Esta intervención buscaba que la Corte Constitucional declarara inconstitucional el Decreto 2002 de 2002, pues vulneraba derechos fundamentales, en especial, aquellos relacionados con la libertad de circulación y residencia, y con el debido proceso; también lo hacía con el principio de independencia judicial, pues le otorgaba funciones de policía judicial a miembros de las fuerzas armadas.