En Colombia, la violencia contra las mujeres en sus diferentes ciclos de vida: (niñez, adolescencia, vida adulta y vejez), es una violación sistemática y generalizada de sus derechos humanos en espacios tales como la familia o el ámbito doméstico, en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, espacio laboral, educativo y otros, como aquella que se presenta en el marco del conflicto armado interno. De acuerdo con un estudio de la Corporación Sisma Mujer, con base en la información del INML, entre los años 2001 y 2003 las lesiones por violencia intrafamiliar superaban el 70% en los casos en los que la mujer era la víctima.
Tal como se puede constatar en el informe de Justicia de Género (Corporación Sisma Mujer), de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía por casos de violencia intrafamiliar, que terminaron y salieron entre el 2001 y 2003, sólo entre el 5% y el 10% se emitieron resoluciones de acusación; mientras que entre el 23% y el 65% de las terminaciones y salidas lo fueron por preclusión
Según lo afirmado por el Instituto El Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el artículo: El devenir de normas y valores tradicionales sobre la sexualidad en Colombia: “(…) en los Estados Unidos, uno de cada cuatro delitos sexuales es denunciado y en Colombia esta proporción puede llegar a ser uno de cada veinte”.
En el año 2003 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses expidió un total de 14. 239 dictámenes sexológicos, de los cuales el 84% fueron practicados a mujeres con edad promedio de 13 años y el 16% practicados a hombres, con edad promedio de 9 a 12 años.
La Fiscalía General de la Nación reportó para el año 2002, un total de 21.000 denuncias por delitos sexuales. En ambos casos, el 88% de los delitos se cometieron contra mujeres y en mayor proporción contra niñas entre 5 y 14 años.
Así mismo según la encuesta sobre salud sexual y reproductiva en zonas marginales realizado por PROFAMILIA en el 2001, el 7,9% de las mujeres desplazadas por causa del conflicto armado ha sido forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos, frente al 6,6% de mujeres que han sufrido violencia sexual por desconocidos a nivel nacional.
Lo anterior da cuenta del gran porcentaje (cada vez más alto año por año) en el que la Fiscalía no pudo determinar la culpabilidad de la persona inculpada, quedando sin justicia entre el 23% y el 65% de las investigaciones que terminaron o salieron.
Estos porcentajes son solo una muestra de lo que se vive en Colombia por cuenta de la violencia contra las mujeres y la falta de una ley de protección integral contra las violencias sobre las mujeres que garantice la protección de ellas en todos los casos en los que esté en peligro su vida y su integridad.
Por estas razones, la Defensoría del Pueblo, propuso concertar el proceso para la construcción colectiva, consensuada y consentida de un proyecto de ley de protección integral contra las violencias sobre las mujeres, que recoja los distintos esfuerzos de la sociedad civil representada en las organizaciones para la promoción, protección y defensa de los derechos de las mujeres
Esta convocatoria se extiende a las organizaciones de mujeres, la
academia, las organizaciones defensoras de derechos humanos, las agencias
de cooperación internacional y a las distintas ramas del poder público,
para que, a través del trabajo conjunto, se logre la presentación de dicho proyecto de ley que contemple medidas de protección integral, policivas, judiciales y administrativas contra las violencias sobre las mujeres, las jóvenes y las niñas.
La Corporación Sisma Mujer acompañó a la Defensoría en esta oportunidad, aportando sus avances en dicha materia ya que en la actualidad se encuentra adelantando un proyecto para impulsar una ley integral sobre violencias contra las mujeres en el país, con el apoyo del Instituto de la Mujer de España.
La iniciativa busca principalmente Incidir en el Congreso Nacional para la aprobación de la creación de dicha ley que permita reducir la magnitud de las violencias contra las mujeres, sancionar a los culpables, disminuir los niveles de impunidad, prestar atención adecuada a las víctimas y propiciar espacios de transformación cultural frente a esta problemática