Bogotá, 17 de julio de 2024. Con la presencia de cerca de 50 vocerías de las mesas territoriales de garantías de 22 departamentos del país y las vocerías nacionales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, se instaló con éxito la primera sesión de la Mesa Nacional de Garantías (MNG) en este Gobierno, luego de cuatro años sin sesionar.

Las organizaciones llamaron la atención sobre la persistencia de agresiones contra liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos. “La labor de defensa del territorio, de exigencia de justicia, del acuerdo de paz, de derechos sexuales y de condiciones dignas para toda la población, nos está costando la vida” indicó Jomary Ortegón Osorio, vocera de las tres plataformas de DD.HH. El vocero Winston Gallego quien intervino en representación de los procesos territoriales de garantías, señaló que “todos los grupos armados, legales e ilegales, cometen agresiones contra las comunidades y quienes ejercen liderazgos sociales”.

Igualmente, las organizaciones denunciaron la formación de frentes de seguridad, que constituyen promoción de dinámicas paramilitares y solicitaron su eliminación. Así mismo que la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI), diseñe programas metodológicos que permitan avanzar eficazmente en el desmantelamiento de las estructuras armadas que afectan a las personas defensoras y liderazgos sociales en sus territorios.

Insistieron en la urgencia de avanzar en la implementación de la política pública de desmantelamiento de estructuras criminales, entre ellas las sucesoras del paramilitarismo y en el cumplimiento de la sentencia SU/546 de 2023 que declara el Estado de Cosas Inconstitucional sobre personas defensoras, así como de las decisiones internacionales como la reciente sentencia de la Corte IDH en el caso Cajar Vs Colombia, que reconocen el derecho a defender los derechos humanos.

“Se necesita que las autoridades territoriales sean conscientes de su responsabilidad legal y constitucional y se comprometan con la protección de las personas defensoras”, expresó Luz Stella Aponte, otra de nuestras voceras.

Por su parte, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se comprometió a mantener un diálogo permanente sobre la situación en los territorios, que contribuya a la toma de decisiones del Gobierno Nacional, lo cual consideramos de suma importancia para avanzar hacia el propósito

común de garantizar la vida de las personas defensoras de derechos humanos y los liderazgos sociales del país. Tanto el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, como el Ministerio del Interior, señalaron la importancia de que los ceses al fuego se orienten hacia la protección de la población civil y los liderazgos sociales en los territorios.

“Aquí tenemos que avanzar hacía un verdadero cese al fuego, por eso lo que ustedes nos digan es fundamental. El próximo lunes se vence el cese al fuego con una de esas estructuras criminales, y nosotros como gobierno debemos tomar decisiones, para lo cual es muy importante lo que ustedes nos documenten”, señaló el Ministro del Interior.

De otro lado, durante la instalación de la Mesa Nacional de Garantías resaltamos que la construcción e implementación de medidas, políticas y otros mecanismos que protejan y garanticen el derecho a defender derechos deben realizarse con la participación de las comunidades, las personas defensoras y el movimiento y Plataformas de DD.HH.

“La Unidad Nacional de Protección debe establecer junto a las Plataformas y organizaciones de la sociedad civil una agenda de trabajo para reformar dicha institución y el modelo de protección que viene manejando,” manifestó Pilar Castillo, vocera de las organizaciones.

Agradecemos la participación de la MAPP-OEA, al Sistema de Naciones Unidas, representado en la Misión de Verificación al Proceso de Paz, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya representante, Julieth de Rivero, saludó la instalación de la Mesa Nacional como un espacio para mejorar la garantía para la defensa de los derechos humanos. Expresó su preocupación por la violencia, el control social y territorial que ponen en riesgo la gobernabilidad y las personas defensoras. Recalcó la urgencia de implementar la política de desmantelamiento, fortalecer la coordinación institucional y colaborar con las autoridades locales y étnicas. Concluyó que la paz se construye a través del diálogo con los procesos sociales y organizativos independiente de los diálogos de negociación.

Así mismo agradecemos al Embajador ante la Unión Europea, al embajador de Noruega y las representaciones diplomáticas de Canadá, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos e Irlanda, por sus expresiones de apoyo y reconocimiento al movimiento de derechos humanos y mantener sus esfuerzos para la protección y garantía de nuestra labor.

Seguiremos insistiendo para que el gobierno avance en la protección de quienes defendemos los derechos y nuestros territorios en Colombia. La paz no puede costarnos la vida.

A continuación, compartimos nuestro balance sobre primera sesión de la Mesa Nacional de Garantías:

El pasado 11 de julio de 2024, se instaló con éxito la primera sesión de la Mesa Nacional de Garantías bajo el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, con posterioridad a su fallida

convocatoria el pasado septiembre de 2023 en la que no asistieron representantes del Alto Gobierno. Esta sesión estuvo presidida por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el Ministro de Defensa Iván Velásquez y la Ministra de Justicia Angela María Buitrago. Contó con la participación de altas autoridades como la Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos Lourdes Castro, el Director de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez y la Directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz Gloria Cuartas. La Secretaría Técnica del espacio fue ejercida por el Defensor Delegado para Alertas Tempranas Ricardo Arias Macías y el equipo de la Defensoría Nacional del Pueblo.

Las Plataformas de derechos humanos y espacios territoriales de garantías plantearon una serie de preocupaciones sobre la situación humanitaria en los territorios, así como la necesidad de fortalecimiento de la actuación estatal frente a la protección de personas defensoras. De acuerdo con el Programa Somos Defensores, entre 2022 y marzo de 2024 se registraron 1.732 agresiones a liderazgos sociales y personas defensoras, de las cuales 426 fueron asesinatos.

Las organizaciones plantearon igualmente el fortalecimiento de la actuación de los grupos armados en los territorios, la connivencia u omisión de las autoridades públicas y el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Manifestaron su especial preocupación por la consolidación del grupo Clan del Golfo (o EGC) y la utilización que está haciendo este grupo de las Juntas de Acción Comunal y de procesos sociales para consolidar el control político, económico y social.

Durante el espacio, las plataformas de derechos humanos insistimos en la urgencia de avanzar en la superación de la impunidad en casos de agresiones a personas defensoras y liderazgos sociales como garantía para que hechos como estos no se repitan.

Frente a la UNP, seguimos manifestando nuestra preocupación por el enfoque que viene desarrollando para tratar la situación de riesgo de defensores y liderazgos sociales, además de no reconocer la falta de garantías de participación en el proceso de modernización que viene desarrollando y las medidas para enfrentar los riesgos de quienes ejercen esta labor de defensa.

Por su parte, el Estado reconoció la importancia de la labor de las personas defensoras de DD.HH y liderazgos sociales y se comprometió a tomar medidas urgentes para dar solución a las diversas violencias y riesgos que enfrentan las comunidades en los territorios, entre ellas:

Ministro del Interior, dr. Juan Fernando Cristo:

● Implementar de forma regular las sesiones de la Mesa Nacional de Garantías, así como de las mesas territoriales.

● Hacer un balance de la inclusión de políticas territoriales y de enfoque de DD.HH en los Planes de Desarrollo Departamental. Ministra de Justicia, dra. Angela María Buitrago

● Mantener interlocución constante con Plataformas de Derechos Humanos frente a la crisis humanitaria.

● Desarrollar el programa “Entornos protectores” para abordar la violencia de género contra defensoras y lideresas. Ministro de Defensa, dr. Iván Velásquez

● Establecer como condición inamovible de las negociaciones de paz el respeto a la vida de liderazgos sociales y personas defensoras.

● Desarrollar una reunión con las plataformas de derechos humanos y procesos territoriales de garantías sobre seguridad en los territorios. Fiscal General de la Nación, dra. Luz Adriana Camargo

● Mantener diálogo constante con las Plataformas de DD.HH y las vocerías territoriales de las mesas territoriales respecto sobre los casos de homicidios de personas defensoras y liderazgos sociales.

● Fortalecer estamentos pertinentes para disminuir la impunidad que caracteriza los casos de violación de DD.HH, lo que implica la revaluación de los indicadores conforme lo ha establecido la Corte Constitucional y aplicación del estándar de debida diligencia en las investigaciones por agresiones contra personas defensoras.

● Compromiso con la implementación de la Política pública de desmantelamiento de estructuras y conductas, incluidas las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que incluye el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación con la adición de veinte nuevos fiscales, la conformación de un grupo de análisis y la articulación con la Dirección Especial de la criminalidad organizada y la Dirección de violaciones a los Derechos Humanos. Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, dra. Lourdes Castro:

● Gestionar encuentro entre el Presidente de la República, las Plataformas de DD.HH y las vocerías territoriales de garantías.

● Difusión en articulación con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de la Directiva Presidencial 07 de diciembre del 2023, expedida por la Presidencia de la República, donde se insta a todas las autoridades a respetar promover, facilitar y garantizar las actividades de las personas, colectivos y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos.

● Necesidad de articular el plan de acción en derechos humanos con la política pública de garantías, definir su complementariedad para contar con herramientas más robustas para la protección de personas defensoras.

● Apoyo y acompañamiento de la Consejería Presidencial de DH a las mesas de garantías.

● Cumplimiento a las órdenes internacionales relativas a personas defensoras y liderazgos sociales en articulación con la Cancillera. Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de paz, dra. Gloria Cuartas

● Destacó la indivisibilidad entre los derechos humanos y la paz. Así mismo, mencionó que el acuerdo de paz establece diversos mecanismos para proteger los liderazgos sociales y de derechos humanos y los firmantes del acuerdo de paz y se está avanzando en su implementación. Director de la Unidad Nacional de Protección, dr. Augusto Rodríguez

● Compromiso de convocar a un espacio para socializar y discutir el proceso de modernización de la Unidad Nacional de Protección. Las plataformas de derechos humanos, el Programa Somos Defensores y los espacios Territoriales de Garantías, esperamos que se dé cumplimiento a los compromisos adquiridos, que se cumpla la orden de la Corte Constitucional de convocatoria trimestral a la Mesa Nacional de Garantías y que se adopten medidas a nivel territorial para la protección de personas defensoras.

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD)

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines Programa Somos Defensores

Espacios Autónomos de las Mesas Territoriales de: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, Magdalena, Magdalena Medio, Meta, Nariño, Norte de Santander, Pacífico Nariñense, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.