Cuando se habla de experiencias internacionales para hacer ejercicios comparativos con
relación a lo que está aconteciendo en Colombia, regularmente se buscan ejemplos de los
países que han atravesado por las llamadas transiciones democráticas. Poco se ha
analizado, sin embargo, otra clase de experiencias. Tal es el caso del movimiento social
italiano contra el capitalismo mafioso.
Desde finales de la década de 1940 comenzó en Italia el ascenso de organizaciones
criminales. Paulatinamente se generalizó la infiltración de las instituciones, y la
desviación de los recursos públicos. Clanes como la Cosa Nostra y la Camorra usurparon
tierras con métodos violentos, como ocurrió en el caso de la masacre cometida en 1947
contra campesinos de la Ginestra. Luego compraron propiedades con el fin de legalizar sus
capitales. En el sur de Italia las reglas de la competencia del mercado quedaron
sometidas a modalidades extorsivas como el “pizzo”; impuesto cobrado a los comerciantes
en Sicilia. Un informe parlamentario de 2003 afirmó que el 2,5 % del PIB anual italiano
provenía de fuentes relacionadas con la economía mafiosa. Las organizaciones criminales
impusieron así mismo sus reglas en la política. Según el fiscal de Palermo, Piero Grasso:
“Cosa Nostra, muy a menudo, ha sido el propio Estado”. Los escándalos mafiosos
comprometieron a Gulio Andreotti -siete veces primer ministro de Italia- y a miembros de
la administración Berlusconi. A finales de la década de 1990, se denunció que los
mafiosos conseguían votos para políticos del partido de gobierno, Forza Italia.
Para enfrentar esta situación se ha desarrollado un movimiento social contra el poder
criminal. Los jueces Falcone y Borsellino fueron asesinados debido a que realizaron
grandes procesos judiciales contra los capos, y les confiscaron cuantiosos bienes. Además
se han conformado organizaciones de la sociedad civil que pregonan los valores de
legalidad democrática y solidaria. Un buen ejemplo es la asociación Libera que integra
1.200 grupos en toda Italia y que lucha, desde 1995, por la organización de las víctimas
de la mafia, y por el uso social de las propiedades ilícitas incautadas. Dado que la
mayor parte del patrimonio confiscado se concentra en zonas pobres del sur, los proyectos
de Libera apuntan a crear puestos de trabajo en áreas de alto riesgo criminal con un
fuerte grado de desocupación juvenil. Su labor ha demostrado que la riqueza arrebatada a
la mafia puede servir a programas de inclusión social. En 1996, Libera dirigió la
recolección de más de un millón de firmas de apoyo a un proyecto legislativo que buscaba
consagrar la función social de la tierra y los bienes detentados por la mafia. La
iniciativa dio lugar a la adopción de la Ley 109/06. Por esta vía legal se han podido
entregar cientos de hectáreas a las comunidades, y convertirlas en proyectos productivos
agrícolas. El pasado 26 de junio, Libera presentó ante los medios de comunicación los
resultados de un programa de esta naturaleza en la región de Calabria, donde delinque la
familia Mancuso de Limbadi y la temible ‘Ndrangheta. Como se recordará, en 2004 la
operación policial ‘Decollo’ puso al descubierto los nexos de ese clan con el paramilitar
colombiano Salvatore Mancuso al incautar más de 5.000 kilos de cocaína.
En Colombia también existen expresiones de resistencia civil que trabajan para que la
tierra sea un bien colectivo y no un capital de las redes mafiosas. Su experiencia es
afín con la de los campesinos del sur de Italia, pues a pesar de las diferencias
geográficas y culturales tienen poderosos enemigos comunes.