Comunicado publico

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Capitulo Sucre, deja constancia histórica ante la ciudadanía, el Estado Colombiano y la comunidad internacional por los hechos ocurridos en el departamento de Sucre que atentan contra las garantías para las víctimas y los defensores y defensoras de Derechos Humanos en este departamento.

El panorama de Derechos Humanos en el departamento de Sucre, esta semana se ha visto marcado por hechos que sin lugar a dudas debería llamar la atención del Estado colombiano y de la comunidad internacional para la implementación de garantías eficientes y eficaces en la protección a la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como a las víctimas del conflicto en esta región; los hechos que enmarcan esta constancia son:

Hechos

1. En el municipio de Los Palmitos departamento de Sucre a las 7 de la noche del 01 de Marzo de 2016 es asesinado por dos sicarios que se transportaban en una moto sin placas el señor NANDO PÉREZ IRIARTE de 62 años de edad, esta persona estaba representando a varios familiares en una solicitud de Restitución de Tierras ante la oficina de restitución de tierras de Sucre este hecho es sin lugar a dudas una prueba fehaciente de la falta de garantías en materia de protección tiene las víctimas que recurren a la ley 1448 y su capítulo de restitución de tierras y lo complejo que resulta ser acudir a ella.

2. El 01 de marzo de 2016 le es retirado el carro de protección al líder de víctimas y
miembro de la Mesa municipal de víctimas del municipio de Toluviejo Sucre AZAHEL MÁRQUEZ, quien años anteriores había recibido un atentado que lo dejo en sillas de rueda, situación está que lo pone en un alto grado de vulnerabilidad, como antecedente de este hecho el señor Azahel informa al MOVICE-Sucre que la Unidad Nacional de Protección le informa del levantamiento de medidas por un informe que entrega a la unidad uno de sus escoltas, situación está que nos lleva al interrogante sobre si el papel de los escoltas es de protección o labores de inteligencia a los protegidos, en los mejores tiempos del extinto DAS.

3. Hoy 02 de marzo es desalojada la comunidad de campesinos campesinas de la finca Nueva Esperanza del municipio de Morroa, esta comunidad ha tenido la posesión del bien desde hace 25 años y son víctimas del conflicto armado, esta diligencia no cumplió con el procedimiento normal ya que no se notificó a la comunidad sobre la diligencia, no se realizó el inventario de bienes de los campesinos así como el censo de las familias que serían desalojadas, resaltando que hubo excesos de presencia policial para desalojar a 15 familias y durante el desalojo la policía y el ESMAD hizo señalamientos fuertes a miembros del MOVICE que acompañaban la diligencia, al defensor de Derechos Humanos FRANKLIN TORRES uno de los policías del ESMAD lo señalo de ser “alias Patañame” quien era reconocido en la región como miembro de las FARC-EP, de igual manera fue agredidas con acusaciones por parte de Coronel que dirigió la operación la secretaría técnica del MOVICE-Sucre INGRID VERGARA a quien este Coronel acusaba de ser una perturbadora del orden público y en caso que se dieran hechos violentos en el predio ellas sería la única responsable porque estaba induciendo a la violencia a los campesinos esta acusaciones fueron a gritos en la cara de la defensora de derechos humanos, el MOVICE-Sucre deja constancia que el papel de los defensores en esta diligencia obedece a el acompañamiento que desde el 2010 están haciendo a la comunidad. La fuerza pública en ningún momento dejo ingresar a los campesinos a sus casas para que participarán en la diligencia como la ley estipula. Afirmamos que la alcaldía del municipio de Morroa no hizo presencia inicial en el acto de desalojo y que su presencia se hizo porque el Ministerio público lo solicitó de lo contrario la diligencia no podría darse, motivo por el cual al cabo de 45 minutos hace presencia el secretario del interior quien llega y afirma no tener facultades para toma de decisiones sólo a observar la diligencia situación está que confirma que la alcaldía no cumplió con su obligación de protección de los derechos de niñas, niños mujeres y ancianos dejándolos a la intemperie igual que sus bienes materiales porque las casas fueron derribadas con motosierra.

Esta comunidad tiene población en situación de desplazamiento forzado y en el momento de la diligencia no hizo presencia la Unidad de Víctimas para que se le garantizarán los derechos de estas personas como lo dice la ley.

El MOVICE Sucre afirma con preocupación que estos hechos sin lugar a dudas generan menos garantías a las víctimas y a los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Sucre para la implementación de los acuerdos de paz, los cuales consideramos son de suma importancia para esta región martirizada por el largo conflicto armado que le ha tocado vivir.

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