El día 29 de noviembre de 2005, en horas de la tarde, llegaron a la residencia de ELKIN RAMIREZ dos policías uniformados y sin identificarse indagaron por la identidad de la persona que habita en dicho domicilio. Una vez la obtuvieron informaron que estaban averiguando sobre un supuesto caso de escándalo público que se estaba presentando en esos momentos. Sin embargo, el abogado durante todo el día permaneció en su oficina dedicado a sus labores profesionales.

Al día siguiente, 30 de noviembre, dos hombres vestidos de civil se hicieron presentes en el edificio y preguntaron por ELKIN, la hora en que generalmente se encontraba en su residencia, los datos de la agencia que le arrendó el inmueble e insistieron en que ?simplemente querían entrevistarse con él?, para ello dejaron un nombre y un número telefónico. En tres oportunidades diferentes se intentó la comunicación con dicha persona sin que se diera razón de ella. Una vez realizadas algunas constataciones se logró determinar que el número telefónico está asignado al Comando Elite Antiterrorista ?CEAT-. El 1º de diciembre, en horas de la noche, nuevamente se hicieron presentes en el edificio dos policías uniformados, quienes no se identificaron y seguían indagando por ELKIN.

Estos graves hechos se suman a otros actos intimidatorios que se han presentado en contra de nuestra institución y de otras organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad, los cuales han sido conocidos públicamente. Ante los organismos de control del Estado, la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha denunciado los intentos de judicialización ante señalamientos de informantes al servicio de la fuerza pública, que han pretendido vincular nuestra labor con actividades propias de los grupos insurgentes. Algunos de estos informantes han sido presentados a la fiscalía por el CEAT.

La Corporación Jurídica Libertad se encuentra al frente del trámite de algunos casos de graves violaciones de derechos humanos que involucran la responsabilidad de integrantes de la fuerza pública, actuando como representante de las víctimas o de sus familias no solo ante instancias internas sino también ante organismos internacionales responsables de investigar la responsabilidad estatal en asuntos relacionados con violaciones al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.

Los actos de intimidación en contra de los defensores de derechos humanos colocan en evidencia la falta de garantías por parte del gobierno del Presidente Uribe, para que esta labor pueda adelantarse sin ningún tipo de presión y libre de eventuales atentados en contra de la vida e integridad personal.

Solicitamos de las autoridades competentes la investigación de estos actos que a todas luces constituyen una directa intimidación para el ejercicio de nuestra labor como defensores de derechos humanos; que se otorguen reales garantías para el ejercicio de la defensa en materia de derechos humanos especialmente en relación con las organizaciones que se encuentran al frente de casos que involucran la responsabilidad de agentes estatales. Solicitamos además que en el evento de existir algún tipo de investigación penal en contra de alguno de los integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, no se realice de manera secreta y sin la posibilidad de ejercer una adecuada defensa.

CORPORACION JURIDICA LIBERTAD