Miércoles 1ro de febrero de 2006, por Prensa - Colectivo

Nos estamos dirigiendo a usted para que se abstenga de certificar que el Gobierno Colombiano satisface las condiciones en derechos humanos incluidas en P.L. 108-447 y en P.L. 109-102, del Acta de Apropiaciones de Operaciones Extranjeras para los años 2005 y 2006, hasta que la Brigada XVII del Ejército Colombiano mejore sus prácticas en derechos humanos. Creemos que la certificación requiere de un progreso más sustancial en el enjuiciamiento de un número de casos destacados que involucran en graves violaciones de derechos humanos a miembros del ejército colombiano, incluyendo el asesinato de tres líderes sindicales en Arauca, el asesinato de una familia en Cajamarca, y la masacre de Mapiripán. Desde el comienzo del Plan Colombia, el Congreso ha aprobado y el presidente Bush ha firmado una ley que requiere que el Gobierno colombiano enjuicie casos claves de presuntos abusos en derechos humanos por parte de miembros del ejército colombiano.

1 de Marzo de 2006

Honorable Secretaría de Estado Condoleezza Rice
Departamento de Estado
2201 C Street NW
Washington, DC 20520

Estimada Señora Secretaria,

Nos estamos dirigiendo a usted para que se abstenga de certificar que el Gobierno Colombiano satisface las condiciones en derechos humanos incluidas en P.L. 108-447 y en P.L. 109-102, del Acta de Apropiaciones de Operaciones Extranjeras para los años 2005 y 2006, hasta que la Brigada XVII del Ejército Colombiano mejore sus prácticas en derechos humanos. Creemos que la certificación requiere de un progreso más sustancial en el enjuiciamiento de un número de casos destacados que involucran en graves violaciones de derechos humanos a miembros del ejército colombiano, incluyendo el asesinato de tres líderes sindicales en Arauca, el asesinato de una familia en Cajamarca, y la masacre de Mapiripán. Desde el comienzo del Plan Colombia, el Congreso ha aprobado y el presidente Bush ha firmado una ley que requiere que el Gobierno colombiano enjuicie casos claves de presuntos abusos en derechos humanos por parte de miembros del ejército colombiano.

El récord de la XVII Brigada es particularmente deplorable con respecto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el noroeste de Colombia. Más de 160 miembros de la comunidad han sido asesinados por grupos paramilitares, guerrillas de izquierda, y soldados del ejército desde que la Comunidad prometió desde 1997 no apoyar ningún grupo armado que opere en Colombia.

En febrero del 2005, ocho miembros residentes en la comunidad, incluyendo tres niños fueron brutalmente asesinados en una masacre que testigos presenciales informaron fue llevada a cabo por el ejército colombiano. Esta masacre fue uno de los varios casos que llevo al Departamento de Estado a retrasar la certificación en las condiciones de derechos humanos durante varios meses en el 2005. En el momento de la certificación, agosto 2005, la oficina de la fiscalía en Colombia no había hecho ningún progreso que nosotros estemos informados en la investigación de esta masacre. Creemos que la ausencia de cargos contra los responsables, resulta en mayor violencia contra los miembros de la comunidad.

Nos sentimos sumamente perturbados al saber del asesinato de Arlen Salas David el 17 de noviembre del 2005, el cual ocurrió según testigos presenciales, después que un soldado del ejercitó disparará una granada cuando Salas y otros estaban trabajando en un campo de maíz. Poco después, de acuerdo con miembros de la comunidad y el profesor, los soldados dispararon al pueblo, disparando a la escuela e hiriendo a una segunda persona Hernán Goez. Una delegación de la Comunidad y un observador internacional quienes llevaron a Goez al hospital fueron detenidos por un grupo de soldados de la XVII Brigada quienes supuestamente dijeron que los iban a matar y destrozar la comunidad.

El 12 de enero del 2006 de acuerdo con el portavoz militar citado en el periódico de Colombia “El Colombiano”, el Ejército asesino a Edilberto Vásquez Cardona, miembro de la Comunidad de Paz. Mientras el Ejército no disputa el asesinato de Vásquez Cardona, afirma que fue la guerrilla, lo que miembros de la comunidad insisten que no es el caso.

La ONG estadounidense Fellowship of Reconciliation - FOR, organización de diferentes creencias que tiene observadores en derechos humanos permanentemente en San José de Apartadó, ha sido hostigada por soldados del ejército colombiano que operan en el área. En octubre del 2005, un soldado colombiano fue escuchado por casualidad amenazar con “cortarle la cabeza” a un observador de FOR.

La decisión de certificación del Departamento de Estado transmitida en agosto al Congreso documenta más de 200 casos de violaciones de la Brigada XVII contra miembros de la Comunidad de Paz. La Brigada XVII también ha sido implicada en colaborar con grupos paramilitares y violaciones de derechos humanos en contra de comunidades afrocolombianas.

Nosotros aplaudimos la decisión, mencionada en su carta de certificación de agosto del 2005, en la que dice que los Estados Unidos “no considerarán dar apoyo a la Brigada XVII hasta que todas las acusaciones importantes de violaciones de derechos humanos han sido creíblemente tratadas”. Ya que la Brigada es un componente de la estructura de comando de la Fuerzas Armadas colombianas y ha sido implicada en las violaciones de derechos humanos arriba mencionadas, nosotros le imploramos respetar tanto el espíritu como la palabra de la ley y así retener la certificación en derechos humanos para Colombia hasta que las siguientes condiciones han sido alcanzadas: (a)La Fiscalía colombiana sigue las pistas disponibles y realiza progreso sustancial en los más importantes crímenes contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sin importar quienes fueron los autores. (b)En el caso específico de la Brigada XVII, sus responsables son suspendidos hasta que una investigación completa e imparcial establezca que esos oficiales son inocentes o culpables y (c)Se realiza una reforma sustancial de las operaciones de la Brigada XVII, como reflejo de su conducta en San José de Apartadó, las comunidades afrocolombianas y otras comunidades bajo su jurisdicción.

Creemos que retener la certificación en este momento contribuirá a estimular la voluntad política en Colombia para tratar estos asuntos que el Congreso esta supervisando. Estos pasos son necesarios al igual que progresos en otros bien conocidos casos de supuestamente creíbles violaciones a los derechos humanos por miembros de las fuerzas de seguridad.

Gracias por su consideración en este asunto.

Sinceramente,

1.Rep. Sam Farr
2.Rep. James McGovern
3.Rep. Tim Ryan
4.Rep. Sherrod Brown
5.Rep. Chaka Fattah
6.Rep. Earl Blumenauer
7.Rep. Rosa L. DeLauro
8.Rep. Rush Holt
9.Rep. Barbara Lee
10.Rep. Jan Schakowsky
11.Rep. Oberstar
12.Rep. Jose E. Serrano
13.Rep. Jim Langevin
14.Rep. Barney Frank
15.Rep. Wm. Lacy Clay
16.Rep. Rick Larsen
17.Rep. Michael R. McNulty
18.Rep. Donald M. Payne
19.Rep. Lane Evans
20.Rep. Luis Gutierrez
21.Rep. Tammy Baldwin
22.Rep. Raúl M. Grijalva
23.Rep. Cynthia McKinney
24.Rep. Martin Olav Sabo
25.Rep. Peter DeFazio
26.Rep Neil Abercrombie
27.Rep Jim McDermott
28.Rep John Tierney
29.Rep Dennis Kucinich
30.Rep John Conyers
31.Rep Lois Capps
32.Rep George Miller
33.Rep Nita Lowey
34.Rep Zoe Lofgren
35.Rep Charlie Rangel
36.Rep Lloyd Doggett
37.Rep Gregory Meeks
38.Rep Gwen Moore
39.Rep Mike Honda
40.Rep Betty McCollum
41.Rep John Lewis
42.Rep Robert Wexler
43.Rep Marty Meehan
44.Rep Stephen F. Lynch
45.Rep Marcy Kaptur
46.Rep Maurice Hinchey
47.Rep Danny Davis
48.Rep Doris Matsui
49.Rep Bernard Sanders
50.Rep Loretta Sanchez
51.Rep David Price
52.Rep Bobby L. Rush
53.Rep Tom Lantos
54.Rep Michael Michaud
55.Rep Lynn Woolsey
56.Rep Pete Stark
57.Rep Robert Andrews
58.Rep MaxineWaters
59.Rep Linda Sanchez

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