Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Febrero 3 de 2006. Luego de 7 años, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, dictó el pasado 30 de enero medida de aseguramiento contra Iván Roberto Duque, mejor conocido como “Ernesto Báez” por los delitos de sedición y secuestro extorsivo en el caso de Piedad Córdoba Ruiz. No obstante, su orden de captura se encuentra suspendida según la resolución 233 de 2004 expedida por la Presidencia de la República, hasta el próximo 30 de junio del año en curso, dado el actual proceso de negociación que se adelanta con los paramilitares. Así mismo, la Fiscalía dispuso su prohibición para salir del país.

Ese día, 21 de mayo de 1999, la entonces senadora Piedad Córdoba, fue secuestrada por varios hombres y una mujer fuertemente armados, que ingresaron al Centro de Ortopedia donde se encontraba. Cuatro días después fue liberada, con posterioridad a que Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia asumiera su responsabilidad.

Ese día, 21 de mayo de 1999, la entonces senadora Piedad Córdoba, fue secuestrada por varios hombres y una mujer fuertemente armados, que ingresaron al Centro de Ortopedia donde se encontraba. Cuatro días después fue liberada, luego que que Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia asumiera su responsabilidad.

En efecto, Castaño además de su asumir su responsabilidad en un comunicado público dirigido al entonces Andrés Pastrana en su calidad de Presidente de la República, le solicitaba su autorización para realizar un encuentro con los miembros del Consejo de Paz y el Congreso de la República, con el fin de debatir la participación de dicho grupo armado ilegal en el proceso de paz que se adelantaba.

Para la Fiscalía es claro que dicho secuestro extorsivo tuvo como fin un carácter meramente político, con el cual se intentaba presionar al gobierno para que un representante de las AUC, entrara a la mesa de negociación que por esos días se adelantaba con las FARC, buscando un reconocimiento de estatus político que dicho gobierno no estaba dispuesto conceder.

Báez declarado dentro del proceso como persona ausente, se encuentra plenamente reconocido dentro de la investigación penal como autor intelectual del secuestro, de conformidad con las pruebas allegadas a la misma y que fundamentaron esta decisión.

Por su parte, Castaño fue llamado a juicio, el 9 de noviembre de 2004 en calidad de autor intelectual del secuestro, decisión apelada por su defensor, sin que hasta la fecha exista resolución del recurso.

No obstante, la representación de la parte civil no comparte, como lo ha manifestado en varias oportunidades, la aplicación del delito de sedición en el caso. La decisión implica, el reconocimiento de estatus de delincuente político a paramilitares, que como Báez, han cometido crímenes de lesa humanidad.

Báez se desmovilizó el pasado mes de diciembre, junto con aproximadamente 2 mil hombres y mujeres, miembros del Bloque Central Bolívar, de quien era comandante. Su grupo hacía presencia en once departamentos con un pie de fuerza entre 7 y 8 mil combatientes.