La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá acaba de dejar en firme una de las recientes condenas por el asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro, crimen perpetrado el 26 de abril de 1990.
En segunda instancia, los magistrados del tribunal confirmaron que el exagente del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz deberá pagar 20 años de prisión por su participación en los hechos que rodearon el crimen.
Esa mañana, el máximo líder del desmovilizado M-19 viajaba de Bogotá a Barranquilla en su gira de campaña a la primera magistratura del Estado. Antes de que el avión despegara, Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Yerri disparó contra su cuerpo, dándole muerte inmediata.
Las investigaciones han revelado que Jaime Ernesto Gómez, quien el día los hechos ejecutó a Jerry, habría hecho parte de una compleja estructura criminal que se valió de los recursos del extinto DAS para vigilar los movimientos de Carlos Pizarro, propiciar su homicidio y encubrir el crimen.
En ese complejo plan también habrían participado otros exagentes del extinto organismo. Este asesinato fue uno de varios hechos de este tipo cometidos contra importantes líderes políticos y sociales del movimiento M-19 y de partidos de oposición, como la Unión Patriótica.
El reciente fallo, de 40 páginas, retoma la teoría del caso de la Fiscalía: “Gómez Muñoz, como detective del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), participo del complot criminal entre la organización de las autodefensas al mando de los hermanos Castaño Gil y el DAS, infiltrando su esquema de seguridad, con el único fin de dejar el hecho en la impunidad por asesinar al sicario que dio muerte a Pizarro, con una mini ingram en ráfaga, comprada en el mercado negro, e implantada en la aeronave con el único propósito de usarla en contra del candidato presidencial, Modus operandi propio de las autodefensas al mando de Fidel Castaño, con el cual arremetieron en contra de sus víctimas, usando a un sicario debidamente entrenado a quien denominaban ‘suizo’, que posteriormente era asesinado por reacción inmediata del escolta, según lo planeado, para no levantar sospechas, ante la reacción normal de un escolta, contubernio del cual hizo parte el enjuiciado, de modo que existiendo una resolución común al hecho, en virtud del principio de la imputación recíproca, lo que haga uno de los coautores es extensible a todos los demás”.
En 2014, con la información y la priorización de los magnicidios en la Fiscalía, Gómez fue vinculado al caso. En 2017, el ente investigador ordenó capturarlo, imputarlo y acusarlo. Cuando finalizó su juicio, en 2023, la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas pidieron condenarlo. Gómez también intentó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pero fue rechazado en marzo de 2022. Gómez y su abogado podrán interponer un recurso para que eventualmente la Corte Suprema revise su proceso.