Bogotá D.C., 26 de junio de 2024.  Ante recientes denuncias del Magistrado de la Corte Constitucional Dr. Jorge Enrique Ibáñez, sobre presuntas interceptaciones ilegales a sus comunicaciones, desde el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), rechazamos estos hechos y nos sumamos a la exigencia de las Altas Cortes, para que la Fiscalía General de la Nación esclarezca prontamente el origen de estas acciones que interfieren en la actuación con garantías de la administración de justicia. 

Resultaría inaceptable que bajo este Gobierno se estuvieran replicando acciones del pasado que constituyen violaciones a derechos como la intimidad, la vida privada, el debido proceso y el libre ejercicio de la magistratura judicial.  

A propósito de este grave hecho, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que impulsen el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó en el caso Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo vs. Colombia, reformar la ley de inteligencia y contrainteligencia (ley 1621 de 2013), a efectos de que estas labores sean desarrolladas desde el respeto a los valores democráticos y estándares interamericanos de protección a los derechos humanos.  

En dicha sentencia, se recuerda al Estado colombiano que las actividades de inteligencia deben estar orientadas a fines legítimos, realizarse por medios legales y gozar de controles jurisdiccionales de carácter civil, para evitar abusos o arbitrariedades por parte de las autoridades.  

Finalmente, valoramos que el Presidente de la República de Colombia haya expresado de manera clara que no existe una orden gubernamental de adelantar acciones en contra de la oposición o la magistratura democrática, así como el inicio inmediato de acciones disciplinarias internas para esclarecer lo ocurrido.   Sin embargo, consideramos que este mensaje debe ir acompañado de reformas estructurales a la doctrina e inteligencia militar y policial que fortalezcan la democracia, los derechos humanos y la administración de justicia.