Bogotá, 20 de enero de 2025. La realización de la segunda sesión de la Mesa Nacional de Garantías para la labor de la defensa de los derechos humanos llevada a cabo el 15 y 16 de enero de 2025, contó con la presencia de alrededor de 150 personas delegadas de los espacios autónomos de 24 Mesas Territoriales de Garantías, vocerías de las 3 plataformas de derechos humanos, representantes de delegaciones de embajadas de 16 países, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, el Programa Somos Defensores, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), así como con la presencia del Ministro del Interior, el Consejero Comisionado de Paz, el Director de la Unidad Nacional de Protección, la Consejera Presidencial para los DDHH, Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Defensora del Pueblo y funcionarios y funcionarias estatales con competencia en la materia del Ministerio de la Defensa, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación.

Resaltamos en esta oportunidad el acompañamiento de una numerosa delegación de la comunidad internacional, quienes manifestaron su solidaridad con la comunidad defensora de derechos humanos.

Esta sesión de la Mesa Nacional de Garantías, tenía como propósito, promover el debate y concertación de medidas que permitieran articular el desarrollo de los procesos de implementación de la paz con las urgentes garantías de seguridad para los liderazgos sociales y de defensa de los derechos humanos. Igualmente, se esperaba concertar acciones para contribuir a la superación de la crisis humanitaria que persiste debido a la expansión de organizaciones criminales y grupos ilegales, como la estructura paramilitar del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), los grupos posacuerdo (disidencias), la guerrilla del ELN, bandas y alianzas criminales.

Sin embargo, los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas dado que las respuestas a los derechos de petición y las intervenciones de las entidades en las MNG continúan sin abordar los nudos estructurales que han sido expuestos por las plataformas. Este enfoque fragmentado impide que las discusiones avancen hacia soluciones integrales y sostenibles, limitando la posibilidad de un abordaje efectivo de las problemáticas planteadas por parte de la Mesa Nacional de Garantías.

Reconocemos la presencia hasta el final de la sesión y la disposición al diálogo del Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, con quien se acordó una agenda de diálogo sobre el cambio del modelo de protección para garantizar el ejercicio de los liderazgos sociales garantizando la incorporación de los enfoques diferenciales y de género requeridos. En relación con el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se lograron acuerdos aunque no los esperados para la sesión, en parte debido al retraso en el inicio de la agenda ocasionado por su llegada tardía. Este imprevisto redujo el tiempo disponible para el diálogo y limitó la posibilidad de alcanzar consensos más sólidos con ésta y las demás  entidades presentes, a pesar de los esfuerzos realizados durante el encuentro.

Lamentamos la actitud displicente, desafiante y la poca apertura al diálogo del Consejero Comisionado de Paz, sr. Otty Patiño, quien había cancelado su participación en dos sesiones anteriores y en la que hizo presencia no tuvo disposición recibir de las organizaciones una lectura territorial crítica acompañada de propuestas.  Pero más aún, resulta incomprensible su afirmación de que en nuestro país no existe un conflicto armado, lo que choca con uno de los principales reclamos de las comunidades y es la exigencia de respeto al Derecho Internacional Humanitario y la suscripción de ceses multilaterales y acuerdos humanitarios, en el desarrollo de las hostilidades que están en aumento.

La evidente negativa al diálogo del señor Consejero, evitó que se cumpliera el principal objetivo del espacio, que era concertar acciones para que en los nueve procesos de diálogo con grupos armados, se brindarán garantías para las personas defensoras y liderazgos sociales en los territorios; se pactara la participación de las organizaciones en las acciones de monitoreo y verificación del cese al fuego; y se insistiera en todos los procesos en que los actores armados cumplan las normas humanitarias en favor de las comunidades.  Frente a las propuestas y reclamos, el Consejero de Paz, respondió con descalificaciones, nula voluntad de atender las demandas presentadas, autosatisfacción con los logros alcanzados que no se compadece con la realidad de los territorios y que minimiza la gravedad de la crisis humanitaria en el país.  En plena intervención de las y los voceros territoriales y pese a la solicitud expresa para que el señor Comisionado se quedará hasta el final de la sesión, este abandonó el espacio.  Ello es un reflejo del manejo autocrático que hasta ahora se ha dado a los distintos procesos, en desconocimiento de la participación de las víctimas, comunidades y organizaciones de derechos humanos. A su vez, fue desafortunada la ausencia de la Fiscal General de la Nación, lo que derivó en que la Mesa no logrará concertar ningún acuerdo con la entidad.

El Proceso Nacional de Garantías, las vocerías territoriales de garantías, las plataformas de derechos humanos y el Programa Somos Defensores, mantenemos firme nuestra voluntad de seguir dialogando y concertando con las autoridades estatales para que se implementen las medidas de seguridad y protección que demandan las comunidades y los liderazgos sociales, reconociendo los riesgos particulares que enfrentan y su amplia diversidad, y que constituyen una obligación estatal, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-546 de 2023.

Esperamos que el cronograma acordado para los futuros desarrollos del Proceso Nacional de Garantías se lleve a cabo sin dilaciones ni pretextos. Seguimos confiando en que el Presidente de la República pueda disponer orientaciones para que las distintas autoridades y ministerios con funciones relativas al desarrollo de los procesos de paz y la protección a las comunidades y sus liderazgos se articulen entre sí, muestren mayor apertura al debate, disposición a la escucha y concertación de acciones requeridas por parte del movimiento de derechos humanos y las organizaciones que luchan por la garantía de los derechos de sus comunidades. Solo de esta forma, la Política de Paz Total, abrirá la posibilidad de entornos ciertos y efectivos para la vida, libertad y labor de las personas y organizaciones que defienden, luchan y se movilizan por alcanzar una sociedad en paz con vigencia integral de los derechos humanos para todos y todas.

Finalmente las plataformas de derechos humanos, las vocerías territoriales de garantías, el Programa Somos Defensores y el Movimiento  Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, expresamos nuestra solidaridad con la población y organizaciones del Catatumbo; y exigimos al ELN y al Frente 33 del Estado Mayor de Bloques para que respeten la vida e integridad de la población civil, de los líderes, lideresas y firmantes de paz de la región y para que cesen todas las agresiones e infracciones al DIH que se vienen cometiendo y que tienen sumida a la región del Catatumbo en una grave crisis humanitaria.

Es indispensable que sean acogidas las peticiones de los procesos sociales de la región: Comité de Integración Social del Catatumbo – CISCA, Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, Movimiento por la Constituyente Popular – MCP y la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo – ASUNCAT, quienes han señalado la urgencia del cese al fuego, respeto por el DIH y garantías de protección para la sociedad civil y sus liderazgos.  Igualmente, el Estado colombiano debe garantizar la atención integral a las familias desplazadas y confinadas en los territorios.

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines

Programa Somos Defensores

Espacios autónomos de las Mesas Territoriales de Garantías de: Chocó, Costa Pacífica Nariñense y Piedemonte Costero, Guajira, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Cesar, Caquetá, Quindío, Meta, Huila, Antioquia, Nariño, Arauca, Casanare, Santander, Córdoba, Magdalena Medio, Norte de Santander, Atlántico, Bogotá, Risaralda, Sucre, y Tolima.

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