En 1997 se cometieron más de 150 asesinatos selectivos y dos masacres en el municipio de
Ituango, Antioquia. De estos hechos el más cruento fue el del corregimiento de El Aro.
Paramilitares, bajo las órdenes de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, tomaron a la
población, reunieron a sus habitantes en el parque central, asesinaron públicamente a
líderes de la localidad, entraron a varias casas y torturaron a sus ocupantes. Al segundo
día de la incursión, un helicóptero del Ejército Nacional aterrizó en la plaza central, y
uno de sus tripulantes entregó municiones al grupo paramilitar. Antes de retirarse, los
agresores saquearon el pueblo e incendiaron la mayor parte de las casas del casco urbano.

El abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle había formulado múltiples
denuncias sobre la acción conjunta de tropas adscritas a la IV Brigada del Ejército y
grupos paramilitares en Ituango. Presentó sus quejas al general Carlos Alberto Ospina
-actual comandante de las Fuerzas Militares -, y al entonces gobernador de Antioquia,
Álvaro Uribe Vélez. La reacción de las autoridades fue una demanda penal por calumnia. El
debate entre el abogado y el Gobernador se hizo en los medios de comunicación y giró en
torno a la creación de las asociaciones Convivir. Según los registros de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los jefes paramilitares figuraban
entre los principales impulsores de las cooperativas de seguridad. Mancuso fundó su
propia Convivir dotada con subametralladoras, pistolas automáticas y fusiles. Valle
afirmó: “Los militares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los
vehículos que utilizan”. Uribe lo llamó públicamente “enemigo de las fuerzas armadas”.
El 27 de febrero de 1998, dos sicarios entraron a la oficina del abogado y, en presencia
de su hermana, lo asesinaron. Sus restos mortales no pudieron ser velados en la
Universidad de Antioquia, pues la rectoría del plantel no autorizó que se realizaran los
actos de homenaje póstumo en sus recintos. En una carta abierta en la que negaba haber
incitado a la violencia contra el defensor de derechos humanos, el gobernador Uribe
sostenía que su política de crear las Convivir se basaba en la convicción de que eran “un
modelo transparente de cooperación ciudadana con la Fuerza Pública”.

En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por las
masacres de Ituango en respuesta a la demanda que presentaron el Grupo Interdisciplinario
de Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas. En su sentencia, la Corte sigue
desarrollando la jurisprudencia internacional acerca de la responsabilidad estatal en
crímenes contra la humanidad cometidos por grupos paramilitares en alianza con servidores
públicos.

Los sobrevivientes de las masacres perpetradas viven hoy en el desplazamiento forzado.
Sus núcleos familiares se han desintegrado, y en muchos de los hogares los niños trabajan
para ayudar a la precaria economía doméstica. Mientras tanto, Salvatore Mancuso frecuenta
clubes, restaurantes y centros comerciales, haciendo ostentación de su riqueza, y se
reúne con el Gobernador, los diputados y uno que otro congresista en Córdoba. El
reglamento de la Ley 975/05, que prepara el gobierno del presidente Uribe, velará para
que las tierras usurpadas por él y su inmensa fortuna encubierta en los negocios de las
redes mafiosas no se destinen a la reparación de las víctimas. Los familiares de Jesús
María Valle esperan justicia, y el próximo lunes se posesiona como Presidente de la
República el creador de las siniestras “cooperativas de seguridad” Convivir.