Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas del departamento de Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, corren peligro tras haber recibido amenazas de muerte, aparentemente provenientes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El 11 de abril se introdujo una amenaza de muerte por escrito, aparentemente firmada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, bajo la puerta de las oficinas de dos organizaciones de derechos humanos y un sindicato en la ciudad de Cali, departamento de Valle del Cauca: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la seccional de Valle del Cauca del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

La amenaza de muerte iba dirigida a Martha Giraldo de MOVICE-Valle del Cauca, José Milciades Sánchez del sindicato SINTRAUNICOL, Walter Agredo de CSPP, y Wilson Sánchez de CUT, pero citaba además los nombres de 15 personas de CSPP, CUT, MOVICE, los sindicatos SINTRAUNICOL, SINTRAEMCALI y SINTRAMUNICIPIO, y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). En ella se mencionaba también al movimiento social Congreso de los Pueblos, muchos de cuyos miembros han recibido amenazas, y algunos de los cuales han sido víctimas de homicidio.

La amenaza de muerte decía: “Ya venimos exterminando a todas esas ratas gonorreas hijueputas izquierdistas, activistas, defensores de derechos humanos y del proceso de paz, líderes indígenas, militantes del Congreso de los Pueblos, sindicalistas, colaboradores de la guerrilla, ya sabemos cómo es que se camuflan. Declaramos objetivo militar a todos los que se disfrazan de defensores de los trabajadores agrupados en diferentes organizaciones sindicales […] También le recomendamos a la comunidad mantenerse lejos de estas personas, ya que aquel que las acompañe también llevar plomo [sic]”.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

– pidiendo a las autoridades que tomen todas las medidas que las personas amenazadas consideren adecuadas para garantizar su seguridad;

– pidiéndoles que ordenen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre estas amenazas, que hagan públicos

sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

– recordándoles que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, tal como está establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998;

– instándolas a emprender acciones enérgicas para disolver los grupos paramilitares y romper cualquier vínculo que estos grupos sigan teniendo con algunos sectores de las fuerzas de seguridad.

Ver denuncia original: