Colombia, que apenas está asimilando la trascendencia del proceso de paz de La Habana, no ha dedicado mucha atención a este fenómeno de exportación de la guerra y de personal militar hacia otros países, que junto a planes de involucramiento de nuestro país en conflictos bélicos allende las fronteras, no son muy acordes con los aires de reconciliación y democratización que se proclaman. Foto: www.tercerainformacion.es

Un día de junio de 2007, en el norte de Bogotá, a tempranas horas de la mañana, ante la mirada atónita de los pocos transeúntes que se desplazaban con prisa a sus lugares de trabajo, un hombre fue acribillado a bala por un sicario que tan sigilosamente como había aparecido, desapareció sin dejar huella.

En Enero de 2014, en la capital de Jordania, una joven colombiana de manera anónima realizaba labores humanitarias en la conflictiva zona del Medio Oriente, mientras coordinaba el embarque de un grupo de niños palestinos a ser adoptados por familias de compatriotas suyos que viven en Colombia, quiso saludar a unas personas que hablaban en español y que por su aspecto y acento le parecieron coterráneos. Su acompañante, funcionaria de la Cruz Roja Internacional, la disuadió diciéndole que no esra conveniente, ya que los individuos no eran propiamente gente de paz y se hallaban en una misión peligrosa.

En Diciembre de 2015, en las desérticas tierras de Yemen, a 13.000 kilómetros de su patria, en medio del fuego enemigo, mueren seis colombianos portando el uniforme del ejército de los Emiratos Árabes Unidos, en el marco de una compleja contienda bélica que involucra actores internos y una coalición en la que juegan papel esencial los gobiernos de Arabia Saudita y de los Emiratos.

Tres episodios cuyo común denominador es el de estar protagonizados por colombianos y colombianas, y tener relación con acciones relacionadas con países árabes en conflicto.

En el primero perdió la vida el capitán retirado del ejército Gonzalo Guevara, gerente de una empresa que reclutaba personal militar para ser contratado por empresas contratistas del Pentágono con el fin de prestar sus servicios en la guerra desatada en Irak a raíz de la ocupación por parte de Estados Unidos.

Tal actividad venía siendo promovida abiertamente a través de avisos en la prensa e incluso contaba con el beneplácito de los mandos militares, al grado que las instalaciones de la Escuela de Caballería del Ejército servían de campo de entrenamiento para los flamantes contratistas. En entrevista concedida poco antes de su trágico final, el capitán insistía en que no debía llamárseles mercenarios porque iban a prestar servicios de seguridad y no a involucrarse directamente en las hostilidades. Igualmente negó que a los vinculados se les hubieran incumplido las condiciones que se les habían ofrecido.

El militar, hermano del oficial de la Policía Ernesto Guevara, muerto en poder de las Farc, grupo que lo capturó en la toma a Mitú en 1998, reconoció en entrevista al diario El Tiempo el 21 de agosto de 2006 que los militares enganchados para viajar a Irak se entrenaron en la Escuela de Caballería y que no pagaron por estar allá y que simplemente acordamos con el Ejército hacer algunas obras para tratar de mejorar las instalaciones, utilizando además los polígonos con entrenadores certificados por el Departamento de Estado, “porque para entrar a Irak hay que ser entrenado por el gobierno estadounidense.”

Aún cuando la justicia no ha esclarecido los autores ni los móviles del asesinato, sí resulta claro que el crimen tiene que ver con la actividad que venía realizando la víctima, y que detrás del hecho hay un entramado de situaciones non sanctas y de intereses tenebrosos en medio de la creciente tendencia a la privatización de las guerras promovidas por potencias occidentales en diferentes regiones del mundo.

El segundo evento nos muestra dos caras opuestas de nuestro país: una de paz y solidaridad en quien contribuye a aliviar los sufrimientos de un pueblo oprimido, y la otra a quienes hacen de la guerra un negocio, se venden al mejor postor, desafían las leyes internacionales que prohíben el mercenarismo y en momentos en que Colombia se alista para lograr la reconciliación, desean continuar su saga violenta en otras latitudes.

El tercer hecho muestra que los “contratistas” que mencionaba Guevara, sí son lo que se ha señalado, combatientes a sueldo de causas que les son ajenas y que quizás nunca entenderán. También salió a la luz que fueron convocados para matar o ser muertos y esa fue la suerte de seis de ellos, sin duda una tragedia para sus familias y para Colombia, que tanto tiempo vio caer a sus hijos en el interior y ahora ve como se derrama su sangre en otras tierras. Una decena que se suma a otros que han caído en Afganistán, Irak y Líbano, defendiendo intereses que no son los suyos.

La nota más alta de este fenómeno se está dando en los Emiratos Árabes Unidos, país en el cual ya hay más de tres mil colombianos por una paga a sueldo en su ejército, con el argumento inicial de que su labor era defensiva y luego involucrados en la agresión a Yemen.

Colombia, que apenas está asimilando la trascendencia del proceso de paz de La Habana, no ha dedicado mucha atención a este fenómeno de exportación de la guerra y de personal militar hacia otros países, que junto a planes de involucramiento de nuestro país en conflictos bélicos allende las fronteras, no son muy acordes con los aires de reconciliación y democratización que se proclaman.

Tampoco hay mucha concordancia con los propios postulados de la Constitución Política ni con la política exterior en ella ordenada, que tanto en el interior como en lo externo debe tener como norte el principio, deber y derecho de la paz y el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por nuestro estado. Entre ellos está la prohibición y condena del mercenarismo.

Es verdad que el desempleo en Colombia es fuerte y que para muchos de los militares y policías retirados puede resultar atractivo el “sueño árabe” y más fácil, por definición, conseguir “camello” en esa zona del mundo, pero no es menos cierto que es el momento de ayudar a la consolidación de la paz y también a buscar ocupaciones más ligadas con una vida alejada de la violencia. Aún es tiempo de evitar que el nombre de nuestro país se siga asociando con la práctica reprochable y violatoria de las normas internacionales de la contratación de soldados a sueldo y con el apoyo a las peores causas.