El 27de septiembre en la localidad de Sogamoso, en el centro oriente de Boyacá, numerosas organizaciones sociales iniciarán el que han llamado un proceso de de enjuiciamiento ético al negocio de la salud en Colombia, y a sus máximos responsables y beneficiarios, iniciativa impulsada por el movimiento social Octava Papeleta por la salud y la seguridad social como derechos fundamentales, con cinco objetivos centrales:

 

 

!Exigimos justicia para las víctimas de la ley 100 de 1993!, es la consigna que identifica el proceso de enjuiciamiento ético al negocio de la salud en Colombia, y a sus máximos responsables y beneficiarios.

El 27de septiembre en la localidad de Sogamoso, en el centro oriente de Boyacá, numerosas organizaciones sociales iniciarán el que han llamado un proceso de de enjuiciamiento ético al negocio de la salud en Colombia, y a sus máximos responsables y beneficiarios, iniciativa impulsada por el movimiento social Octava Papeleta por la salud y la seguridad social como derechos fundamentales, con cinco objetivos centrales:

Visibilizar ampliamente la problemática de la salud en Colombia, contribuyendo a que la población en general haga conciencia de la salud como derecho fundamental, exigible social y jurídicamente, y no solo como la prestación de servicios individuales de salud,
Ubicar los problemas estructurales del sistema de salud, como consecuencia de la intermediación financiera, y lograr que el común de los colombianos los comprendan, fortaleciendo los procesos de exigibilidad del derecho a la salud.
Fortalecer y articular el movimiento popular por la salud y la seguridad social, trascendiendo de las luchas individuales por la prestación de servicios en salud, a una visión colectiva e integral de la salud, y por lo tanto,
Clarificar la relación entre el componente salud y el conjunto de la seguridad social (pensiones y salud en el trabajo).
Crear formas de justicia popular que establezcan sanciones sociales, políticas y éticas a los máximos responsables de la vulneración del derecho a la salud, ya sea en su condición de responsables de la política pública hoy existente, o en su calidad de beneficiarios económicos del actual modelo de salud y seguridad social.

Si bien el sistema de intermediación financiera en salud, es parte integral de la Ley 100 de 1993, que reglamenta los artículos 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia, y por lo tanto es legal, para las organizaciones convocantes, son inmorales y antiéticas las gravísimas consecuencias que ha generado, incluso en cuanto a pérdida de vidas humanas por la pésima, ineficiente y costosa prestación de servicios en salud. Se estima que por responsabilidad del sistema de salud han muerto más colombianos que en el marco del conflicto armado que durante más de 50 años ha azotado nuestro país.

Durante los 20 años de vigencia de la Ley 100/93, han sido sistemáticas y reiteradas las barreras de acceso a los servicios de salud, con prácticas perversas como la del llamado “paseo de la muerte; baja calidad y restricción de acceso a medicamentos; precarizacion de las condiciones laborales para todos quienes laboran en el sistema; crisis generalizada de la red pública hospitalaria expresada en quiebre, cierre y privatización de hospitales públicos; la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores en salud. Todo esto como consecuencia de los más de 5 billones de pesos que les adeudan las EPS.

La primera Audiencia regional del juicio ético al negocio de la salud y a sus máximos responsables y beneficiarios sesionará el sábado 17 de septiembre, a partir de las 8 am, en el auditorio principal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Sogamoso. Serán presentados casos ilustrativos de estas dramáticas realidades, evidenciando la urgente necesidad de cambiar radicalmente el sistema de salud y como trasfondo a la búsqueda de formas de sanción ética y social desde las comunidades, a de los máximos responsables y beneficiarios del descalabro de la salud de los colombianos. Terminará con una marcha por el derecho a la salud, que irá hasta la Plaza de la Villa, para visibilizar ampliamente las conclusiones, y sensibilizar a los sogamoseños acerca de la necesidad de denunciar toda forma de vulneración del derecho a la salud.

Entre octubre y diciembre de 2014 serán realizadas otras tres audiencias regionales, del juicio ético al negocio de la salud y a sus máximos responsables y beneficiarios:

Octubre 25, en Pacho, Cundinamarca
Noviembre 22, en Cali, Valle
Diciembre 10 -Día Internacional de los Derechos Humanos-, en Bogotá D.C.

La sesión final del Juicio Ético y Político sera realizada en julio de 2015.

Desde la Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales, hacemos un llamado a todos y todas los usuarios a quienes les haya sido vulnerado su derecho a la salud, a que hagan llegar su denuncia, para poder incluirla en este proceso de exigencia de justicia.