• • Hoy queremos exaltar la labor de las víctimas de crímenes de Estado y reconocer la memoria como derecho, como  herramienta de resistencia y como muestra de dignidad.
  • El 9 de abril, , alude al asesinato en 1998 de Jorge Eliécer Gaitán a manos de sectores conservadores (23 de enero de 1898 – 9 de abril de 1998).  #FueUnCrimenDeEstado
  • La Corte IDH ha adoptado 33 sentencias en las que reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como masacres, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Colombia, 9 de abril de 2025. En el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, consagrado por la Ley 1448 de 2011, desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE– volvemos a señalar con claridad lo que durante años se ha querido ocultar: la criminalidad de Estado y la violencia sociopolítica no son hechos excepcionales ni errores del pasado, sino expresiones sistemáticas de un modelo de poder que ha utilizado el terror como herramienta de control social y político.

Esta fecha no puede limitarse a un acto simbólico ni a declaraciones vacías de compromiso. Esta fecha representa una oportunidad para interpelar al Estado y a la sociedad sobre el lugar que ocupan las víctimas en la construcción de la democracia. Es un llamado a reconocerlas no como figuras pasivas del dolor, sino como sujetas políticas que han sostenido la dignidad en medio del horror y que exigen transformaciones estructurales. A pesar de los discursos oficiales sobre reconciliación, las víctimas siguen siendo desplazadas de los espacios donde se definen las políticas de paz, sus memorias han sido censuradas y sus demandas sistemáticamente ignoradas. Esta exclusión no es un error técnico: es una estrategia política que perpetúa la impunidad, distorsiona la historia y obstaculiza la posibilidad real de una paz con transformaciones. 

Hoy es crucial recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido 33 sentencias condenatorias que evidencian un patrón de criminalidad estatal en Colombia. Este tribunal ha declarado la responsabilidad internacional del Estado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario: masacres, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales han sido utilizadas como mecanismos para imponer un orden funcional a los intereses de las élites políticas y económicas del país.

La sistematicidad de estas violencias ha sido reiteradamente reconocida por la Corte IDH, como en el caso CAJAR vs. Colombia (2024), donde se documentó el uso ilegal de la inteligencia estatal para hostigar y obstaculizar el trabajo de defensa de los derechos humanos. También han sido fundamentales las decisiones sobre desapariciones forzadas de los años noventa, como los casos de Jhon Ricardo Ubaté, Gloria Mireya Bogotá y Pedro Julio Movilla, así como el fallo a favor del pueblo U’wa, que reafirmó la responsabilidad estatal por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas ante proyectos extractivos.

A pesar de las órdenes concretas emitidas por la Corte –como reformar la Ley de Inteligencia o garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas–, el Estado colombiano ha mostrado un alarmante nivel de incumplimiento, perpetuando así el ciclo de impunidad y negación.

Frente a estas verdades, los sectores más reaccionarios han desplegado múltiples estrategias para imponer una narrativa oficial que minimice o distorsione la responsabilidad del Estado en la guerra. Esta disputa por la memoria pretende silenciar los relatos que denuncian los crímenes de Estado y restringir el reconocimiento de la violencia colectiva sufrida por miles de personas en el país. La censura se convierte, así, en una prolongación de las prácticas históricas que buscan borrar toda iniciativa que cuestione las estructuras del poder.

Ejemplos como la Operación Orión o las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez ilustran cómo, pese a su impacto devastador y al rechazo de las víctimas y de la sociedad civil, las fuerzas conservadoras insisten en minimizar y deslegitimar estas denuncias.

Finalmente, desde el MOVICE saludamos y nos solidarizamos con todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica en Colombia. A ellas, y a sus procesos organizativos, les extendemos un abrazo fraterno. Reconocemos su resistencia, su dignidad y su incansable lucha por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Sus voces y sus luchas son fundamentales para la construcción de una paz con justicia social y para mantener viva la memoria frente a quienes insisten en el olvido.

Foto: Movice