Las ONG y los defensores y defensoras de los derechos humanos que, en Colombia, trabajan sobre cuestiones relativas a la restitución de tierras han sido objeto de numerosas amenazas de muerte en las últimas semanas. Los mensajes amenazadores fueron enviados por paramilitares que se autodenominan Ejército Anti Restitución de Tierras.
“Muerte a todos los miembros de asociaciones, como los sapos que trabajan en la restitución de tierras”, decía un mensaje de correo electrónico enviado por el Ejército Anti Restitución de Tierras el 2 de octubre a la ONG Humanidad Vigente y a otras organizaciones como Fundación Infancia Feliz (FIF) y Colectivo Mujeres al Derecho. En la amenaza se citaban los nombres de ONG, de defensores y defensoras de los derechos humanos y de otras personas que trabajan sobre cuestiones relativas a la restitución de tierras y a los derechos de las mujeres y la infancia en varias regiones de Colombia; además se acusaba a estas personas de pertenecer a la guerrilla y se las calificaba de “narco terroristas de las FARC y ELN”.
Ese mismo día, se envió otra amenaza de muerte, firmada por el Ejército Anti Restitución de Tierras, mediante mensaje de texto a defensores de los derechos humanos y dirigentes de organizaciones campesinas de Carmen de Bolívar, en el norte de Colombia.
Estas amenazas de muerte forman parte de una reciente oleada de amenazas, ataques y homicidios. El 24 de agosto, Rosario Montoya Hoyos, miembro de la FIF, recibió una tarjeta de condolencia por su propia muerte. Unos días después, el 28 de agosto, dos encapuchados entraron en las oficinas de la FIF y golpearon a Sandra Manjarras, directora de la organización, mientras le exigían que les entregara documentos e información.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
– expresando preocupación por la seguridad de la personas y ONG citadas en el mensaje de correo electrónico (véase página siguiente) e instando a las autoridades a protegerlas, de estricta conformidad con los deseos de los propios amenazados;
– pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
– recordando a las autoridades que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998;
– instando a las autoridades a emprender acci
ones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por la ONU y otras organizaciones intergubernamentales.
