valor de su labor hoy. Reconocemos que la reforma tenía temas de debate y controversia normales en estos trámites; sin embargo, era claro que un punto relevante de esta reforma era recuperar el valor del trabajo nocturno, dominical y festivo perdidos hace más de 20 años y que ocho personas de la Comisión Séptima decidieron enterrar para evitar un verdadero debate amplio sobre el tema”, recalca Aura Rodríguez, secretaría técnica de la Plataforma.

La Reforma Laboral planteada por el  Gobierno tenía como objetivo ampliar la formalidad, recuperar derechos perdidos hace 20 años y frenar el deterioro de los derechos laborales. Esto se enmarca en los principios constitucionales y las recomendaciones internacionales de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Plan de Acción Laboral (PAL).

Entre los pilares clave de la reforma se encontraban:

• Estabilidad laboral, priorizando contratos a término indefinido y protegiendo contra despidos injustificados.
• Recargos y horario laboral, recuperando el valor del trabajo nocturno, dominical y festivo.
• Cierre de brechas, con medidas como licencias de paternidad ampliadas, formalización del trabajo doméstico, inclusión de personas discapacitadas y migrantes, y flexibilización horaria.
• Inclusión de poblaciones históricamente excluidas, como jóvenes, trabajadores rurales, personas en transición energética y quienes laboran en plataformas digitales.
• Sindicalismo, promoviendo la negociación colectiva por sectores y fortaleciendo los derechos de asociación sindical.

Aura Rodriguez, Secretaria técnica de la Plataforma, señaló que “La movilización del día de ayer, refleja la necesidad del pueblo colombiano de reformas sociales que atiendan sus derechos y dignifique su labor.  Como red de derechos humanos, continuaremos en la exigencia de una reforma laboral, acompañaremos la movilización social y las legítimas exigencias de la clase trabajadora de nuestro país.”

Finalmente, para la Plataforma es inaudito que el pueblo tenga que recurrir a los mecanismos de participación ciudadana para formalizar y defender sus derechos humanos, sociales y económicos. Esto demuestra, una vez más, la profunda crisis de representación que vive el Congreso de la República.

Acerca de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD) se concibe como una red plural, convergente y autónoma de más de 140 organizaciones sociales, comunitarias y ONGs de todo el país, que promueve acuerdos entre estas organizaciones en torno a acciones por un modelo de desarrollo basado en la democracia y en la promoción y respeto integral de los Derechos Humanos.