Las plataformas de derechos humanos consideramos que no es conveniente la declaratoria de un estado de Conmoción Interior decretada por el Gobierno Nacional para enfrentar la grave situación de violencia en la región del Catatumbo, e instamos a que se  implementen las medidas ordinarias con las que cuenta el Estado de Derecho para transformar de manera real y sostenible los territorios y proteger y brindar garantías a las comunidades.

Bogotá D.C., 6 de febrero de 2025. El pasado 24 de enero, a raíz de la grave situación humanitaria y de violencia contra la población civil generada por los ataques del Ejército de Liberación Nacional ELN al Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes, los enfrentamientos entre ambos grupos, sumado al cruce de comunicados y videos que anunciaban la agudización de la guerra en el territorio, el Gobierno Nacional hizo público el Decreto Legislativo 062 de 2025, mediante el cual se declaró el estado de conmoción interior en los municipios de la región del Catatumbo, los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, y el área metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander, así como en los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.

Con esta declaratoria se busca adelantar acciones de índole: i) militar, para recuperar el control territorial, la presencia institucional y fortalecer el control fronterizo; ii) humanitario, para dotar de servicios básicos a la población en emergencia, iii) desarrollo territorial, dirigido a la aceleración de los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito establecidos en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz de 2016, a garantizar el cuidado de áreas protegidas, y al control y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, y iv) económico, a través de medidas presupuestales para modificar contribuciones y el Presupuesto General de la Nación para garantizar la ejecución de las medidas dispuestas.

Las plataformas de derechos humanos manifestamos enfáticamente nuestro desacuerdo con la declaratoria de un estado de excepción, y en particular con aquellas medidas de respuesta militar que no resuelven situaciones estructurales, que históricamente han sido desatendidas. Más aún, nos preocupa la adopción de estas medidas sin antes resolver las graves falencias del modelo de seguridad que han permitido la comisión de graves vulneraciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y su connivencia con algunas de las partes enfrentadas.

Es innegable la grave situación humanitaria que viven las comunidades del Catatumbo con ocasión de la oleada de violencia desatada por estos grupos armados. La Gobernación de Norte de Santander ha reportado, con corte al 5 de febrero de 2025, 54.013 personas desplazadas y 32.403 confinadas, 56 personas asesinadas violentamente, entre ellas 4 menores de edad, así como el homicidio de 2 líderes sociales y de 4 firmantes de paz, además de la desaparición forzada de 8 de ellos^[1]. Asimismo, la persistencia de las hostilidades entre los grupos armados ha generado una situación crítica de estigmatizaciones y amenazas que impide el desarrollo normal de la vida comunitaria, atenta contra los procesos sociales y el ya precario funcionamiento de la institucionalidad en la zona.

Aunque la dimensión de la violencia sufrida en los últimos días ha superado cualquier posible cálculo, las dificultades de seguridad en el Catatumbo son de larga data, estructurales y no sobrevinientes. Ellas se derivan de la falta de estrategia para el desarrollo territorial de la mano con las comunidades, los incumplimientos del Acuerdo Final de Paz, deficiencias en el control estatal a la expansión del paramilitarismo y el accionar de los distintos grupos ilegales y la desatención a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, situación que se vio agravada por las dificultades en las negociaciones de paz con el ELN.

La acción integral que se requiere del Estado colombiano puede desarrollarse mediante sus facultades ordinarias, sin necesidad de recurrir a la declaratoria de un estado de conmoción interior.

Así, la declaratoria por parte de la Corte Constitucional de tres Estados de Cosas Inconstitucional, uno en materia de garantías de seguridad para firmantes de paz, otro en garantías para el ejercicio de la labor de las personas defensoras y uno más para la ejecución de los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, identifican vulneraciones graves a un amplio conjunto de derechos fundamentales como consecuencia de los retrasos en la implementación del Acuerdo y las graves omisiones de entidades estatales. Sin embargo, la misma Corte ordena que estas situaciones sean resueltas por el Gobierno Nacional usando sus facultades ordinarias.

Por todo lo anterior, la crisis humanitaria y la vulneración masiva y sistemática de derechos en el Catatumbo no puede ser abordada a través de medidas transitorias como las que otorga un estado de excepción. Es fundamental que el Estado implemente una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la violencia, y no sólo priorice la respuesta militar. Se requiere una acción coordinada y articulada de las entidades del Estado y entes territoriales con participación de las comunidades y sus organizaciones sociales,  que garantice los derechos humanos, el desarrollo territorial concertado, la implementación del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de mecanismos de protección para las comunidades afectadas.

Es urgente que el Gobierno acelere la suscripción e implementación del Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo,  cuyo lanzamiento se realizó en julio del año anterior tras dos años de estructuración de planes y proyectos, en un ejercicio participativo y unitario de las organizaciones sociales en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio.

Asimismo, urge que se implemente de manera integral y efectiva la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, y en especial las medidas para desestructurar las dimensiones financieras, políticas e institucionales de los grupos armados. Además, es importante que adopte una política integral de garantías para la labor de defensa de derechos humanos en Colombia, y se implemente de manera acelerada la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, así como, el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, y que todas estas medidas estén articuladas estrechamente con la política de Paz Total.

Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional que no claudique en los esfuerzos por lograr una solución negociada al conflicto y orientar sus esfuerzos a la urgente concertación y puesta en práctica de acuerdos humanitarios y rutas de protección en favor de las personas civiles.  Es inadmisible que la alternativa a la Paz Total sea priorizar la militarización, y es peor hacerlo valiéndose de la excepcionalidad. Instamos al Gobierno a que implemente las medidas ordinarias con las que ya cuenta para solventar las graves afectaciones a los derechos humanos que actualmente vive la población del Catatumbo, priorizando una respuesta que garantice la protección y bienestar de sus habitantes.

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

^[1] Gobernación de Norte de Santander. Balance PMU Catatumbo. Boletín 16 del 5 de febrero de 2025. Disponible en https://x.com/GoberNorte/status/1887458783351251005/photo/1. Consultado el 6 de febrero de 2025.

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