Hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la persecución de que fueron víctimas por 30 años los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Se ordenó crear un día para conmemorar a las personas defensoras de derechos humanos y hacer ajustes legales que, a hoy, aún no se han hecho.

Por Alejandra Bonilla Mora/Cambio

Hace un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la persecución de la que fueron víctimas los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) durante 30 años por parte de agentes oficiales: intimidaciones, hostigamientos, amenazas, interceptaciones ilegales, seguimientos e incluso hechos de violencia que fueron desplegados, con el uso indebido de la inteligencia oficial, para obstaculizar el trabajo de los defensores de derechos humanos.

Esa sentencia señala que las actividades de inteligencia ilegales y de desprestigio siguieron más allá de la existencia de una Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y que, en general, se creó una situación de riesgo que llegó al extremo de entregar datos personales de defensores de derechos humanos a grupos paramilitares. Por eso, la Corte IDH dictó 16 órdenes que deben ser cumplidas por el Estado y aún no se han efectuado.

Por ejemplo, se ordenó crear un día para conmemorar en Colombia el día de las personas defensoras de derechos humanos, pedir perdón, depurar archivos del DAS y modificar la ley de inteligencia y contrainteligencia, entre otros. ¿Qué se ha hecho? CAMBIO habló con Jomary Ortegón, vicepresidenta del Cajar sobre este asunto.

Estatuto de las Personas Defensoras, sin avances en el Congreso

Por un lado, el Estado ya cumplió con el pago de una serie de indemnizaciones y de dar a conocer la decisión en publicaciones nacionales y en el Diario Oficial. No se ha avanzado en la realización de un documental audiovisual que deberá hacerse sobre la función de las personas defensoras de derechos humanos, la labor ejercida por el colectivo y las violaciones a derechos humanos sufridas por sus integrantes, así como hacer una campaña informativa a nivel nacional.

La esencia del cumplimiento del fallo pasa por una concertación entre las víctimas y el Gobierno. Pero esta ha sido débil, entre otras razones, por los cambios constantes de personal en el Gobierno. Aun así, se pactó que algunos temas se incluyeran en la política pública de protección y de garantías para las personas de derechos humanos. “Esperamos que pueda aprobarse este año”, dijo Ortegón al explicar que, en todo caso, más adelante se tendrán que ejecutar.

Una de esas medidas es la creación de un sistema de registro de violencias contra personas defensoras a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Por eso, el Cajar está pidiendo que se nombre a una persona con experiencia en el tema tras la salida del anterior director de esa dependencia y que no se frene la agenda que ya estaba pactada.

De otro lado, por ley se tiene que crear el día nacional de las personas defensoras de derechos humanos y el fondo de protección. Esto se incluyó en un proyecto de ley que crea un Estatuto para las Personas Defensoras que presentó la senadora Jael Quiroga en noviembre de 2024 y que no ha tenido ningún debate.

“Hemos insistido al Gobierno nacional que impulse esta legislación que tiene otros muchos puntos, pero además permitiría hacer realidad estas dos órdenes de la Corte Interamericana”, señaló Ortegón.

Los ajustes a la inteligencia, el problema de fondo

Ortegón señaló que ya se han tenido varias charlas con la Dirección Nacional de Inteligencia sobre los cambios a la Ley que se necesitan, que han tenido un buen ambiente. Pero no ha pasado lo mismo con el Ministerio de Defensa.

El año pasado el senador Ariel Ávila presentó un proyecto de ley que no tuvo impulso suficiente y se hundió. A hoy se han presentado dos iniciativas que se han caído y que han buscado la modificación de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia en varios aspectos. Uno era crear un procedimiento para hacer efectivo el derecho a la autodeterminación informativa, para que toda persona pueda acceder a la información que el Estado tenga sobre ella, así como corregirla, enmendarla o destruirla. Esto es una orden de la sentencia.

En cuanto a los documentos del DAS, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió una decisión que permite el acceso a sus archivos de inteligencia, siempre que exista una orden judicial para ello. “El acceso creemos que está garantizado pero el problema no es ese. Ya tuvimos acceso por otras sentencias y tenerlo no cumple el objetivo de la depuración”, señaló.

A esto se suma que, según Ortegón, que la documentación del DAS es bastante voluminosa. “La pregunta es, ¿cómo se va a proceder a hacer la depuración? Nosotros pensamos que primero debe hacerse un diagnóstico, luego la digitalización y esto requiere recursos”. Ortegón señaló entonces que necesitan respuestas sobre estos pasos por seguir.

El lío con el Ministerio de Defensa

Ahora bien, con la DNI ya se lograron avances significativos y un escenario de diálogo positivo. Pero, el tema de la inteligencia militar es otro asunto. “La respuesta ha sido nula, cero”, señaló Ortegón.

Se han hecho dos reuniones de concertación con la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería (que tiene a cargo el seguimiento de la decisión internacional) y, según Ortegón, “en ninguna ha quedado clara la posición del Ministerio de Defensa”.

“Hemos denunciado situaciones que nos hacen pensar que se siguen cometiendo abusos por parte de esta función. Hace dos años denunciamos un ingreso ilegal a la vivienda de la doctora Soraya Gutiérrez, lo mismo en la casa de la doctora Yessika Hoyos, que coincidían con actividad judicial ante la JEP y la justicia ordinaria en casos de graves violaciones a derechos humanos”, indicó.

“Por supuesto no tenemos cómo probar que esto fue un desarrollo de la inteligencia militar, pero sí nos surgen dudas porque esto responde al patrón de intimidación, ingreso a vivienda y robo de información. Tuvimos una reunión la semana pasada para hablar de esto, pero en el tema de inteligencia la respuesta del Ministerio de Defensa es que todavía no tenían una posición, que estaban adelantando discusiones”, agregó Ortegón.

Cabe precisar que todo esto se hizo con Iván Velásquez, reconocido defensor de derechos humanos, como cabeza del Ministerio de Defensa. Ahora, con un ministro militar como el general Pedro Sánchez, quien apenas ahora dejó la fuerza, en el Cajar no saben qué va a pasar.

“Desafortunadamente, en este punto nosotros creemos sí puede dificultar (el trabajo). No solamente por el hecho de provenir del estamento militar, que eso en ocasiones podría ser una ventaja, sino por su discurso que en este momento está enfocado en la coyuntura. Nos preocupa que se debilite lo que venía desarrollando el ministro Velásquez en materia de garantías de no repetición”, dijo Ortegón.

¿Qué va a pasar con el cumplimiento de este fallo internacional? ¿Será una prioridad en el Gobierno actual, metido en una campaña para promover las reformas sociales que no han podido pasar por el Congreso? El tiempo lo dirá.

Artículo publicado originalmente en: https://www.semana.com/confidenciales/articulo/coronel-r-publio-hernan-mejia-desistio-de-los-testimonios-de-los-expresidentes-uribe-y-pastrana/202550/