Lunes 6 de agosto de 2012, por Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes

En los últimos meses en desarrollo del conflicto social y armado al que ha sido sometido el país y que en el departamento de Arauca se vive con intensidad, se han aumentado las acciones en la cuales se ha visto afectada la población civil y sus bienes.

El 29 de julio, fue asesinado el señor Miguel Antonio Gallo Brando, de 49 años de edad, y quien según informaciones periodísticas había sido procesado por vínculos con el Bloque Vencedores del Arauca de las AUC. El hecho ocurrió en horas del mediodía en el parque principal del municipio de Tame, por hombres que se movilizaban en una motocicleta.

El 26 de julio, el señor Edgar Tovar Suárez, de 40 años de edad quien se desempeñaba como técnico de la Planta trituradora del Pie de Monte, afiliada a la empresa COVOLSA, fue ultimado en la vía que de Saravena conduce a la Vereda El Pescado.

El 25 de julio, el joven José Eugenio Bernal Alfonso de 23 años de edad, fue asesinado en la vía que de Tame conduce a la vereda Rincón Hondo. Ese mismo día tuvimos conocimiento del asesinato de dos hombres miembros de una misma familia en la vereda el Botalón, municipio de Tame.

El 20 de julio, en la vereda Santa Elena, sector rio Guarabao municipio de Tame, fue asesinado el Ingeniero José Ricardo Mora Díaz, de 37 años quien trabajaba para la empresa SICIN contratista para la construcción del Oleoducto Bicentenario.

Como si fuera poco se presenta un nuevo caso de violencia sexual contra las mujeres del departamento, esta vez la víctima fue una niña de 15 años de edad quien fue ultrajada por desconocidos que según sus familiares la adormecieron y la subieron a un carro para luego dejarla cerca del cementerio central del municipio de Saravena.

Sumado a estos se han presentado otros hechos donde se han visto afectados miembros de la población civil como la incineración de varios vehículos, la retención de dos mujeres que trabajan para las empresas petroleras en el municipio de Saravena, heridas causadas a un concejal como consecuencia de un hostigamiento a la policía en el municipio de Arauquita, interrupciones a la libre locomoción y afectaciones a la población civil por las voladuras al oleoducto.

Frente a toda esta crisis social y humanitaria la única salida que ha visto y puesto en marcha el Estado colombiano ha sido atiborrar de fuerza pública el territorio araucano y redoblar los esfuerzos para involucrar cada vez más a los pobladores en la guerra pagando recompensas por información sobre las organizaciones rebeldes aprovechándose de las necesidades de las personas.

Reiteramos nuestra exigencia al Estado para que proteja la vida, integridad de las personas cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos, que entiendan que la militarización no es la salida al conflicto sino que es superando las desigualdad y la inequidad en la sociedad como causa estructural del mismo.

Exigimos a los entes de justicia del Estado investigar los hechos aquí denunciados.

Hacemos un llamado a la organización rebelde Ejército de Liberación Nacional a respetar la vida e integridad de las dos mujeres retenidas y dejarlas en libertad.

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