Bogotá, 9 de agosto de 2024. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), saluda la decisión del presidente de la República Gustavo Petro de presentar una terna de mujeres para el cargo de Defensora del Pueblo.  Después de 32 años de existencia del principal organismo de protección de derechos humanos, por primera vez la entidad será dirigida por una mujer.  Es un reconocimiento al movimiento de derechos humanos y de mujeres, que haya seleccionado tres mujeres con experiencia, conocimientos y compromiso con la paz y los derechos humanos. 

También queremos relevar el proceso de postulación pública que precedió la construcción de esta terna, así como la posibilidad de presentar observaciones ciudadanas a las postulaciones, aspectos que también por primera vez, dotan de transparencia y participación al proceso.  

Destacamos, la inclusión en la terna de nuestra actual vicepresidenta, la abogada Jomary Ortegón Osorio, quien, con más de 20 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos, seguramente desempeñará un rol fundamental dirigiendo uno de los principales órganos de control del país. 

Su vida profesional ha transcurrido en el movimiento social y de derechos humanos, representando víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a nivel nacional e internacional; ha litigado en más de 60 casos ante la CIDH y Corte IDH; ha presentado numerosas acciones constitucionales en materia de construcción de paz, DD.HH y derechos de las víctimas y ha llevado la voz de las plataformas de derechos humanos en diversos espacios de producción normativa y de políticas públicas relacionadas con garantías para la labor de defensa de los DD.HH, derecho a la protesta social y construcción de paz. 

Jomary es una mujer comprometida con la paz, con la justicia social y la superación de la impunidad en graves violaciones de derechos humanos. Como  compañeras, compañeros y colegas, estamos convencidos de que en sus manos esta importante Entidad se reencaminará hacia el cumplimiento de sus funciones constitucionales de defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.