Lunes 23 de octubre de 2017, por Prensa - Colectivo

Los homicidios tuvieron como principales víctimas a líderes sociales, con 17 casos, también se presentaron contra pobladores/as, cuatro casos con 14 víctimas, excombatientes cuatro casos con 10 víctimas. En cuanto a defensoras, defensores y líderes sociales, de los 17 casos que registramos en el actual SOS, cinco ocurrieron en el mes de agosto, 3 en septiembre y 10 de ellos en estos 22 días del mes de octubre.

"La paz tiene que dejar de ser una paloma en la solapa": Gobernador de Nariño, Camilo Romero, ante asesinato de líder social Jair Cortés y la masacre de nueve campesinos en Alto Mira y Frontera, Tumaco.

El 1 de octubre comenzó a regir en el país el cese bilateral parcial del fuego y las hostilidades entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Este hecho, sin precedentes entre ambas partes enfrentadas durante más de 60 años, puso fin a la confrontación, al menos de manera temporal y atendiendo al clamor social que espera que este cese se convierta en indefinido.

Sinembargo, el cese al fuego de las dos guerrillas más grandes del país aún no se ha visto reflejado en la paz territorial, uno de los principios del Acuerdo suscrito con las Farc. Entre tanto, el tránsito hacia la política de esta guerrilla ha estado atravesado por el asesinato de sus integrantes, 8 en los últimos dos meses y 22 días.

En este mismo periodo de nuestro SOS (del 30 de julio al 22 de octubre de 2017) -y con base en información recopilada de organizaciones de derechos humanos a nivel regional y nacional, medios de comunicación y comunidades (1)- registramos 95 violaciones a los derechos humanos entre asesinatos, atentados, amenazas individuales y colectivas, hostigamientos, presencia paramilitar y abusos de la fuerza pública.

Al hacer una revisión por casos de homicidio, encontramos 25 casos, con 39 víctimas, de los cuales Antioquia presenta el mayor número con cinco casos, seguidos de Cauca con cuatro, Nariño con tres, Caldas y Chocó con dos hechos y uno respectivamente en los departamentos de Arauca, Bolívar, Caquetá, Cesar, Guaviare, Meta, Putumayo, Tolima y Valle.

Sin embargo, al hacer una aproximación por número de víctimas, Nariño fue el departamento más golpeado durante el periodo, debido a las masacres de Alto Mira y Frontera, en Tumaco, donde fueron asesinados nueve campesinos y 18 más resultaron heridos, y la de El Charco donde fueron asesinados seis excombatientes de las Farc. Esto además del homicidio del líder del consejo comunitario de la zona, Jair Cortés, sumando así 16 asesinatos en Nariño sólo en el mes de octubre.

Los homicidios tuvieron como principales víctimas a líderes sociales, con 17 casos, también se presentaron contra pobladores/as, cuatro casos con 14 víctimas, excombatientes cuatro casos con 10 víctimas. En cuanto a defensoras, defensores y líderes sociales, de los 17 casos que registramos en el actual SOS, cinco ocurrieron en el mes de agosto, 3 en septiembre y 10 de ellos en estos 22 días del mes de octubre.

Es decir que la cifra de ataques a líderes sociales -que tendió a reducirse en el mes de septiembre- volvió a crecer de manera vertiginosa en los últimos días cuando un líder social fue asesinado cada dos días. Este indicador está por encima del promedio del último año cuando llegó a ser de un líder o lideresa social asesinado cada tres o cuatro días.

Estas cifras, junto con recientes informe de Indepaz, el IEPRI, la CCJ y el Cinep (2), así como el informe semestral del Programa Somos Defensores (3) y Marcha Patriótica (4), señalan que defensoras, defensores y líderes sociales siguen pagando con sus vidas la transición hacia la paz. Los diferentes estudios concluyen una realidad que sigue siendo negada por el Estado: la existencia de una práctica sistemática y generalizada para acabar con la vida de quienes lideran la oposición a las políticas actuales de desarrollo y buscan una paz verdaderamente duradera y sostenible.

En relación con los atentados, durante el periodo del presente SOS se presentaron seis hechos con 24 víctimas, 18 de ellas que resultaron heridas en los hechos de Alto Mira y Frontera, Tumaco. Los seis atentados restantes fueron contra cinco víctimas individuales, todas líderes/as sociales – en Cauca 3 y en Chocó 2- y uno contra el resguardo indígena Guatapurí del pueblo Kankuamo en La Guajira, cuyas viviendas tradicionales, Kankuarwas, fueron quemadas en hechos sin esclarecer y donde por fortuna no resultaron personas lesionadas.

De igual forma recibimos denuncias de 24 casos de amenazas individuales y colectivas, todas dirigidas contra personas defensoras, líderes y lideresas, organizaciones y procesos sociales, principalmente en los departamentos del Cauca, 7 casos, Valle, 4 casos, Meta, 3 y 2 en Nariño, Antioquia y Santander, respectivamente.

También se presentaron amenazas de forma virtual contra cinco integrantes de Marcha Patriótica y en los departamentos de Putumayo, Quindío y Bogotá. Esta última en la sede del partido Unión Patriótica, UP, y posteriormente con hostigamientos y llamadas a Josefa Serna, de la dirección del partido. Estos sucesos trajeron a la mente el terrible genocidio del que fue objeto esta organización política en el pasado, y elevaron la indignación y exigencia de garantías de no repetición.

En relación con los hostigamientos, en el periodo se presentaron nueve hechos dirigidos contra 10 personas, tres comunidades y una organización, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, CCALCP, cuya sede en Cúcuta fue asaltada. Los hechos de hostigamiento incluyeron también prácticas como pasearse con motocicleta de manera amenazante frente a un líder social y su familia en el Cauca, sembrar palma de manera irregular en territorios reconocidos a comunidad de Las Pavas, Cesar, llamadas extorsivas a nombre del ELN a integrantes de dos Consejos Comunitarios en Nariño y el asalto a la residencia de un líder sindical y su compañera en Barranquilla.

No podemos dejar de señalar que tres de estos hostigamientos han sido contra integrantes de organizaciones de víctimas de la masacre de Mapiripán y sobrevivientes víctimas de desplazamiento forzado. Estos líderes de víctimas que trabajan en pro de la restitución de tierras, han sido objeto de seguimientos e intentos de ingresar a su vivienda. Es importante recordar que esta situación se agudizó después de la conmemoración de los 20 años de la masacre en el mes de julio del presente año.

De igual manera persisten las denuncias de presencia paramilitar, siete en el periodo, en las zonas de El Bagre, Ituango y San José de Apartadó en Antioquia, Leiva en Nariño, Sucre en el Cauca y Cacarica en el Chocó. Estos grupos se presentan como Autodefensas Gaitanistas en el caso de Nariño, Cauca y Chocó, pero también como grupos sin identificar, principalmente en Antioquia, en El Bagre e Ituango, como integrantes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) como ocurrió en el municipio de Sucre, Cauca, el 20 de agosto.

Cabe mencionar que los hechos de presencia paramilitar se han reducido a partir del pasado 3 de septiembre cuando se produjo el anuncio del jefe de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, de la voluntad de este grupo de someterse a la justicia, anuncio que genera expectativas pero también escepticismo por repetidos intentos frustrados en el pasado. También llama la atención que la organización criminal negó la autoría de la reciente amenaza contra integrantes de la Unión Patriótica, un hecho que deben esclarecer las autoridades, así como los vínculos de esta organizaciones criminales con sectores de la fuerza pública y autoridades locales.

La responsabilidad de agentes estatales en graves violaciones a los derechos humanos, por otra parte, es indudable en los hechos de abuso de la fuerza pública registrados en el periodo actual, y que se caracterizan principalmente por la negligencia en la atención médica a prisioneros llegando incluso a causarles la muerte como ocurrió en dos casos, de un excombatiente de las Farc y un preso político, o cobros indebidos a familiares de los prisioneros. Pero también se presentan episodios inauditos como el del alcalde de Valdivia, Antioquia quien disparó al aire en estado de embriaguez, impactando la vivienda de un líder del Movimiento Ríos Vivos.

También persisten los operativos de erradicación forzada que en el periodo se presentaron de manera previa a la masacre de Tumaco y también en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, región del Catatumbo, donde las protestas por la erradicación realizada por el Ejército, fueron reprimidas con 500 integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, el pasado 15 de septiembre.

Los abusos del ESMAD también cobraron la vida de un poblador y causaron heridas a cinco más en el municipio de Segovia donde una misión humanitaria de organizaciones sociales de Medellín visitó la zona para constatar violaciones a los derechos humanos durante el reciente paro cívico.

Estas realidades han ido dejando a su paso serios interrogantes sobre la voluntad política del gobierno actual y del Estado en su conjunto. El reciente balance realizado por el Observatorio de Seguimiento a la Implementación, OIAP, arrojó como conclusión que los avances apenas alcanzan el 18% del total de lo pactado (5).

Si bien los avances en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, SIVJRNR, han sido lentos, es mucho más preocupante el panorama en otros puntos del acuerdo como el incumplimiento de las Amnistías e Indultos para excombatientes presos, o el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, cuyas demoras y contradicciones entre las instituciones han empezado a convertirse en tragedias en las regiones con presencia de estos cultivos, como ocurrió con la masacre de Tumaco donde se investiga la participación directa de la policía antinarcóticos. En territorios con presencia de cultivos de coca, campesinos cultivadores viven atrapados entre grupos paramilitares y disidencias de las guerrillas en disputa por el control del negocio, y los cuerpos oficiales de erradicación.

Nos preocupa la situación de riesgo que siguen enfrentando las comunidades que esperan verse beneficiadas con el Acuerdo de Paz, así como la labor de defensa de los derechos humanos, la vida, el territorio y la construcción de la paz territorial. También el estado de impunidad que cobija estos casos, ya que contribuye a la repetición de los hechos.

No obstante, tenemos razones para mantener el optimismo y seguir luchando por la paz. Recientemente el país conoció los nombres de quienes integrarán este órgano de justicia transicional, elegidos por el Comité de Escogencia mediante un mecanismo público y con mayores niveles de transparencia dentro de la rama judicial, que incluyó la publicación de las hojas de vida de aspirantes así como la participación ciudadana mediante observaciones a las candidaturas.

Por otra parte, la Corte Constitucional declaró exequible el blindaje jurídico del Acuerdo de Paz y el reconocimiento de que se trata de una política de Estado y no de gobierno, otorgándole una estabilidad en el tiempo de al menos 12 años para su implementación. Esto en reconocimiento de que el Acuerdo de Paz suscrito con las Farc y el anhelado acuerdo con el ELN son la expresión más concreta del mandato de nuestra carta política que señala en su artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Igualmente, las comisiones primeras de Senado y Cámara, aprobaron recientemente la ley estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la cual será próximamente en Plenaria.

Estos importantes avances han sido posibles a pesar de las campañas de desinformación, amenazas verbales y con hechos que buscan con hacer trizas los acuerdos de paz, ataques a las personas que integrarán la JEP y en cuya trayectoria se incluyen organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero también ha sido importante la puesta en evidencia de los esquemas corruptos en el Congreso, así como los ejercicios de movilización y veeduría a la paz, articulados a través de las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.

Por todo lo anterior, insistimos en nuestro SOS por la paz, por la vida y las garantías de no repetición, el octavo que lanzamos desde marzo de 2016.

Si asumimos como ciertas las palabras del presidente Juan Manuel Santos en la reciente cumbre mundial de jóvenes, One Young World: “Tenemos los mismos retos y las mismas esperanzas. La lucha contra el cambio climático, contra el terrorismo, la promoción de la paz y la búsqueda de una vida digna para todos los seres humanos…” ni una sola persona que defiende la vida, el territorio, la justicia social y ambiental y la paz debe ser asesinada en Colombia. Ni una sola comunidad debe verse enfrentada al accionar violento de la fuerza pública.

Urge una verdadera voluntad política del Estado colombiano y el fortalecimiento de la verificación internacional por transitar hacia la paz duradera y sostenible. Urgen medidas eficaces para prevenir y detener los ataques contra defensoras, defensores, líderes y lideresas, pobladores, sindicalistas, excombatientes, campesinos, afrodescendientes, comunidades indígenas y población carcelaria.

Señor presidente Juan Manuel Santos, el incumplimiento con el Acuerdo de Paz está costando vidas. Como acaba de señalarlo el gobernador de Nariño, Camilo Romero ante la ola de muertes que azota este departamento, la paz tiene que dejar de ser una paloma en la solapa.

Ver y descargar anexo de hechos del periodo

Notas:
1. Fuentes: Escuela Nacional Sindical, ENS, Contagio Radio, Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes" (Reddhfic), Red de Derechos Humanos del Putumayo, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Nariño, Mesa regional de organizaciones sociales del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofanía Jardínes de Sucumbíos -Ipiales- Nar, Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, ETCR Aldemar Galán, Farc, ACIN, ONIC, Equipo Jurídico Pueblos, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana-Coccam, Comisión Intereclesial Justicia y Paz, OACNUDH, , Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira Nulpe y Mataje – Asominuma, Fensuagro-CUT, Proceso de Comunidades Negras en Colombia –PCN, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Asociación de Campesinos del Bajo Cauca -ASOCBAC- Sindicato Nacional de Trabajadores de Vigilancia Escoltas y Similares - Sintraviescol, Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales, y Campesinas del Caquetá, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, El Colombiano, El Tiempo, Las Dos Orillas, Red por la Justicia Ambiental en Colombia, Movimiento Nacional Carcelario, Contagio Radio, Corporación Nuevo Arcoiris, Corporación Claretiana Norman Pérez, Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido, Instituto Popular de Capacitación, La Red de Medios Alternativos - Agencia Colombia de Prensa Popular (REMA-ACPP), Congreso de los Pueblos, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - Nodo Antioquia, Derechos de Los Pueblos, Corporación Justicia y Dignidad, Sintracol, Asociación Sindical de Educadores del Valle del Cauca "ASIEVA", Agencia Prensa Rural, Partido Comunista Colombiano.

2. El informe: Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017, reportó 101 asesinatos de defensores y líderes sociales en 2016 https://www.colectivodeabogados.org/?Panorama-de-violaciones-al-derecho-a-la-vida-libertad-e-integridad-de-lideres

3. Según el Programa Somos Defensores, 80 líderes sociales fueron asesinados en 2016 https://www.colectivodeabogados.org/?Contra-las-cuerdas-Informe-anual-2016-programa-Somos-Defensores; y 51 en el primer semestre de 2017 https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-semestral-aguzate-que-nos-estan-matando

4. Marcha Patriótica reportó en Audiencia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, del 23 de octubre de 2017, 116 asesinatos de sus integrantes en 2016 y 126 en lo corrido del presente año

5. Según datos del Observatorio, existe un avance del 12% en programas de sustitución, 3,3 % en la reforma rural, un 0 % en la comercialización de cultivos, un 33,3 % en la creación de un estatuto de la oposición y un 4 % en el desmonte de las estructuras del paramilitarismo. Sólo 7 de las 26 zonas y campamentos de paz fueron terminadas: https://www.colectivodeabogados.org/?Es-posible-una-paz-estable-y-duradera-sin-cumplir-el-Acuerdo-Final

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