• María Cenaida, madre de dos niñas, fue asesinada el 26 de septiembre de 2008, a manos de quienes tenían el deber de protegerla.  
• La joven de 28 años hacía el desayuno para su esposo e hijas cuando fue impactada por un proyectil disparado por integrantes del Ejército, quienes, por orden irregular de un mayor, intentaban matar el ganado de la finca de esta familia campesina.
• Los hechos destruyeron a esta familia: la mujer murió con el dolor de no poder criar a sus hijas, las pequeñas no pudieron disfrutar del amor de su madre y su esposo nunca superó el duelo de perder al amor de su vida.

Bogotá, 28 de mayo de 2024. Luego de 16 años del homicidio de María Cenaida Leguizamón Mora, una joven de 28 años y madre de dos pequeñas niñas, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsable al Ejército Nacional de Colombia por estos hechos y reconoció los daños y las afectaciones padecidas por su esposo, hijas, padres y hermanos. 

La decisión del Consejo de Estado determinó que los militares del Batallón de Infantería No. 28 incurrieron en un uso desproporcionado de sus armas de dotación y que desatendieron las instrucciones de coordinación de la misión táctica. 

El homicidio de la señora María Cenaida Leguizamón dejó a dos niñas, en ese entonces de 3 y 8 años, sin su madre y a un esposo sin el amor de su vida. Desde el momento de los hechos, el señor Fernando Riascos inició un proceso de búsqueda de verdad y justicia, lo que ocasionó su desplazamiento forzado y ser víctima de amenazas por haber denunciado lo ocurrido. 

“Ella era el regalo más grande que Dios me había dado (…) Su última mirada fue de dolor por no poder criar a sus hijas (…) Con ella se fue todo, la vida se despedazó. (…) Lo más doloroso es que el Ejército no reconozca lo que hizo; al no haber reconocimiento, quiere decir que se seguirá haciendo, va a haber repetición en la gente, y eso me duele en el alma (…) lo que uno busca es justicia,” indicó Fernando Riascos.      

Y es que, aunque este es un primer avance en la materialización del derecho a la reparación de las víctimas, todavía persisten obstáculos en el esclarecimiento de la verdad plena y el acceso a la justicia. Actualmente, este caso se encuentra en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin que los responsables, que se encuentran debidamente identificados, hayan sido llamados a reconocer su responsabilidad por lo sucedido. 

“Ella fue asesinada por integrantes del Ejército Nacional, quienes además invadieron sus predios y buscaban apropiarse de los animales que ellos tenían. Después de 16 años el Consejo de Estado se pronuncia; reconocemos esto como un avance en el derecho a la reparación integral. Sin embargo, seguimos exigiendo la verdad plena y la justicia, pues los responsables de este crimen aún no han sido condenados y, al contrario, intentaron dilatar el mecanismo de justicia (…) Hoy están ante la JEP y esperamos que allí acepten lo ocurrido, que reconozcan que es un crimen de lesa humanidad y pidan perdón a las hijas, al esposo y a la sociedad en general”, señaló Yessika Hoyos, Presidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), representante de las víctimas.    

En este sentido, el Cajar hace un llamado a la JEP para que active todas sus facultades, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en este caso y la superación de todas las barreras que lo han mantenido en la impunidad por casi dos décadas, pues, mientras esta persista, no se puede hablar de una reparación integral. Lo anterior, atendiendo a que se trata de un crimen de lesa humanidad.  

Un crimen de Estado 

Los hechos por los que hoy se responsabiliza al Ejército ocurrieron el 26 de septiembre de 2008, cuando militares ingresaron a la finca “Las Palmas”, ubicada en el municipio Güerima, en Vichada, de propiedad de la familia Riascos Leguizamón, y dispararon de manera indiscriminada en contra de la vivienda de la familia. Lamentablemente, al escuchar los disparos, María Cenaida, quien tenía a su hija menor en brazos, salió de la casa y fue herida por uno de los proyectiles.  

Para agravar la situación, los uniformados no adoptaron ninguna medida para salvarle la vida y, por el contrario, pretendieron señalar que María Cenaida había sido dada de baja en combate, versión que fue desmentida gracias a las denuncias públicas de su esposo.