Tomado de eltiempo.com
De este tallerista y defensor de derechos humanos no sabe nada desde noviembre de 1992. Relato.
El miércoles 4 de noviembre de 1992 el tallerista y defensor de derechos humanos Gustavo Salgado Ramírez acompañó a su hija, Juana Ibanaxca Salgado, a la ruta del colegio en Bogotá. Era una rutina nueva, adoptada por seguridad, porque meses atrás, Juana, de 15 años entonces, fue la que contestó el teléfono y recibió la amenaza: o Gustavo paraba su trabajo o lo iban a matar.
Tomar el bus al colegio entonces ya no era opción. “Intentó asegurarme a mí y no a él”, relata Juana sobre el último día que vio a su padre, a quien recuerda con dulzura y con quien tuvo una relación muy cercana, apegada.
“Tuve la suerte de tenerlo muy cerca en mi crianza. Tengo un recuerdo de él suave y tierno, siempre fue muy cercano al mundo del arte y del deporte. Él me esperaba entrenando boxeo mientras que yo estaba en la línea de gimnasia”, agrega Juana.
Entre los recuerdos están las idas al Parque Nacional en Bogotá a ver teatro, algo que despertó su sensibilidad en las artes, su personalidad, la disciplina. Historiadora, bailarina y activista, Juana Salgado hace parte de un colectivo artístico denominado ‘La Otra Danza’ desde el cual ha explorado la terrible lucha silenciosa y de impunidad contra el olvido, en favor de la memoria.
Gustavo Salgado Ramírez trabajaba en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, o Limpal, y en ‘Terre de Hommes’, organizaciones de derechos humanos que hacían talleres de formación de jóvenes vulnerables. Ese 4 de noviembre de 1992 salió de su casa sobre las 8 de la mañana de norte a sur. Su esposa, Patricia Jiménez, se baja en la 72 a clases en la Universidad Pedagógica y se despiden. Él le dice que iba para la oficina y de ahí a unos talleres, pero no llegó.
“Él desaparece entre la 72 y la 53 porque la oficina quedaba en la 53 con Caracas. La última persona que ve a Gustavo es su esposa, que se despiden en el bus, y a partir de ahí no se sabe nada”, cuenta la abogada Yessika Hoyos del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ quien tiene el caso.
Además de la llamada amenazante, la familia y amigos saben que apenas dos días antes, dos investigadores del ahora extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habían ido a las oficinas del Limpal y habían estado preguntando por Gustavo, pero también por Gabriel Ángel Betancur y Teresa Quiñones, que eran pareja y trabajaban con él. Y por Ute Sodeman una ciudadana alemana que era la presidenta de Limpal y representante de ‘Terre de Hommes’.
Es muy difícil cuando encuentras instituciones a las que realmente no les importan los desaparecidos. No se puede desaparecer una persona que previamente tenía seguimientos y que nadie sepa que pasó
Ellos –cuenta la abogada Hoyos-ya habían denunciado seguimientos y fueron quienes denunciaron ante la justicia la desaparición de Salgado.
Betancur Alliegro, un líder campesino, y Quiñones Castañeda, graduada de Bellas Artes, quienes dieron sus declaraciones entonces, fueron desaparecidos forzadamente en 1998. Y Sodeman salió del país ante el miedo y la zozobra.
El caso cumplió en noviembre 29 años de impunidad y de olvido. En los expedientes judiciales reposan un informe de inteligencia de unidades del Ejército Nacional en donde aparecen los nombres de Betancur y Quiñones y otro en donde aparece Gustavo y Limpal en relación con seguimientos.
La hipótesis ante la justicia para la familia es una sola, que se trató de una “operación conjunta del Ejército con el DAS”, auspiciada bajo la lógica del ‘enemigo interno’, pero nada de fondo ha pasado.
En 2013 hubo un cambio de fiscal y se ordenaron algunas pruebas que llamaron la atención como, por ejemplo, que se preguntó por unas actas a Medicina Legal de unas personas desaparecidas, cuya respuesta inicial fue que un cuerpo había llegado bajo el nombre de Gustavo Salgado y luego, la entidad aseguró que fue una equivocación, que la víctima se identificó como otra persona.
“Vamos a Medicina Legal a preguntar porque creen que entra un cuerpo con ese nombre. Una funcionaria que ni siquiera corrobora con quién contestó el pasado (a la Fiscalía), dice que no, que hubo una equivocación. Que hubo un cotejo de ese cuerpo y se descartó”, explica la abogada.
Hoy el caso está en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. “Es muy difícil cuando encuentras instituciones a las que realmente no les importan los desaparecidos en Colombia. Al actual fiscal Francisco Barbosa no le interesan los desaparecidos, hay que investigar en contexto. No se puede desaparecer una persona que previamente tenía seguimientos y que nadie sepa qué pasó. Los desaparecidos nos faltan a todos”, dice Hoyos.
Gustavo Salgado, desaparecido forzadamente, y su hija Juana Salgado.
Foto:
Archivo particular
La herida
“Es como caminar con una herida abierta. Siempre me he sentido así, incompleta, al no saber qué le pasó a él, al ser separada de mi familia. Mi mamá y mis (dos) hermanas tuvieron que irse y yo aquí quede sola prácticamente separada de ellas muchos años por seguridad, por seguridad de la vida porque de la psicológica nada”, agrega Juana quien resalta que poder hablar de esta dolorosa situación, con la firmeza con que lo hace ahora, le tomó años.
Creció con mucha rabia recuerda y tuvo que enfrentarse entonces, con 15 años, a la indolencia de una sociedad. Por ejemplo, cuando la desaparición de su papá salió en las noticias y su mamá buscó que el colegio la becara por los grados 10 y 11, ese colegio en donde estudió ‘toda la vida’, la echó.
“Eso duele mucho. Duele la forma de ver a un defensor de derechos humanos en los años 90 y la forma como fuimos maltratadas: las compañeras que te dejan de hablar, la misma familia y las lecturas muy polarizadas de la gente, aunque ahora se valora un poco más a los defensores de derechos humanos”, dice.
“Tuve que hacer muchos procesos para entender, pero jamás dejaré de reclamar toda la injusticia, la impunidad y la invisibilización. Y no solo del Estado, sino también de una ciudadanía que nunca se ha dado por enterado de la cantidad de desaparecidos que tiene este país”, relata Juana quien tiene entre sus recuerdos a su padre en la marcha, interesado por las ciencias y la tecnología, por las comunicaciones.
“Era un tipo que pensaba muy hacia el futuro la política pero también las relaciones de la política en la naturaleza”, agrega. Un personaje extrovertido, llamativo con su forma de vestir, que no siempre combinaba lo que se ponía. “Yo disfruté mucho a mi papá, mis hermanas eran unas niñas. Tengo una huella de él muy fuerte en mi herida”, precisa Juana.
La familia de Gustavo Salgado encontró en las artes una forma de exorcizar esa herida abierta. ‘Las horas más antiguas’, una producción audiovisual, hace un homenaje solemne al padre, al esposo, al abuelo, usando, entre otros, un texto de Gustavo, quien el próximo 3 de junio de 2022 cumpliría 76.
La obra ‘Camino a Casa’ del colectivo La Otra Danza presenta a su protagonista, Aimara, mientras trae a su padre desaparecido a recorrer la ciudad transformado en un león gigante.
El Estado es absolutamente vulgar, cínico y descarado porque ha usado la desaparición como una forma de hacer callar otras voces que son divergentes a las estatales.
Juana, quien ha participado en seminarios sobre la desaparición forzada, no solo reclama justicia sino un despertar social sobre el proceso de transición que vive el país. Por ejemplo, llama la atención sobre el proceso de memoria que vivió Argentina tras la última dictadura militar (1976-1983).
“Los desaparecidos están en los muros, hay museos, hay una ciudadanía que se avergüenza de lo que pasó y aquí estamos en un proceso demasiado lento. Hasta ahora siento que la ciudadanía está dimensionando que estamos pisando muertos todo el tiempo y que la desaparición forzada ocurrió en los ojos de todas y todos nosotros y que el Estado es absolutamente vulgar, cínico y descarado porque ha usado la desaparición como una forma de hacer callar otras voces que son divergentes a las estatales”, precisa.
Salgado, junto a otros colectivos que luchan por la memoria de las víctimas de desaparición forzada, fueron los responsables de un mural que se realizó en la carrera Séptima, en la vía, en el marco del paro nacional de 2021, en frente de la Jurisdicción Especial para la Paz en mayo de 2021.
El mural de grandes proporciones, que se veía con claridad desde la altura, decía “Desaparecidxs, ¿Dónde están?”. Y a un lado tenía la cifra de las personas desaparecidas para entonces en el parto y, al otro, el universo global de víctimas del flagelo estimado: 82.472. En el proceso, cuenta Juana Salgado, personas se le acercaron a preguntar que qué era un desaparecido y días después fue borrado.
“Hay muchos retos a nivel simbólico pero eso implica recursos y voluntad política, generalmente son los abogados y familia jalando los casos. Creo que hay que fortalecer la pedagogía”, finaliza Juana, convencida que el caso de su papá, como el de otros desaparecidos en la misma época, en los que los presuntos responsables son agentes estatales, implicaron además “llevarse generaciones hermosas que quisieron cambiar a este país, incluso las que se pasa ahora. Cualquier persona puede ser objeto de desaparición en este país”.
El llamado a la justicia
La abogada Yessika Hoyos hizo un fuerte llamado a la Fiscalía por este caso, así como los de Gabriel Betancur y Teresa Quiñones. Según dijo a EL TIEMPO, en su criterio, a la actual cabeza de la entidad, Francisco Barbosa, “no le interesan los desaparecidos”.
“Si el fiscal Barbosa tuviese una política para buscar a los desaparecidos fortalecería al equipo, no estaría, al contrario, acabando la Unidad de Derechos Humanos. Quiero hacer un llamado para que fortalezca la unidad porque están archivando las investigaciones de desaparición forzada y de desplazamiento forzado”, dijo.
También explicó que se encontró que el caso de Quiñones estaba archivado y sólo cuando acudieron a una tutela, la Fiscalía explicó que el expediente tampoco aparecía. “Luego dice que encontraron algo y mandan 50 folios, eso no es la investigación porque allí es donde se encontró otro informe de inteligencia del Ejército, en donde aparecía un listado con otros defensores de derechos humanos como Alirio Uribe”.
Hoyos recordó que el deber de investigar la tiene el Estado y no los familiares ni sus representantes. “Es una actitud totalmente indolente, de no importarle los desaparecidos”, agregó.
La jurista señaló que, a pesar de que se nieguen, en Colombia sí existen los crímenes de Estado y “esa construcción del enemigo interno lo que ha facilitado es que se declaren objetivos militares. Necesitamos saber la verdad para que conozcamos como sociedad lo que pasó y lo que no podemos permitir que vaya a ocurrir”.
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@AlejaBonilla
JUSTICIA
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