Martes 23 de febrero de 2016, por ,
Oleada de crímenes selectivos en Córdoba obedecen a infraestructura terrorista y sanguinaria paramilitar que gobierna el departamento y que en el día de ayer arrebató tres vidas jóvenes en el sur de Córdoba. El paramilitarismo es paladín de muertes y horrores en todo el departamento.
Campesinos | Paramilitarismo | Córdoba |
Hechos:
1. El domingo 21 de febrero del presente año, cerca a la vereda “la iraca” (Puerto Libertador) fue hallado por campesinos el cadáver del joven Felipe Martínez de 21 años más conocido como “pipe” entre los “bijagueros”; su deceso respondió a múltiples impactos de bala, al parecer fue llevado a la zona rural desde el área urbana por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y junto al cuerpo fue encontrado un papel que decía: "Por robar moto".
2. El mismo domingo 21 de febrero, en el corregimiento “el caramelo” (Tierralta) (Antigua zona distención para la negociación con las AUC) labriegos encontraron los cuerpos de los jóvenes Jerónimo Alberto Pérez Montalvo y Luis Miguel Torres Trejo de 20 y 22 años con signos de tortura, varios impactos de bala y sus manos atadas con alambre de púas.
Contexto:
La ASCSUCOR como organización campesina y defensora de derechos humanos ha corrido denuncias constantes sobre las acciones criminales que concurren en el territorio “surcordobés”; como fue el reciente comunicado público Alerta: Se extiende la mancha de sangre y horror en el departamento de córdoba donde dejamos en evidencia los hechos dolosos y violatorios de los derechos humanos y dignidad del soberano pueblo; la proliferación de “PANFLETOS” jurando “limpieza social y nueve (9) asesinatos en lo corrido de la semana anterior.
Los asesinatos premeditados y selectivos que se vienen presentando en el sur córdoba elevan nuestro grito de alerta en la medida de nuestras acciones en defensa de derechos humanos; toda vez que como organización y en virtud de nuestras actividades defensoriales hemos sido víctimas de amenazas e intentos de homicidio al encarar este tipo de actos requiriendo al estado las garantías.
El sur de Córdoba, territorio que ha vivido décadas y décadas de guerra fratricida, en donde las guerrillas del EPL, FARC-EP, ELN, y en especial los paramilitares de las AUC han dejado huellas de dolor en los campesinos y campesinas.
El sur de Córdoba ha vivido dos “priorizaciones” en el marco de las negociaciones de paz y desmovilizaciones, el primero de ellos entre el estado y la guerrilla del EPL que tuvo lugar en el corregimiento de juan josé (Puerto Libertador) entre 1990-1991. El segundo entre el estado y las AUC en el corregimiento “Ralito” (Tierralta) entre 2005-2006.
En la actualidad se ha conocido por medios de comunicación que Puerto Libertador y Tierralta han sido nuevamente “priorizados” para ser “municipios piloto” o “Territorios de Concentración”; situación que requiere análisis profundo debido a los hechos antes narrados.
Peticiones:
Tras la creciente oleada de asesinatos selectivos, panfletos amenazantes, incremento de extorciones, tráfico y micro-tráfico de estupefacientes y crimen organizado; actos propios del PARAMILITARISMO.
Exigimos:
I. Al ministro de Defensa Nacional, Doctor LUIS CARLOS VILLEGAS, ordenar y requerir las medidas necesarias y pertinentes que deban asumirse para contrarrestar la situación de riesgo y terror que se presenta en los municipios de Puerto Libertador y Tierralta, sus corregimientos y veredas aledañas, contextualizadas en la narración de los hechos.
II. Al ministro del Interior y de Justicia, Doctor, JUAN FERNANDO CRISTO, solicitar y exhortar a los organismos de gobierno nacional, departamental y de los municipios de Puerto Libertador y Tierralta a fin de asegurar las libertades, soberanía del país, derechos constitucionales y sobre todo garantizar la vida, honra, paz, seguridad, integralidad física y respeto integral de los derechos de los ciudadanos; así como poner en marcha medidas que contrarresten la “limpieza social” proclamada por aparatos PARAMILITARES.
III. Al director nacional de la Unidad Nacional de Protección, Doctor, DIEGO MORA ARANGO, conjurar inmediatamente los riesgos mediante la prestación del servicio de protección plena a los defensores de derechos humanos y dirigentes campesinos que agrupan la colectividad de la ASCSUCOR; toda vez que los esquemas asignados no solo son insuficientes, para algunos casos nunca han sido habilitados pese a la existencia de resoluciones aprobatorias por el CERREM.
Solicitamos:
I. Al Defensor del Pueblo Nacional, Doctor, JORGE ARMANDO OTALORA GOMEZ, al Coordinador Residente y Humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, Señor, FABRIZIO HOCHSCHILD, al Procurador disciplinario delegado para los Derechos Humanos, Doctor, RAFAEL JOSE DURAN MANTILLA, al Fiscal General de la Nación, Doctor, EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, al Consejero Presidencial de DD.HH y DIH, Doctor, GUILLERMO RIVERA FLOREZ: Instar de manera urgente a quienes competa implementar las medidas necesarias a fin de preservar las libertades y el orden, la justicia y soberanía Colombiana que se han desvirtuado en los municipios de Puerto Libertador y Tierralta (Córdoba) en el marco de las declaraciones de los derechos humanos, los derechos de los pueblos, afianzado en la constitución política colombiana y demás actos de ley, protocolos y tratados internacionales.
II. A la comunidad Nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, el acompañamiento y apoyo ante esta vulneración de los derechos humanos fundamentales que concurrieron en la relatoría de estos hechos y a difundir públicamente esta denuncia y remitir respuestas del citado oficio numero 050 al correo:
dhcordobaongs@gmail.com
Responsabilizamos:
Al Estado Colombiano, en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS.
Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.
Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.
Ver denuncia original:
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Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA
Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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