ANTECEDENTES
Las comunidades del municipio de Montecristo, ubicado en el sur de Bolívar, han sido históricamente excluidas por parte del Estado colombiano, por tanto, diversidad de derechos fundamentales y necesidades básicas, no se satisfacen en sus territorios, por lo que las personas han tenido que vérselas para garantizar su supervivencia. Lo anterior ha hecho que la insurgencia haya históricamente encontrado un terreno favorable para el desarrollo de su estrategia político-militar, lo que a su vez fundamenta la presencia estatal, mayoritariamente a través de las fuerzas militares y de policía, pero pocas veces a través de políticas públicas con enfoque social. Es así, que los liderazgos comunitarios y gremiales, han sido perseguidos constantemente por la fuerza pública, como se evidencia en denuncias hechas por Aheramigua, por ejemplo, cuando en el 2014 detuvieron ilegalmente a los compañeros Ubalfredo Ruiz y Beiro Calvos por ser supuestamente guerrilleros de las FARC-EP.
HECHOS
El día de ayer, 8 de octubre, en el corregimiento de Puerto España, municipio de Montecristo, Bolívar, los miembros de las Juntas de Acción Comunal del Caribona (subregión que comprende tres cuartas partes del municipio), se dirigían a una reunión convocada para tratar el tema de las licencias de explotación y transporte de madera, las cuales se encuentran congeladas desde hace varios meses a causa de las investigaciones que recaen sobre la CAR del sur de Bolívar por corrupción; tales congelamientos de licencias ambientales han afectado la vida digna de las comunidades y varios derechos fundamentales conexos a ésta.
Al terminar la reunión, aproximadamente a las 2:30pm, militares adscritos al Batallón Nariño y comandados por el Sargento Primero Conrado, detuvieron de manera ilegal al compañero Almed Uparela Barrios y a la compañera Leiman Ester Barroso Mejia, miembros de Aheramigua, señalándolos de pertenecer al Frente 37 de las FARC-EP, incautándoles también de manera ilegal, documentos privados en donde se encuentran consignadas las reuniones a las que ha asistido en calidad de secretaria de la Asociación de Madereros del Caribona, además de información personal de las comunidades, líderes sociales y asociados.
Los compañeros fueron puestos en libertad, pasadas las 5:00pm.
EXIGIMOS
1. Al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa, que de inmediato tomen las acciones necesarias para garantizar la efectividad de los derechos civiles y políticos a la comunidad de Montecristo, Bolívar.
2. Al Gobierno local, departamental y nacional desarrollar programas que garanticen el derecho a la Vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la libre movilidad, y al acceso a la justicia.
3. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Fiscalía General y a las demás autoridades pertinentes se investiguen los hechos aquí denunciados.
SOLICITAMOS
1. A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano.
2. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento a las organizaciones sociales que son estigmatizadas por el Estado colombiano.
3. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos se pronuncien frente a la situación.
RESPONSABILIZAMOS:
Al Estado colombiano como único responsable de la garantía y protección de los derechos humanos.
A la alcaldía de Santa Rosa, Bolívar, como ente territorial que debe velar por la protección de la comunidad.
A las autoridades nacionales, departamentales y locales de cualquier situación que se pueda presentar luego de la promulgación de esta denuncia, y de las respectivas acciones jurídicas que se emprendan.