El pasado 12 de febrero del año en curso se desarrolló una visita humanitaria al centro penitenciario y carcelario de Mocoa, Putumayo, aprobada y apoyada por el Inpec en cabeza de la directora Sandra Bastidas Madroñero. La Red de DDHH del Putumayo cuenta con una base de datos que incluye una lista de casi 60 prisioneros políticos, esta lista se remitió con anterioridad a la dirección del INPEC en Mocoa para efectos de coordinar la identificación y lograr una reunión con los recluidos al interior de dicho centro penitenciario. Después de todos los protocolos de seguridad y requisas a los defensores integrantes de la Red de DDHH, para generar confianza y permitir que la actividad se continuara desarrollando, lograron trabajar con los prisioneros durante alrededor de una hora, tiempo que se aprovechó para discutir temas de actualidad nacional y preparar mecanismos de capacitación interna y atención inmediata en términos de salud, recreación y autoformación.

En este sentido se debe anunciar que se hicieron algunos compromisos que, en aras de generar apoyo y continuar con la solidaridad nacional e internacional con los prisioneros políticos y la asesoría jurídica según el caso, se comparten a continuación:

La cárcel está diseñada para la reclusión de 400 presos ya condenados, en cada municipio deben haber cárceles para los sindicados según el caso y según la Norma, sin embargo en estos momentos en el Centro Penitenciario y Carcelario de Mocoa se encontraron alrededor de 800 prisioneros y más del 50% de hacinamiento entre sindicados y condenados. Esta situación tiene a la Directora Bastidas bastante preocupada en términos de recursos para el sostenimiento y atención frente a las políticas departamentales y nacionales carcelarias, pues no recibe el apoyo significativo que corresponde. Se encontró, según el testimonio de los prisioneros, que al interior se presenta una crisis de alimentación y atención en salud, y se deberá buscar el mejor mecanismo para impulsar y mantener el fortalecimiento de programas y proyectos para suministrar el material didáctico necesario en los salones de formación y mejorar los espacios de recreación, en los que se incluya la ampliación de la infraestructura carcelaria y los patios.

La Directora Bastidas manifestó que se necesita con urgencia dotar de botiquines y diferentes suministros médicos de atención primaria y de urgencias extras ya que las actuales no dan abasto por la cantidad de reclusos en hacinamiento; así mismo se requiere dotación de colchonetas y frazadas. Se está solicitando a la población en general, a los entes competentes y en especial a las plataformas nacionales e internacionales de solidaridad con los prisioneros políticos y de derechos humanos, incluir dentro de sus agendas y gestiones esta grave situación para que de manera conjunta se busque una pronta solución.

En esta visita humanitaria, mientras se conversaba con los internos, se recibieron varias inquietudes a resolver:

a. Teniendo en cuenta que en este Centro Penitenciario solo hay dos patios, se enfrentan los prisioneros políticos a una disgregación en pequeños grupos y una desarticulación como colectivo de prisioneros políticos que afecta el acceso a los espacios que están diseñados para la vida colectiva en prisión, tales como los horarios de estudio, preparación de defensa y acciones jurídicas. De esta manera se está obstruyendo su derecho de asociación, información y organización. Por lo mismo se pide material de estudio y trabajo actualizado que, preferiblemente, sea suministrado a la par de una adecuación de un lugar donde se pueda proyectar información audiovisual y acceder a material didáctico, entre otros.

b. En aras de fortalecer el intercambio de los prisioneros políticos para generar espacios de discusión, estudio y trabajo conjunto con la formación en derechos humanos, y mejorar las condiciones y calidad de una vida digna, participar en proyectos productivos; los presos al interior del Centro Penitenciario insisten en la necesidad de que se designe un patio para prisioneros políticos, o que se unifiquen en el mismo. Se debe tener en cuenta que otros prisioneros no hacen parte de la misma composición social y política y que al interior se presentan problemas que agravan la crisis en términos de disciplina, convivencia y seguridad.

Se debe mencionar el hallazgo o la situación más grave que se presenta al interior del Centro Penitenciario y Carcelario de Mocoa en términos de salud mental y física que atenta contra la vida digna de los prisioneros políticos y de los reclusos en general: se trata del caso de Omar Gilmer Gómez Valdés, condenado por rebelión, quien presenta un cuadro médico crítico consistente en la érdida de la vista, amputación de la mano derecha y un oído altamente infectado; el señor Omar no ha sido atendido y es un prisionero que requiere con urgencia tratamiento médico. El prisionero fue traslado desde el Centro Penitenciario Modelo en Bogotá, para darle una mejor atención y para facilitar el acompañamiento de sus familiares que viven en el departamento, pero actualmente por congestión judicial, el Juzgado de Ejecución de Penas no se ha pronunciado de fondo sobre el otorgamiento del subrogado penal de prisión domiciliaria por su grave estado de salud. Como él son alrededor de 15 prisioneros con problemas de virosis e infecciones severas que necesitan con urgencia medicamentos acordes para su atención, además de un adecuado tratamiento continuo por parte de las instituciones prestadores de salud públicas, que prevenga, promueva y rehabilite la situación de las personas privadas de la libertad; así como un programa diferenciado para la salud de las mujeres, las personas con discapacidades, adultos mayores y otro grupos poblacionales para identificar.

Cabe mencionar que la crisis en derechos humanos que presenta en estos momentos el Centro Penitenciario y Carcelario de Mocoa afecta a todos los internos ya que en dichos centros se debe mantener el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.

La Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario en su Artículo 17 manifiesta que: En los presupuestos municipales y departamentales se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios. Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo.

De esta manera se espera que los mencionados en el anterior artículo (Alcaldías y Gobernación) permitan conocer y tramitar ante la Directora del Inpec respuestas presupuestales que garanticen el funcionamiento de los centros carcelarios teniendo en cuenta que la Sandra Bastidas Madroñero se ha acercado a algunas alcaldías las cuales han hecho caso omiso a la situación.

La Red de Derechos Humanos del Putumayo tiene como uno de sus principios fundamentales velar y acompañar cada una de las situaciones que hombres y mujeres del departamento viven en términos de violación a sus derechos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario sin distinción de raza, sexo, religión o pensamiento; por lo tanto se espera que este informe se reciba en las instancias correspondientes con el mayor de los agrados y se le preste atención inmediata ya que hace parte de los primeros y principales pasos para la construcción de paz con justicia social.

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