500 organizaciones sociales indican que pese a los esfuerzos e inversiones realizados en los últimos dos años, han sido más los obstáculos que los avances en lo referente a derechos humanos y democracia.
Por: Javier Patiño C./Publicado originalmente en Cambio
Aunque durante los dos años de la administración del presidente Gustavo Petro se han presentado propuestas para mejorar los problemas a los derechos humanos en el país, hay pocos resultados, según lo expresa el informe “El camino del cambio: avances y tropiezos de la paz, los derechos humanos y la democracia”.
El documento fue elaborado en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEUU) y la Alianza, Organizaciones Sociales y Afines (Alianza), quienes, desde hace 21 años, realizan balances periódicos y presentan recomendaciones a instituciones del Estado para la protección, implementación y garantías del ejercicio de los Derechos Humanos a nivel nacional.
El informe reúne cuatro grandes temas de estos dos años de gobierno: la política social; el derecho a la vida; las regiones urgen un cambio y, los otros poderes del Estado, los Derechos Humanos y el cambio.
“Es innegable que hay una clara intención gubernamental de profundizar en el restablecimiento de los derechos humanos y, prueba de ello, es que, por primera vez, un Plan Nacional de Desarrollo (PND), que muestra la centralidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la amplia participación de los diálogos territoriales. Sin embargo, los resultados siguen siendo muy limitados al carecer de detalles procedimentales en muchas áreas, delegando su desarrollo a futuras leyes o reglamentaciones”, dice el informe.
Las organizaciones destacan que entre 2021 y 2023 la tasa de pobreza monetaria se redujo en 6,7 puntos porcentuales, y, a pesar de estos avances, “los niveles de pobreza y desigualdad en Colombia siguen siendo altos”.
“Si no fuese por las transferencias monetarias, también conocidas como ayudas institucionales, la tasa de incidencia de la Pobreza Monetaria no hubiera sido del 33 por ciento, sino del 37,4 por ciento (4,4 puntos por encima), y la Pobreza Monetaria Extrema no hubiera equivalido al 11,4 por ciento, sino al 16,1por ciento (4,7 puntos por encima)”.
Respecto al derecho a la salud, las plataformas destacan que el Gobierno ha impulsado una reforma a la salud y que “la mortalidad materna disminuyó de 135 en 2023 a 118 en 2024, su nivel más bajo desde 2021”.
Con respecto a los derechos de las personas LGBTIQ+, las organizaciones observaron una reducción del 1,24% en los actos de violencia contra esta población en 2023, a pesar de ello, los homicidios y feminicidios “aumentaron a 156 casos. Ello sin contar con la violencia policial que alcanzó 155 incidentes”.
Al referirse al impacto de las políticas gubernamentales en los derechos del pueblo afrocolombiano, sobresale la aprobación de la ley que establece la Jurisdicción Especial Agraria y Rural, “garantizando jueces especializados en conflictos sobre tierras, fortaleciendo la seguridad jurídica de los territorios afrocolombianos”.
La paz total no arranca
Las organizaciones afirman que en los dos primeros años de gobierno, los procesos de paz han llegado a un punto de estancamiento en las conversaciones y negociaciones con distintos grupos armados, mientras que, se abren nuevos escenarios de diálogo con gran incertidumbre sobre sus posibles logros.
Según las plataformas, la falta de un marco jurídico para el sometimiento de las estructuras criminales sin naturaleza política y la designación de voceros de paz, así como la resistencia política por parte de distintos actores, son factores que han dificultado el avance de la estrategia de paz total del Gobierno.
Destacan las intenciones del Gobierno de mantener activos escenarios de negociación, incluyendo al ELN, la Segunda Marquetalia, el Bloque Magdalena Medio de las disidencias, el Clan del Golfo, los Pachencas, los Comuneros del Sur, y procesos urbanos en Medellín, Buenaventura y Quibdó.
Pero hacen un llamado sobre lo que llaman “el papel errático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que no ha permitido generar certezas sobre el avance de estos procesos. Además, varias instancias creadas por la Ley de paz total, como las regiones de paz y los comisionados regionales, aún no han sido activadas”.
Para las organizaciones, un aspecto positivo es la reciente aprobación del Servicio Social para la Paz que permite a los jóvenes elegir un servicio social remunerado en lugar del servicio militar obligatorio.
Una de las principales solicitudes de las plataformas al Gobierno Nacional es la de reestructurar la política de paz total a partir de “un Acuerdo Nacional para que la paz sea una política de Estado, derecho y deber ciudadano”.
De otro lado, también llaman la atención sobre el cambio que urge en las regiones en las que no se ha consolidado la política de paz total del Gobierno. Por el contrario, “se vive un recrudecimiento de la violencia, impulsado por el fortalecimiento de grupos armados, especialmente paramilitares, como el Clan del Golfo, el cual en regiones como el Caribe ha pasado de tener presencia en seis
municipios en los Montes de María a controlar 16, ejerciendo una gobernanza armada que pone en riesgo a casi 350.000 habitantes”.
Otra de las regiones con más índices de violencia en el país es el Cauca, “con 25 defensores de derechos humanos asesinados en 2023, y 21 líderes sociales y 8 firmantes de paz asesinados entre enero y agosto de 2024. La población indígena ha sido la más afectada”.
Dificultades en el Congreso
Los integrantes de la plataforma reconocen que en el Congreso se tramitaron 747 proyectos de ley entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República. A pesar de ello, solo el 7,36 % de estas iniciativas fueron aprobadas.
“En lo que respecta a derechos humanos se pueden mencionar proyectos clave como la Ley Estatutaria de Educación, la prohibición del fracking, la reforma laboral y la Ley de Víctimas, los cuales fueron hundidos frenando significativamente el avance de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, afirma el documento.
Para las organizaciones, solo seis de las leyes aprobadas tienen un impacto directo en la protección de los derechos humanos, entre ellas la reforma pensional, la ley de matrícula cero en la educación superior y la ley de pasivos ambientales.
Obstáculos del poder judicial
El documento afirma que las Altas Cortes juegan un papel importante puesto que, el poder judicial evidencia “una actitud cada vez más politizada en pro de los intereses de los más privilegiados y de los sectores dominantes, con la cual las cortes vienen abandonando el rol de garantes de derechos de la mayoría y de la dignificación de los sectores excluidos y vulnerados, y priorizado una recortada e interesada visión de la democracia”.
En su opinión, la intención de, aparentemente, apoyar las decisiones de la Procuraduría, la Corte Constitucional (CC) “no dudó en avalar la reforma al Código Disciplinario propuesta por la procuradora Cabello para mantener sus facultades de sancionar con destitución e inhabilitación a dichos funcionarios, vulnerando fallos internacionales de la Corte Interamericana de DDHH, que por mandato
constitucional son de obligatorio cumplimiento”.
De otro lado, indican que el Consejo de Estado suspendió la Directiva 08 de 2022 del presidente que buscaba eliminar la práctica tradicional de entidades públicas de celebrar múltiples contratos de prestación de servicios con una misma persona.
Propuesta de solución
Al Gobierno nacional le sugieren una reestructuración de la Política de paz total. “El Gobierno nacional debe insistir y orientar esfuerzos para lograr un Acuerdo Nacional en torno a la paz como Política de Estado, derecho y deber ciudadano”, así como el armonizar la implementación del Acuerdo Final de Paz con otros procesos de diálogo.
Las organizaciones también insisten en avanzar de manera efectiva “en una reforma integral del sector seguridad que garantice el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y en la implementación de órdenes judiciales internacionales relacionadas con actividades de inteligencia y contrainteligencia, y la inclusión de acciones afirmativas de género”.
Además, recomiendan continuar con la reestructuración del SISBEN, el Sistema Nacional de Estratificación Socioeconómica y el Sistema Nacional de Transferencias, “avanzando hacia la disminución de las brechas socioeconómicas y de la desigualdad, mejorando el uso, eficacia y transparencia de los recursos públicos”.
De igual manera piden continuar con la reactivación del Proceso Nacional de Garantías, “garantizando las condiciones para su permanencia en el tiempo, la efectividad en el cumplimiento de sus objetivos, y el funcionamiento y presencia de todas las entidades del Gobierno y del Estado, estableciendo rutas de acción interna y articulación interinstitucional”.
Piden fortalecer la Defensoría Delegada para Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno y para los Derechos de la Población en Movilidad Humana. “Este fortalecimiento debe priorizar el acceso a la justicia, la reparación integral y la protección de los derechos humanos en el marco de la movilidad humana, tanto a nivel regional como nacional”.
A la Procuraduría le solicitan desarrollar efectivamente sus funciones preventivas y disciplinarias sobre las personas que ejercen la función pública “señalados de tener relacionamientos con organizaciones criminales, en especial grupos paramilitares, en el marco de la política de desmantelamiento”.
Así mismo, a la Fiscalía le piden “rediseñar de manera integral las estrategias de investigación sobre crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales”, ello con el fin de que se adelanten de forma idónea, integral, con celeridad y eficaz, identificando responsables más allá de la ejecución material e indagando determinadores, coautores, cómplices y beneficiarios de orden político y financiero.
También pensar en “crear estrategias para atender e investigar violencias basadas en género de manera participativa e integral”, “fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas para la Reacción Rápida, asegurando una identificación oportuna de los riesgos sobre la población civil y ampliar y fortalecer el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, “garantizando sus derechos en instancias administrativas y judiciales”.
Fotos y artículo de Cambio: https://cambiocolombia.com/poder/balance-agridulce-de-derechos-humanos-del-gobierno-del-presidente-gustavo-petro