• Las víctimas y las organizaciones acogen con satisfacción la histórica apertura de la investigación contra el expresidente de Colombia, tras la querella presentada en noviembre del presente año en Argentina.

El Fiscal Federal No. 4 Carlos Stornelli, ha expresado formalmente la necesidad de impulsar las acciones de investigación con el propósito de esclarecer la posible responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate, a manos del ejército nacional durante su periodo presidencial. Esta decisión responde a la querella interpuesta, el pasado 7 de noviembre, por familiares y representantes de víctimas de estos graves hechos mal llamados “falsos positivos”, ante los jueces federales de Buenos Aires.

Este es un nuevo paso en el largo camino para desmontar la impunidad histórica que ha cobijado al exmandatario, en especial por su presunta responsabilidad en el fenómeno de los asesinatos y desapariciones forzadas de personas ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Se espera, entonces, que el accionar del Fiscal promueva la decisión final y formal del Juez, y que la verdad arribe a la vida y la lucha de cada una de las personas querellantes y de las 6.112 víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas en el mandato de Uribe.

“Esta decisión constituye un avance importante en nuestra lucha contra la impunidad y nos acerca a la verdad que hemos aguardado durante décadas. Esperamos que la investigación avance de manera pronta y que exista colaboración por parte del Estado Colombiano”, expresan las víctimas querellantes.

Vale la pena recordar que la presentación de esta acción en Argentina tuvo fundamento en el  principio de jurisdicción universal que faculta a los Estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas) dondequiera que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas. Lo anterior, con el propósito de hacer justicia a las víctimas que, a menudo, se encuentran desamparadas en su lucha contra la impunidad, por el esclarecimiento de la verdad y por rechazar y condenar la comisión de estos delitos.

El conocimiento de la querella le correspondió por reparto al Juez 2 Federal, Sebastián Ramos, y al Fiscal 4 Federal, Carlos Stornelli, asignado por turno al despacho instructor. Desde que el juzgado asumió conocimiento, ha dado el traslado al agente fiscal, como lo indican las normas de procedimiento penal argentino, a fin de dictaminar si requiere la investigación o la desestima, y ha librado exhortos a la fiscalía de la Corte Penal Internacional para que informe acerca de la existencia o no de investigaciones en curso.

El Fiscal 4 Federal se ha pronunciado en el marco del traslado solicitando al juez abrir la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, así como de otros posibles responsables que puedan deslindarse de la investigación, relacionada con la comisión de “falsos positivos” entre los años 2002 y 2008. De igual manera, el requerimiento presentado ante el juzgado instructor pide la expedición de exhortos dirigidos a las autoridades colombianas en los que se solicita, entre otros, información sobre los hechos, directivas emitidas por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, decisiones adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, y la escucha de los testimonios de las víctimas querellantes.

Quienes interpusieron la querella son once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales de Colombia que han acompañado estos casos durante años, se trata del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), integrantes del “Espacio de Litigio Estratégico”. Están representadas por Máximo Castex, abogado  argentino, y asesoradas por el abogado internacional Bénédict De Moerloose, ambos expertos en este tipo de procesos. Cuentan, además, con el respaldo de organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, y con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos argentinas, y sobrevivientes de la dictadura.

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