Martes 14 de enero de 2020, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Prensa - Colectivo

Aunque la publicación no especifica los colectivos de abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos que estarían siendo objeto de estas actividades ilegales, consideramos necesario que la Fiscalía General de la Nación tenga en cuenta los siguientes elementos de contexto que señalarían un interés específico de los autores de estos delitos en realizar seguimientos ilegales contra el Cajar, y aclare si se encuentra entre las organizaciones blanco de estas actividades. Ilustración: Revista Semana

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar, expresa su profunda preocupación y rechazo a las recientes revelaciones publicadas en la Revista Semana , según las cuales desde unidades de inteligencia militar se estarían realizando interceptaciones de equipos y comunicaciones de periodistas, magistrados, políticos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos sin orden judicial ni justificación alguna, y que dicha información estaría siendo entregada a un integrante del partido político Centro Democrático.

Como organización de derechos humanos consideramos que el esclarecimiento de estos hechos debe ser ágil y profundo. Saludamos la decisión de la Fiscalía General de la Nación de iniciar una investigación sobre la responsabilidad que podría tener el excomandante del Ejército General (r) Nicacio Martínez Espinel y llamamos a que se establezcan otros máximos responsables de estos graves hechos.

Urge una investigación en contexto que tome en cuenta una serie de hechos que se denunciaron en el último año relacionados con corrupción al interior del Ejército, la implementación de políticas que en el pasado condujeron a la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y la llamada “Operación Silencio” revelada igualmente por la Revista Semana en la que se advierte sobre los interrogatorios ilegales y amenazas a integrantes del Ejército que estarían denunciando la corrupción o acudiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP para contribuir con la verdad de los mal llamados “falsos positivos”.

Por otra parte, es importante que la Fiscalía investigue las relaciones entre las interceptaciones ilegales de la Sala Diamante, el caso Andrómeda, y estas nuevas denuncias. En el caso de la sala Diamante, la persona clave en esta relación es el abogado Hernando Cucunubá, defensor de Luis Carlos Gómez Góngora, encargado de la Sala Diamante de la Fiscalía General de la Nación señalada también de realizar actividades de inteligencia ilegal, y quien en ciertos círculos se ha presentado como el asesor jurídico de Nicacio Martínez. Según las denuncias de Semana, Cucunubá estuvo presente en la Escuela de Comunicaciones de Facatativá al momento de realizarse el allanamiento, obstaculizando el curso de la diligencia.

Aunque la publicación no especifica los colectivos de abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos que estarían siendo objeto de estas actividades ilegales, consideramos necesario que la Fiscalía General de la Nación tenga en cuenta los siguientes elementos de contexto que señalarían un interés específico de los autores de estos delitos en realizar seguimientos ilegales contra el Cajar, y aclare si se encuentra entre las organizaciones blanco de estas actividades.

En primer lugar, la Fiscalía debe tener en cuenta en su investigación que desde 2018 organizaciones de derechos humanos en el marco dela #CampañaPorLaVerdad hemos presentado al menos una docena de informes a la JEP, y los demás organismos del Sistema Integral en los que hemos documentando vínculos de altos mandos oficiales, aún hoy activos, con graves violaciones a los derechos humanos, particularmente dentro del caso 003 –muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate-. En dichos informes aparecen entre otros los nombres de los generales Nicacio de Jesús Martínez, Rafael Hernández Martínez, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y otros que ostentan cargos de asesoría de las fuerzas armadas. Estas denuncias también han sido objeto de censura por parte del Ejército a través del conocido episodio del mural borrado y acciones legales posteriores de los militares.

El ente investigador también debe tomar en consideración que desde el Cajar representamos judicialmente al Senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro, en el caso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada por los delitos de soborno y fraude procesal, al presuntamente haber manipulado testigos en contra del senador Cepeda. Dentro de las víctimas de las interceptaciones ilegales estarían los magistrados Cristina Lombana y Cesar Augusto Reyes, ambos relacionados con el caso que adelanta la Corte Suprema contra el Senador Uribe y el Representante Prada, lo que además deja en claro el interés del partido de gobierno por el curso de esta investigación.

Como antecedente, la Fiscalía debe recordar que las organizaciones de derechos humanos hemos sido blanco de constantes actividades de inteligencia ilegal durante décadas. En los años 90 unidades de inteligencia del Ejército Nacional como el Batallón Charry Solano y la Brigada XX fueron señaladas no solo de estos delitos, sino que se descubrieron vínculos con estructuras paramilitares para atentar contra la vida de integrantes del Cajar y otros defensores de derechos humanos. En los años 2000, con la implementación de la política de seguridad democrática, el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS, que respondía directamente a la Presidencia de la República, adelantó una operación de inteligencia ofensiva denominada “Transmilenio” que quedó al descubierto en las condenas de dos exdirectores del antiguo organismos de inteligencia estatal DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera Cotes, así como del exsecretario privado de la presidencia Bernardo Moreno, y la compulsa de copias contra el senador y expresidente Uribe.

Pese a los avances en la justicia en el caso DAS, que varios de los delitos, incluyendo la tortura psicológica, las amenazas, los hostigamientos y atentados contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos víctimas del DAS siguen en la impunidad. También que después del cierre del extinto organismo, muchos sus agentes pasaron a integrar otros organismos de inteligencia tanto del Ejército como de la Fiscalía y de empresas privadas, o incluso de la Unidad Nacional de Protección -UNP, lo que significó un riesgo latente contra personas defensoras, periodistas y opositores políticos.

Por lo tanto, limitar los hechos revelados a la existencia de unas cuantas manzanas podridas al interior del Ejército es recurrir a una narrativa agotada y superada por decisiones judiciales, informes y análisis históricos sobre el conflicto armado y la violencia sociopolítica, que dejan en evidencia la existencia de doctrinas, patrones y modus operandi al interior de las instituciones militares y de inteligencia estatal que siguen considerando la labor de defensa de los derechos humanos como una amenaza para el Estado y las instituciones, situación que se refleja también en el peligro constante que esto significa para defensoras y defensores.

Responsabilizamos al presidente de la República Iván Duque Márquez como máximo comandante de las Fuerzas Militares y máximo jefe de la inteligencia estatal por la vida e integridad de las personas víctimas de acciones de inteligencia ilegal. Urge que se conozca la identidad de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que estaríamos siendo víctimas de dichas actuaciones. Exigimos que estas actividades cesen en todas las instituciones estatales militares o civiles y que la sociedad conozca la verdad completa sobre este nuevo episodio de encubrimiento, corrupción y persecución política.

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