La vinculación de funcionarios a la UBPD debe asegurar la confianza de las victimas y aportantes de información sobre la búsqueda de personas desaparecidas y enmarcar su labor en un fuerte compromiso con el proceso de paz
Bogotá, 4 de abril de 2024
Las organizaciones de la Mesa de Trabajo Sobre Desaparición Forzada (MDTDF) de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organizaciones de DDHH y Victimas abajo firmantes, expresan su preocupación por las informaciones recientemente conocidas y referidas a la vinculación a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) – entidad crucial para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz – de personas que exhiben públicamente manifestaciones de resistencia y rechazo a los mismos Acuerdos de Paz a los cuales hoy se les encomienda la realización de tareas relacionadas con su implementación.
En este sentido nos preocupa la reciente vinculación del señor Jairo Corzo Gómez, como Experto Técnico para la Territorial del Magdalena Medio y con responsabilidad en la implementación del Plan Regional de Búsqueda de los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Salgar, Puerto Nare y Cimitarra.
Como es de notorio conocimiento las poblaciones de estos municipios fueron objeto de intensas prácticas genocidas del terrorismo de Estado, perpetrados de manera conjunta entre grupos paramilitares y diversas entidades de las fuerzas de seguridad del Estado, en las cuales, en aplicación de la política contrainsurgente se exterminaron organizaciones sociales, sindicales, campesinas y las organizaciones políticas de izquierda con presencia en la región, como el Partido Comunista (PCC), la Unión Patriótica (UP), la Unión Nacional de Oposición (UNO9, movimiento político y social A Luchar y otras, así como miles de militantes y activistas políticos de organizaciones perseguidas por su papel en las luchas sociales y su opción por la rebeldía social hacia un cambio radical de la sociedad.
Las preocupaciones se agudizan dado el carácter de ex miembro de las fuerzas de seguridad del Estado del Señor Corzo Gómez, quien alardea en sus redes sociales de su anterior desempeño como “intendente de la gloriosa familia verde oliva en Policía Nacional de los Colombianos” (sic). Así mismo, además de divulgar en sus redes sociales imágenes para denigrar a quienes fueron firmantes de la paz o vienen desempeñando un activo papel en los actuales procesos de negociaciones de paz, que al parecer se ha encargado de ocultar recientemente y exalta posiciones de reconocidos voceros de enemigos públicos de los procesos de paz pactados.
Su destinación a una región como los mencionados municipios del Magdalena Medio, también genera inquietudes pues el señor Corzo Gómez no parece desligarse de la furia anticomunista que llevó a la desaparición de cientos de militantes políticos de la Unión Patriótica, como evidencia la divulgación de información incriminante y estigmatizante de manera genérica contra este partido político de izquierda, y en la que, quien difunde estas afirmaciones dice estar denunciando “a la UP, como culpable de su asesinato”, difamación no solo insensata sino absolutamente incoherente como debe conocerlo el funcionario que además ostenta condición de abogado[1].
En este sentido, es y son entendibles la natural desconfianza tanto de las víctimas como de los posibles aportantes de información, sobre el hecho de que las labores de esclarecimiento del paradero de desaparecidos y la custodia de los elementos asociados a la escena donde se han vinculado y que podrían dar también indicios de circunstancias de su victimización y presunta responsabilidad, terminen encomendándose a funcionarios anteriormente vinculados a entidades de seguridad que han tenido papel activo en estos procesos, y que evidencian su animadversión a los movimientos políticos victimizados y a los procesos de paz pactados o en proceso de negociación.
Llamamos a la UBPD a afinar los criterios para la contratación de sus funcionarios, dado que existen otros casos en diferentes territoriales donde han sido vinculadas personas que no conocen del tema de los derechos humanos, ni de la búsqueda, como ocurre con el gerente de la territorial de la zona Nororiental. Esto genera desconfianza y falta de credibilidad en la entidad por parte de las víctimas.
Por las anteriores razones, solicitamos a la Dirección de la UBPD, en atención a las preocupaciones expresadas por distintos sectores y a la condición de libre nombramiento y remoción del funcionario señalado, que reconsidere el nombramiento señalado y se tenga en cuenta para todos los casos de contratación y vinculación de funcionarios con responsabilidades en la Unidad, no solo la naturaleza humanitaria y extrajudicial de su mandato sino la necesidad un requisito básico de empatía con los sectores sociales victimizados y de compromiso esencial con el entendimiento de los procesos de paz y los compromisos y riesgos que vienen asumiendo tanto los firmantes de paz, los voceros de los procesos y las demandas de paz de sectores amplios de la sociedad colombiana.
Atentamente,
- Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)
- Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
- Mesa de Trabajo Sobre Desaparición Forzada (MDTDF)
- Corporación Jurídica Libertad (CJL)
- Fundación Nydia Erika Bautista
- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADES)
- Centro Forense Integral – EQUITAS
- Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB)
- Corporación Para el Desarrollo Regional – Cali
- Fundación Guagua
- Grupos de Familiares de Victimas de Desaparición Forzada – Cali
- Mesa Departamental Sobre Desaparición Forzada de Antioquia
- Mujeres Caminando por la Verdad
- Fundación Progresar
- Fundación Hasta Encontrarlos
- Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CPDH)
- Congreso Nacional de los Pueblos
- Central Unitaria de Trabajadores (CUT) – Valle del Cauca
- Departamento de DDHH de la CUT – Nariño
- Unión de Ciudadanas de Colombia
- Asociación de Victimas del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA)
- Asociación de Mujeres Emprendedoras Victimas de la Violencia de Puerto Berrio – Antioquia (AME)
- Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana (CEAC)
- Colectivo Tejiendo Memorias
- Centro de Investigaciones sobre Conflicto, Violencia y Construcción de Paz de la Universidad de Caldas (CEDAT)
- Corporación Walkirias
- Corporación AMAR
- Grupo Sociocultural Desde Adentro
- Asociación Gente Emprendedora (GEMPREN)
- Corporación Sembrar
- Asociación de Familias en Busca de Felicidad (ASFADESL)
- Fundación CEPA Victimas del Conflicto Armado – Tuluá, Valle del Cauca
- Fundación Santamaría
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) – Valle del Cauca
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) – Nariño
- Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano (FUNDESUMA)
- Fundación para el Desarrollo y el Bienestar Social
- Sala de la Memoria del Museo Comunitario de San Jacinto
- Memorias del Atrato
- Kiosco de las Brisas
- Centro del Memoria del Conflicto
- Centro Integral de Formación y Fortalecimiento Cultural del Pueblo Wiwa
- Casa de la Memoria de Nariño
- Museo SIMAKONGO
- Casita de los Sueños
- Grupo Ampliado el Tente
- Fundación Futuro Social
- Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) – Pasto
- Fundación Para el Desarrollo Urbano y Campesino (FUNDEURCA)
- Asociación de familiares víctimas de Trujillo (AFAVIT)
- SINTRAEMSDES – Seccional Pereira
- Centro de DDHH del PaZifico
- DDHH N21 Incluyente y Diverso
- Familiares de Personas Desaparecidas Valle del Cauca
- Red DDHH Francisco Javier Ocampo Cepeda
- Corporación Justicia y Dignidad
- María del Pilar Navarrete Urrea, Defensora de DDHH y Victima de la toma y retoma del Palacio de Justicia
- Luz Elena Galeano Laverde, Defensora de DDHH y Victima
- Luis Fernando Álvarez, Defensor de DDHH y Victima
- Luz Marina Hache Contreras, Defensora de DDHH y Victima
- José Alexander Castro, Victima
- Diana Garzón, Victima de la Comuna 13 (Medellín)
- Marlene García, Victima de Cali
- Darling Alicia Escobar, Victima del San José del Guaviare
- Luz Mery Velásquez Carmona, Victima
- Luz Elena Salas, Victima
- Martha Elizabeth Soto Gallo, Defensora de DDHH y Víctima
- Guillermina Valencia Chaverra, Victima
- Roció Díaz Martínez, Victima
- Blanca Nubia Hidalgo Toro, Victima
- Diana María Vergara Gómez, Victima
- Blanca Nury Bustamante
- Fidelina Antonia Casas, Victima
- Margarita Restrepo, Victima de desaparición forzada______________________________________________________________________________________________[1] Corzo Gómez, Jairo. Página en YouTube. El abogado Oscar Santo Domingo denuncio a la UP, como responsable de su asesinato. https://www.youtube.com/watch?v=If1HxaUJjKA