INTIMIDACIONES Y AMENAZAS AFECTAN PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.
La Corporación Jurídica Yira Castro, rechaza la campaña de estigmatización que se ha emprendido en contra de las comunidades campesinas reclamantes de tierras en el departamento de Magdalena, en particular a las familias reclamantes de los municipios de Chibolo, Sabanas de San Ángel y Plato a quienes la Corporación ha acompañado a lo largo de 9 años de lucha por la restitución de los predios que les fueron arrebatados a comienzos dela década del dos mil por grupos paramilitares al mando de Jorge 40, hechos que están documentados en expedientes judiciales y han sido confesados por varios jefes paramilitares.
Acusaciones temerarias como las expresadas por el Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos José Feliz Lafaurie quien afirmó, en la “audiencia pública” contra la Ley de Restitución realizada en Sabanas de San Ángel el pasado 5 de abril, que “La restitución no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”, ponen en alto riesgo a las comunidades, a las organizaciones de derechos humanos que las acompañan e incluso a las entidades públicas encargadas de adelantar la política de restitución de tierras.
La intención de los convocantes de la “audiencia” fue poner en entredicho la legitimidad de una ley que fue expedida como justa respuesta a una realidad inocultable en el país: cerca de 7 millones de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado durante los últimos 20 años del conflicto armado interno y más de 400 familias denunciaron haber sido despojadas o forzadas a abandonar sus tierras que equivalen a más de 4 millones de hectáreas, por lo que resulta especialmente grave que estos escenarios hayan sido acompañados por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez quien en las mismas alentó a la audiencia en su propósito de oponerse a la ley y en medios de comunicación no ha dudado en referirse a la inconveniencia de la misma por las injusticias que le ha acarreado a las “víctimas de la restitución en el Magdalena”.
Como parte interviniente en el proceso judicial de restitución de tierras en representación de la sociedad, su participación en estas audiencias, cuestiona la autonomía e independencia del Ministerio Público y pone en entredicho la labor de sus delegados. Las manifestaciones hechas por el Procurador pueden influir a jueces y magistrados a la hora de decidir sobre los cientos de procesos de restitución que se encuentran en etapa probatoria o a espera de fallo en el departamento de Magdalena, afectando las garantías judiciales de los demás intervenientes en el proceso.
Animar el desconocimiento de la ley como se ha hecho, hace prever un obstáculo al desarrollo de los procesos judiciales de restitución en el departamento de Magdalena. Recientemente denunciaban los medios de comunicación la oposición violenta a diligencias de restitución en esta región. Con lo sucedido, se teme que este tipo de prácticas se generalicen poniendo en riesgo la vida e integridad de los intervinientes del proceso y obstaculizando aún más la implementación de la ley.
A estos graves hechos se suman las recientes denuncias de la comunidad reclamante del Magdalena y la CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO ante la presencia actual de grupos paramilitares en Chibolo, Plato y Sabanas de San Ángel, quienes a partir de amenazas e intimidaciones a la población y a las entidades involucradas en el proceso como la Corporación Jurídica Yira Castro, pretenden entorpecer los avances obtenidos para la comunidad víctima de desplazamiento.
Según denuncian campesinos habitantes del municipio de Chibolo, desde hace unos meses se han empezado a ver personas extrañas patrullando por los predios, realizando reuniones con ganaderos y terratenientes, muchos de ellos cuestionados por sus vínculos con paramilitares, esto, con el fin de oponerse a la restitución de tierras. (1)
Estos mismos grupos realizaron un paro armado en varios municipios de la región caribe los días 31 de marzo y 01 de abril del presente año, amedrentando a la comunidad con sus amenazas y oponiéndose a la política de restitución de tierras.
La falta de presencia de las autoridades competentes, afecta la permanencia de las y los campesinos restituidos en el Magdalena, ya que esta situación crea un ambiente propicio para amedrentar impunemente a las comunidades. Según información de una de las personas restituidas, se encuentran atemorizados ya que les manifestaron que no podían salir de sus casas después de las 6 de la tarde.
Las comunidades temen agresiones y hostigamientos así como una nueva ola de desplazamiento, por lo que la Corporación Jurídica Yira Castro reitera su preocupación y exige al Estado que se le garantice la vida e integridad de las comunidades restituidas, así como la labor de las organizaciones acompañantes y de las entidades involucradas en el proceso de restitución.
Hacemos un llamado para que la fiscalía general de la Nación adelante las investigaciones que permitan develar a los promotores y beneficiarios del desplazamiento forzado y el despojo de tierras que padeció la comunidad reclamante de Chibolo, San Angel, Pivijay, Fundación y Aracataca a fin de superar la impunidad que les ha cobijado hasta ahora y que les alienta para continuar torpedeando los procesos de restitución. Esta será la mayor garantía para la No Repetición de estos crímenes y la reparación definitiva a las víctimas.
La Corporación está comprometida con el proceso de restitución de tierras y junto al movimiento de víctimas, sectores sociales y organismos de derechos humanos,seguirá trabajando por su efectiva implementación como aporte a la construcción de paz con justicia social, mas en estos tiempos en que la posibilidad de poner fin al largo conflicto armado que hemos padecido en Colombia, encuentra una oportunidad en los procesos de diálogo y negociación iniciados con los grupos guerrilleros.