La Comisión interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el 157 periodo de sesiones de la CIDH, destaca las soluciones amistosas logradas entre el Estado colombiano y las víctimas en los casos de la Masacre de Trujillo, y el homicidio de Omar Zúñiga y torturas de su madre, la señora Amira Vásquez de Zúñiga.
Ambos trámites fueron acompañados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el caso de la Masacre de Trujillo, también por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Los acuerdos de solución amistosa ya han tenido avances a través de actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano, y comprenden una serie de medidas de justicia y reparación integral para las víctimas que deberá cumplir el Estado ante el Sistema Interamericano.
La CIDH destaca estos acuerdos en los siguientes términos:
Durante el 157 Periodo de Sesiones se firmaron 3 actas y dos acuerdos de solución amistosa. En el Caso 12.541, Omar Zúñiga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, actuando en representación de las víctimas, y el Estado colombiano, firmaron un acuerdo de solución amistosa, en un acto solemne que contó con la presencia de uno de los familiares de la Omar Zúñiga.
Adicionalmente, se resalta como positivo, la suscripción del acuerdo de solución amistosa en el Caso 11.007 Masacre de Trujillo, entre el Estado colombiano y la Corporación Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en representación de las víctimas. El caso se refiere una serie de amenazas, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 28 de octubre de 1988 y el 5 de mayo de 1991 en el municipio de Trujillo, en el Valle del Cauca.
El acuerdo de solución amistosa alcanzado entre las partes incluye el reconocimiento de nuevas víctimas de los hechos, la creación de un Grupo de Trabajo especial para la investigación de los hechos; un acto de conmemoración de los hechos, la creación de un documental audiovisual de reivindicación de la memoria de las víctimas y la creación de un Plan Integral de Prevención de Violaciones de DDHH e Infracciones del DIH en el municipio de Trujillo, además de compensaciones económicas a los familiares de las víctimas de los hechos acaecidos en Trujillo.
El acuerdo alcanzado en este caso es considerado por los peticionarios como un avance histórico para la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición para el movimiento de víctimas, visión que es acompañada por la CIDH.
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