● Durante el 2024, el Programa Somos Defensores verificó la ocurrencia de 727 agresiones individuales dirigidas contra 655 personas defensoras de derechos humanos en 28 departamentos y Bogotá D.C. Comparado con el 2023, se evidencia una disminución nada alentadora del 5% (con 38 casos menos). Los departamentos donde se presentaron el mayor número de agresiones fueron: Cauca (con el 27% de los hechos), Antioquia (con el 11%), Valle del Cauca y Norte de Santander (con el 9 y el 7% respectivamente). A pesar de la significativa disminución registrada en Nariño, el suroccidente del país sigue siendo la región con mayor número de agresiones.

● El documento describe geográficamente la ocurrencia de 404 amenazas, 157 asesinatos, 62 detenciones, 44 desplazamientos forzados y 24 secuestros, entre otras agresiones dirigidas a personas defensoras el año pasado. Se sostiene igualmente que el liderazgo indígena continuó siendo el más agredido (con 195 hechos), seguido de quienes se desempeñan en Juntas de Acción Comunal, que concentraron la mayor cantidad de asesinatos y tuvieron un aumento significativo en el Valle del Cauca y el Cesar (incrementos del 675% y 800% respectivamente).

● Comparado con el año anterior, se evidencia que el secuestro tuvo un aumento del 200% a nivel nacional, siendo esta una agresión en la que el ELN figura como presunta responsable de la mayoría de los hechos. Preocupa igualmente la situación de Chocó donde los asesinatos aumentaron en un 600% debido a hechos atribuidos principalmente a bandas criminales. Así como el incremento de asesinatos en Arauca, donde se registraron 17 hechos.

En el Informe anual 2024, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia -SIADDHH- del Programa Somos Defensores, señala que los presuntos responsables de la mayoría de agresiones siguen siendo los actores desconocidos con un 37%, les siguen las estructuras paramilitares con el 22% y los grupos posacuerdo de paz, que con 160 hechos registraron un aumento del 18%.

Este documento también ilustra cómo la fragmentación de los grupos armados ilegales durante el 2024 aumentó los escenarios de riesgo que enfrentan las personas defensoras. Algo que se sustenta tanto en los casos documentados, como en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que fueron desatendidas a pesar de advertir los peligros derivados de las confrontaciones que tuvieron lugar entre estructuras armadas.

Con respecto a las mujeres defensoras, el año anterior se registraron 195 agresiones en su contra: 133 amenazas, 19 asesinatos (2 de ellos categorizados como asesinatos en razón del género), 16 desplazamientos forzados, 11 atentados, 7 secuestros, 2 detenciones arbitrarias, 2 hechos de violencia sexual y 1 caso de tortura.

Para el caso de la población LGBTIQ+, se presentaron 17 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, esto representa el 2% del total de víctimas agredidas en el ámbito nacional. De los actos de violencia selectiva en su contra el 29% equivale a asesinatos, evidenciando una violencia letal más alta, comparada con la registrada en víctimas que tienen otras identidades de género.

El Informe del 2024 alerta, además, que en los últimos dos años y medio ha aumentado la proporción de advertencias de riesgos inminentes, pese a los avances en algunas políticas dirigidas a las personas defensoras, como la Política de Desmonte de Organizaciones Criminales, la construcción de la Política Pública Integral de Garantías, el Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, y la implementación del Decreto 660 de 2018, que aporta en la construcción de medidas de protección integral.

Respecto a las agresiones que el Programa registra, se reconoce que las disminuciones en los hechos de violencia más frecuentes (amenazas, asesinatos y atentados), en ningún caso fue mayor al 10%. De otro lado, si bien hubo un leve descenso del 11% en los asesinatos, (con 11 casos menos que en el 2023), continúa una tendencia registrada desde el 2022, en la que la proporción de asesinatos sobre el total de las agresiones registradas por año, supera el 20%.

En este escenario, se expone cómo las ventajas derivadas de los diálogos sostenidos en el marco de la política de paz total son poco claras y varían a nivel geográfico. Mientras en el departamento de Nariño, estos pudieron haber contribuido a una disminución de los ataques dirigidos a las personas defensoras, en Chocó los asesinatos en su contra aumentaron en un 600% debido a hechos atribuidos principalmente a bandas criminales que operan en Quibdó, y que en varios casos sostuvieron diálogos sociojurídicos durante el 2024.

De hecho, este tipo de bandas, que actúan por móviles principalmente económicos, despliegan una violencia selectiva que resulta menos numerosa que la de otros actores, pero más letal. Alarma igualmente el incremento de asesinatos en Arauca, donde se registraron 17 hechos. Allí la presunta responsabilidad se atribuye principalmente al ELN (en 10 casos) y el liderazgo social más afectado fue el comunal con 11 casos. Este último grupo armado también parece ser responsable de la mayoría de los secuestros.

Si se compara el comportamiento que tuvo esta agresión a nivel nacional en el 2024 con el del año inmediatamente anterior, se evidencia que el secuestro tuvo un aumento del 200% a nivel nacional, figurando el ELN como el presunto responsable de la mayoría de estos hechos.

Finalmente, el informe del Programa Somos Defensores reconoce distintas variables que pudieron dar lugar a subregistros en agresiones ocurridas durante el 2024, por ejemplo, las restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados (como los confinamientos), el silenciamiento, los problemas para acceder a los territorios y las diversas formas de control impuestas por las estructuras que buscaron establecer un control territorial.

El Programa Somos Defensores, es un espacio de protección que busca desarrollar una propuesta integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su labor en defensa de los derechos humanos, cuando resguardan los intereses de grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia en Colombia.

Bogotá D.C., 10 de abril de 2025 – El Programa Somos Defensores
Para más información, comunicarse con:
Juan Manuel Quinche, responsable del SIADDHH – 3176677053
Correo: [email protected]

Consulta el informe aquí