Carta del lector que enviamos a El Espectador y que fue publicada originalmente en este medio
Con el acostumbrado respeto que caracteriza nuestra relación, nos dirigimos a ustedes para compartir nuestra reflexión sobre el artículo “Así se mueven las conexiones de los investigadores de Petro en la Comisión de Acusación”, publicado el pasado 29 de julio de 2023 de forma impresa y digital en su medio de comunicación.
El artículo, que se refiere en principio a la labor de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, realiza una serie de menciones a nuestra organización de derechos humanos para sugerir, sin ningún fundamento, que existiría una relación entre la representación que ejercimos hace unos años ante la Corte IDH en favor del entonces alcalde de Bogotá (hoy presidente) Gustavo Petro Urrego, la labor del representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz y el nombramiento de extrabajadores del Cajar en instancias de gobierno.
En primer lugar, podemos manifestar con orgullo que el Colectivo de Abogados y Abogadas ha sido durante más de 40 años un semillero de personas defensoras de derechos humanos, que hoy trabajan desde diferentes lugares en la construcción de justicia social, sea desde el Gobierno, la cooperación internacional, organismos investigativos y de control, entre otros. Nos parece normal y nos complace que el actual Gobierno, que ha asumido un compromiso con la paz y los derechos humanos, se dote de la experiencia y el compromiso de personas que se han formado en nuestra organización y, en general, en el movimiento de derechos humanos.
Si bien es cierto que nuestra organización cuenta con muchos méritos, estos no son solo atribuibles a nosotros, sino a cada uno de los exintegrantes del Cajar, quienes con sus propios esfuerzos han construido una gran experiencia y trayectoria que les ha hecho merecer el lugar en que se encuentran. El artículo en mención insinúa, de manera infundada, que los nombramientos en cargos gubernamentales de las personas mencionadas pueden ser producto de acuerdos y favores. Esta situación afecta el buen nombre de aquellos que han entregado su trabajo a nuestra organización y, al mismo tiempo, estigmatiza a quienes, siendo extrabajadores del Cajar, aspiren a ser nombrados en un cargo público, ya que su idoneidad se pone de antemano en duda sin ningún fundamento.
En segundo lugar, llama la atención que las alusiones que se hacen carecen de cualquier evidencia, inducen al error y siembran la duda sobre la transparencia de una organización como la nuestra, que ha trabajado durante 45 años en la defensa de los derechos humanos. Es preocupante que antes de emitir este tipo de apreciaciones con cargas negativas no se nos haya consultado ni se haya reflexionado internamente sobre la eventual afectación al prestigio y reconocimiento social que hemos construido con esfuerzo, compromiso y dedicación, incluso en escenarios de alto riesgo que han expuesto a nuestros integrantes a amenazas, atentados, vigilancia ilegal y exilio.
Finalmente, reiteramos nuestra apertura al diálogo y los invitamos a un espacio de discusión personal, de manera que si tienen alguna duda o cuestionamiento lo planteen directamente y así mismo lo responderemos, con la franqueza que caracteriza nuestras actuaciones.
Jomary Ortegón Osorio. Presidenta del Cajar.